21 noviembre, 2026
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La Casa Rosada sostiene que el vínculo con la administración de José Antonio Kast continúa en buenos términos, pese a los cruces entre los cancilleres por el carguero Danstar. El Ejecutivo considera que Londres podría estar interesado en generar un enfrentamiento bilateral y afirma que la embarcación no abastecerá al proyecto petrolero Sea Lion.

El Gobierno busca reducir las tensiones con Chile y descarta que exista una controversia diplomática por el buque que volverá a conectar comercialmente Punta Arenas con las Islas Malvinas. En la Casa Rosada aseguran que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene en buenos términos, a pesar de las diferencias públicas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones de navegación del carguero Danstar. La estrategia del Ejecutivo es preservar el vínculo bilateral mientras continúa el seguimiento de los preparativos de la embarcación, cuyo primer viaje está programado para diciembre.

En Balcarce 50 circula una interpretación política que apunta principalmente al Reino Unido. En distintos sectores del Gobierno sospechan que Londres podría intentar generar un enfrentamiento entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Consideran que una disputa entre ambos países permitiría desplazar el eje de la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y convertirla en un conflicto entre dos Estados que mantienen una relación estratégica.

Desde el Ejecutivo afirman que el diálogo entre las dos Cancillerías continúa siendo fluido y permanente, aunque evitan brindar precisiones sobre posibles conversaciones específicas relacionadas con el recorrido del Danstar. Tampoco descartan que Quirno y Pérez Mackenna hayan mantenido intercambios recientes por esta cuestión. La postura oficial es que ambos países cuentan con herramientas normativas para abordar situaciones de este tipo y que las diferencias expresadas públicamente no representan, por ahora, un enfrentamiento diplomático.

Uno de los principales argumentos que maneja la Casa Rosada está relacionado con la carga que transportará el buque. En el Gobierno nacional sostienen que la información disponible indica que el Danstar no llevará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Esa evaluación coincide con la posición de la compañía chilena Easter Island, que negó tener participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. De todos modos, hasta el momento no se difundió una comprobación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.

El carguero arribó este lunes a Punta Arenas, luego de partir desde Valparaíso el 29 de octubre y completar su navegación por los canales australes. Antes de comenzar las operaciones comerciales, ingresó a las instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos.

De acuerdo con el cronograma difundido, el primer viaje hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre. La operación permitirá recuperar una ruta marítima directa que dejó de funcionar en 2011 y que estará destinada al traslado de alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo hacia las islas.

El seguimiento de la embarcación había despertado inquietud en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de que se confirmara su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el monitoreo marítimo advirtieron que el carguero había desaparecido temporalmente de los sistemas públicos de localización. En ese contexto surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que adelantara su partida y comunicara el viaje con escaso margen de anticipación. La confirmación posterior de su arribo y del calendario previsto para diciembre modificó ese escenario.

Las diferencias entre ambos gobiernos comenzaron a adquirir mayor exposición pública a partir de las declaraciones de Quirno sobre las condiciones de navegación hacia las Malvinas. El canciller argentino planteó que las embarcaciones deben cumplir los requisitos establecidos por la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas.

La respuesta de Pérez Mackenna fue que Chile reconoce el derecho de libre navegación establecido por las normas internacionales y que su país no debe solicitar una autorización para una operación comercial privada. De esta manera, el desacuerdo se concentra en las obligaciones que debería cumplir el carguero, sin que ninguno de los dos Estados haya anunciado medidas diplomáticas contra el otro.

La Argentina dispone de una normativa específica para este tipo de desplazamientos. El decreto 256/2010 establece que los buques que se dirigen hacia las Malvinas atravesando aguas jurisdiccionales argentinas deben gestionar una autorización previa.

A su vez, la decisión administrativa 930/2017 asigna a la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur la facultad de aprobar o rechazar esas solicitudes, mientras que la Prefectura Naval Argentina participa en su tramitación y en el control operacional.

Pese a ese marco regulatorio, el Gobierno evita confirmar si la empresa operadora del Danstar presentó la solicitud correspondiente o si hubo comunicaciones formales sobre el procedimiento que debería seguir la embarcación.

En los ámbitos que participan del seguimiento marítimo señalan que el Danstar todavía no cuenta con antecedentes de navegación bajo jurisdicción argentina y que, hasta ahora, su actividad conocida estuvo concentrada en la conexión con la isla de Pascua. Por ese motivo, consideran que la falta de registros en el Sistema Guardacostas no debe interpretarse como una irregularidad. El buque aún no realizó el trayecto hacia las Malvinas, que constituirá su primera operación comercial en esa ruta.

La posibilidad de una infracción apunta principalmente a la compañía responsable de operar el carguero. En sectores militares advierten que la falta de autorización podría habilitar sanciones contra la armadora y, eventualmente, contra el capitán, siempre que se comprueben las condiciones previstas por la legislación. La interpretación es que se trata de una operación comercial privada y que un eventual incumplimiento de las normas argentinas no debería convertirse automáticamente en una controversia diplomática con Chile.

Sin embargo, en ámbitos militares también consideran que el Ejecutivo debería analizar la posibilidad de aplicar el régimen de paso no inocente contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según esa postura, la herramienta permitiría adoptar una posición más firme ante una eventual navegación sin autorización. No obstante, reconocen que no observan una voluntad política de avanzar en esa dirección.

La aplicación de ese régimen requeriría demostrar circunstancias concretas que justifiquen una restricción al paso. Por lo tanto, no se desprende de manera automática del destino que tenga la embarcación.

La principal preocupación argentina está puesta en que una conexión comercial pueda terminar facilitando actividades hidrocarburíferas que no cuentan con autorización nacional. En septiembre, el Ejecutivo publicó el decreto 868/2026, mediante el cual reforzó los mecanismos de control y sanción relacionados con la explotación de recursos en los espacios marítimos reclamados por el país.

La normativa también incorporó requisitos para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cuando existen vínculos con actividades alcanzadas por las restricciones argentinas. En ese marco, el Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de cualquier participación directa o indirecta en proyectos petroleros desarrollados sin autorización nacional.

El conflicto relacionado con Sea Lion también tiene una instancia judicial en curso. El 13 de octubre, la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido. El propósito es impedir el inicio o la continuidad de determinadas actividades de explotación de hidrocarburos mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo.

Luego de las audiencias realizadas el 10 y el 11 de noviembre, los jueces establecieron tentativamente el 28 de noviembre como fecha para comunicar su resolución.

La cautela del Gobierno también está relacionada con los compromisos políticos que asumieron Javier Milei y José Antonio Kast. En un comunicado conjunto difundido el 3 de septiembre, la administración chilena reiteró su respaldo a los derechos argentinos de soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos que las rodean.

Además, Santiago ratificó la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa. En la Casa Rosada buscan conservar ese respaldo diplomático y evitar que la operación de una empresa privada termine afectando el entendimiento entre los dos gobiernos.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene una estrategia de prudencia y descarta que exista un conflicto diplomático con Chile. La administración nacional continuará siguiendo el recorrido del Danstar, la información sobre su cargamento y la resolución que pueda adoptar el Tribunal del Mar antes de fin de mes.

En el oficialismo entienden que una confrontación anticipada con Santiago desviaría la atención del eje central de la disputa: los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas y las actividades que desarrolla el Reino Unido en el Atlántico Sur.

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