El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, sostuvo que su país apoya la reivindicación argentina sobre las Malvinas, aunque planteó que debe respetarse la voluntad de los habitantes del archipiélago y respaldó las actividades comerciales entre Chile y las islas. Sus declaraciones se conocen antes del inicio del debate en Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La cuestión de las Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la agenda política y diplomática regional, en medio de las posiciones expresadas durante las últimas semanas por la Argentina, el Reino Unido y otros países de la región. En ese contexto, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, sostuvo que su país respalda el reclamo argentino de soberanía, aunque también planteó la necesidad de contemplar la voluntad de los habitantes de las islas y mantener una vía pacífica para abordar la disputa.
Las declaraciones del funcionario chileno se producen además a pocos días de que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa enviada por el Gobierno que propone reforzar las sanciones vinculadas con actividades económicas y explotación de recursos en las islas, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional. El plenario de comisiones está previsto para este miércoles 30 de septiembre.
En una entrevista con Radio Polar de Magallanes, Barros Tocornal afirmó que Chile mantiene su respaldo al reclamo argentino. Sin embargo, inmediatamente planteó la situación actual en el archipiélago y la posición de su país respecto de los habitantes de las islas.
“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”, señaló el ministro. Luego agregó que el Reino Unido es un “país amigo” y que lleva alrededor de 200 años ejerciendo el control sobre las islas.
A partir de esa consideración, Barros Tocornal sostuvo que para Chile una cosa es respaldar la reivindicación argentina y otra es desconocer la situación existente. Según explicó, la posición chilena debe encuadrarse en el derecho internacional, respetando “la voluntad e interés de las personas involucradas” y procurando que cualquier eventual resolución se produzca por la vía pacífica.
“No repitamos situaciones de conflicto”, expresó el funcionario.
El comercio entre Chile y las islas
La otra cuestión planteada por el ministro estuvo vinculada con el intercambio comercial entre Chile y las Malvinas, un asunto que adquirió especial relevancia a partir de la posibilidad de establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
Barros Tocornal sostuvo que, mientras las actividades comerciales se desarrollen dentro del marco de las normas correspondientes, no deberían existir impedimentos. “Hay temas que no discutimos. Uno, es el apego a la ley y, por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones locales como el derecho internacional, no puede tener ninguna limitación”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales permitidas por las leyes y manifestó que no observa inconvenientes en que ese intercambio continúe.
El funcionario sí diferenció esa cuestión de las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales. En particular, señaló que las exploraciones petroleras y mineras constituyen un punto que puede generar mayores diferencias y que debería ser analizado en función de los compromisos asumidos por Chile.
Barros Tocornal planteó que será necesario evaluar cómo esas actividades se relacionan con las posiciones adoptadas por Chile en organismos regionales como el Mercosur y la Unasur, aunque sostuvo que esos compromisos tienen carácter político y no serían jurídicamente obligatorios, según su interpretación.
La conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino
El debate adquirió una dimensión concreta a partir de un acuerdo comercial anunciado a comienzos de septiembre.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island, con el objetivo de establecer una nueva conexión marítima comercial entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.
La posibilidad de establecer esa ruta generó preocupación y cuestionamientos tanto en la Argentina como en Chile.
Radonich recordó que Chile había suscripto en 2011 una declaración del Mercosur que estableció restricciones para el ingreso a los puertos de los países firmantes de embarcaciones con bandera de las islas. Según señaló el alcalde, a partir de aquella medida la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones.
La explicación planteada ahora por Radonich es que el nuevo acuerdo tendría carácter privado y que el barco que realizaría la conexión utilizaría una bandera diferente a la de las islas. Sus declaraciones habían sido consignadas semanas atrás por El Mercurio.
Qué establece la normativa argentina
La posibilidad de una nueva ruta comercial también debe ser analizada en relación con las normas argentinas que regulan la navegación vinculada con las islas.
En particular, el Decreto 256, firmado el 16 de febrero de 2010, establece que los buques que pretendan transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deben solicitar una autorización previa. La normativa también contempla los casos de embarcaciones que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con destino a esos territorios o que transporten mercaderías vinculadas con esos puertos.
La reglamentación posterior establece que esas autorizaciones deben tramitarse ante la Prefectura Naval Argentina, bajo el procedimiento correspondiente.
Al mismo tiempo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) contempla las libertades de navegación de los Estados en la Zona Económica Exclusiva, sujetas a las disposiciones de la propia convención y a los derechos y obligaciones del Estado ribereño. El artículo 58 establece específicamente las libertades de navegación y sobrevuelo de otros Estados en la ZEE.
En ese marco, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva había advertido que la eventual puesta en funcionamiento de una nueva conexión marítima hacia las Malvinas podría generar dificultades en la relación con la Argentina.
El debate que comienza en Diputados
Mientras continúa la discusión diplomática y comercial, en el ámbito legislativo argentino está previsto que Diputados comience este miércoles 30 de septiembre el análisis del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y contempla un régimen de sanciones para actividades vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y otros espacios bajo reclamo argentino.
El proyecto también propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, ministros y el titular de la SIDE, entre otros funcionarios. De acuerdo con la iniciativa, ese organismo tendrá participación en la definición de la política de seguridad y podrá disponer medidas urgentes frente a amenazas consideradas graves e inminentes.
La propuesta combina las disposiciones relacionadas específicamente con la cuestión Malvinas con modificaciones más amplias en materia de defensa, seguridad e inteligencia.
El proyecto ya generó observaciones por parte de sectores de la oposición, que cuestionan distintos aspectos de la iniciativa y anticipan una discusión parlamentaria sobre el alcance de las nuevas atribuciones y sanciones.
De esta manera, la posición expresada por el ministro de Defensa chileno se suma a un escenario en el que confluyen el reclamo argentino de soberanía, la postura británica, los vínculos comerciales de Chile con las islas y el debate que comenzará en el Congreso argentino sobre las nuevas herramientas legales relacionadas con la cuestión Malvinas.
