21 noviembre, 2026
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La Casa Rosada busca tratar el proyecto en Diputados el 18 de noviembre y analiza una votación por capítulos para reunir apoyos. La iniciativa apunta a ampliar las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, mientras el Ejecutivo prepara alternativas jurídicas ante una eventual resolución adversa del Tribunal del Mar.

El Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las actividades petroleras en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.

En la Casa Rosada consideran que establecer un régimen más amplio de sanciones contra las compañías relacionadas con el proyecto Sea Lion permitiría incrementar la presión sobre el Reino Unido y los operadores comerciales que participan de la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados.

La Secretaría Parlamentaria convocó a una sesión especial de la Cámara de Diputados para el 18 de noviembre, con el proyecto incluido en el temario. Frente a las diferencias que todavía existen con los bloques aliados y la oposición, La Libertad Avanza analiza impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones vinculadas con Malvinas de los artículos que generan mayores resistencias.

En el Ejecutivo sostienen que necesitan contar con herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia combina el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las empresas que intervengan en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

El oficialismo entiende que una aprobación en Diputados permitiría enviar una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales. Sin embargo, el avance en esa Cámara no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: todavía sería necesaria la aprobación del Senado.

La urgencia también está relacionada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. En septiembre, el Gobierno inició expedientes contra 45 sujetos y luego amplió el alcance a otros 15. Las actuaciones, que dependen del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no cuentan con una resolución definitiva.

En Balcarce 50 buscan acelerar esos trámites y disponer de un marco normativo que amplíe las posibilidades de intervención sobre empresas, accionistas y proveedores relacionados con la explotación de hidrocarburos.

La legislación vigente ya contempla prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También fija restricciones para contratar con el Estado y acceder a beneficios impositivos.

El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei propone reemplazar ese esquema por uno más amplio, que abarque diferentes actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos destinados a incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.

Qué cambios propone el proyecto para sancionar a las petroleras

Uno de los principales aspectos de la iniciativa es la ampliación de las penalidades a las empresas y proveedores que participen en la explotación de recursos dentro de los espacios marítimos en disputa.

El texto contempla multas calculadas en función del valor de los barriles de petróleo, restricciones para realizar contrataciones con organismos públicos y un mecanismo de desistimiento y regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas.

La Casa Rosada considera que estas herramientas permitirían elevar los costos económicos de participar en emprendimientos como Sea Lion. No obstante, la aplicación de las nuevas sanciones dependerá del contenido definitivo de la norma, de su entrada en vigencia y de los procedimientos administrativos correspondientes.

El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió resolver las diferencias en torno al Título VII, que introduce modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera.

Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o discutirlo por separado del resto de la iniciativa. Desde el Gobierno se resisten a retirarlo por completo y ofrecieron cambios en la redacción para intentar acercar posiciones.

La diferencia amenaza con complicar una votación que el Ejecutivo pretende concretar antes del pronunciamiento internacional.

La estrategia de votar por capítulos para conseguir los apoyos

Ante la falta de un acuerdo integral, La Libertad Avanza analiza que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara habilita ese mecanismo si existe un acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria o una decisión del pleno.

La intención del oficialismo es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales terminen bloqueando las disposiciones destinadas a sancionar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

De esa manera, el Gobierno espera conseguir el respaldo de sectores que rechazan buena parte del texto, pero que podrían acompañar al menos el régimen de sanciones relacionado con Malvinas.

La estrategia incluye la posibilidad de sumar votos del peronismo para ese capítulo. Sin embargo, todavía no existe un entendimiento parlamentario con Unión por la Patria. Desde ese bloque aseguran que no mantuvieron conversaciones con el oficialismo sobre una eventual votación por partes.

La bancada peronista tiene una propuesta propia centrada en la cuestión Malvinas y comparte el objetivo de sancionar las actividades hidrocarburíferas cuestionadas. Sin embargo, rechaza otras modificaciones que el Ejecutivo incorporó en su proyecto.

Las objeciones también se concentran en el apartado que incorpora figuras penales relacionadas con campañas de injerencia extranjera y cambios en el régimen de partidos políticos.

Los bloques aliados advierten que algunas de esas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas que se busca penalizar. El Gobierno incorporó excepciones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, aunque esos cambios no terminaron de conformar a los legisladores.

Además, las modificaciones electorales necesitan 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que La Libertad Avanza no tiene asegurada.

El fallo del Tribunal del Mar y el reclamo argentino contra Sea Lion

La discusión legislativa se desarrolla a menos de dos semanas del pronunciamiento previsto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que recibió el pedido argentino para frenar las actividades del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias se realizaron el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo. Durante esas instancias, la Argentina solicitó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones productivas, limitar el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que profundicen la controversia.

La fecha prevista para la lectura de la resolución es el sábado 28 de noviembre.

El desarrollo Sea Lion está a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

La representación argentina sostuvo que la extracción de hidrocarburos podría ocasionar daños irreparables sobre recursos no renovables y modificar la situación existente antes de que el arbitraje internacional pueda intervenir.

El Reino Unido rechazó los argumentos argentinos y solicitó que se desestimen todas las medidas provisionales. Entre sus objeciones, cuestionó la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique la intervención del organismo de Hamburgo.

Las alternativas jurídicas que prepara el Gobierno ante una resolución adversa

En la Casa Rosada reconocen que el reclamo argentino continuará ante el tribunal arbitral incluso si Hamburgo rechaza las medidas provisionales solicitadas.

La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece la conformación de un tribunal integrado por cinco árbitros.

Ese órgano cumple una función diferente de la del tribunal permanente de Hamburgo. Tendrá que examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones presentadas en el marco del arbitraje. También podrá recibir pedidos de medidas provisionales una vez constituido, de acuerdo con las condiciones jurídicas aplicables.

El Ejecutivo contempla tres resultados posibles para el 28 de noviembre: una decisión favorable a la Argentina, la concesión de medidas parciales o el rechazo de la solicitud.

Dentro del Gobierno consideran que una eventual falta de jurisdicción preliminar es una de las alternativas que podrían presentarse, aunque evitan anticipar cuál será la posición de los magistrados.

La resolución tampoco definirá la soberanía sobre las islas, ya que esa cuestión no forma parte de las pretensiones sometidas a esta instancia. Del mismo modo, un rechazo de las medidas urgentes no significaría necesariamente que el procedimiento arbitral haya concluido. Sin embargo, los fundamentos de la decisión serán relevantes para determinar los pasos posteriores.

La ofensiva política y diplomática de la Casa Rosada por Malvinas

La estrategia del Gobierno tiene una dimensión legislativa, jurídica y diplomática. El objetivo es utilizar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para aumentar los costos económicos y legales de las operaciones petroleras cuestionadas, mientras continúan las actuaciones de Cancillería y el reclamo ante los organismos internacionales.

El proyecto fue impulsado desde el entorno de Santiago Caputo y atravesó distintas negociaciones dentro del oficialismo. Entre los puntos discutidos estuvieron la integración del órgano de coordinación estratégica, los mecanismos de control parlamentario y el alcance de las nuevas figuras penales.

La discusión continuará durante la próxima semana. La mesa política fue convocada para el martes 17 de noviembre, mientras que el objetivo del Ejecutivo es llevar la iniciativa al recinto de Diputados al día siguiente.

La Casa Rosada pretende conseguir una señal legislativa antes del pronunciamiento de Hamburgo y mantener la presión sobre las compañías involucradas, independientemente del resultado de la resolución internacional.

En el Gobierno insisten en que la estrategia contempla distintas vías de acción y que buscarán agotar las instancias disponibles, tanto en el arbitraje como en los procedimientos administrativos y diplomáticos.

El desafío inmediato será reunir los votos necesarios para separar las sanciones vinculadas con Malvinas de los artículos más cuestionados y avanzar con el tratamiento parlamentario. La decisión del 28 de noviembre marcará una nueva etapa del reclamo jurídico argentino, pero en el Ejecutivo aseguran que la ofensiva continuará incluso si el tribunal adopta una resolución desfavorable.

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