21 noviembre, 2026
4c398ed0-e416-11f1-b37c-b3a71d7200af.jpg

El máximo tribunal de Naciones Unidas responsabilizó al Estado asiático por el genocidio contra la comunidad musulmana rohinyá en el estado de Rakáin. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y también determinó que las autoridades incumplieron su obligación de prevenir los crímenes. El fallo representa un reconocimiento internacional para las víctimas, aunque no implica condenas penales individuales.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría étnica rohinyá en el norte del estado de Rakáin. La resolución histórica fue aprobada por nueve votos a favor y seis en contra y constituye un pronunciamiento inédito de este tribunal, que hasta ahora no había declarado responsable de genocidio a ningún Estado.

Con la misma diferencia de votos, nueve contra seis, los magistrados también consideraron que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares que actuaron en colaboración con integrantes de las fuerzas de seguridad del país.

En cambio, por 14 votos contra uno, la Corte concluyó que las autoridades no incitaron públicamente al genocidio, uno de los cargos que también formaban parte del proceso.

Desde La Haya, donde tiene su sede la CIJ, la corresponsal de BBC News Anna Holligan explicó que la sentencia representa un reconocimiento internacional formal para los sobrevivientes rohinyás y para los cientos de miles de integrantes de esa comunidad que permanecen en campos de refugiados en Bangladesh.

Según señaló la periodista, la decisión confirma judicialmente que los hechos sufridos por la población rohinyá constituyeron un genocidio. Sin embargo, advirtió que el alcance del fallo es principalmente simbólico para muchas de las víctimas, ya que no garantiza por sí mismo que puedan regresar de manera segura a sus hogares.

La razón es que el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia no constituye un juicio penal. El tribunal no tiene facultades para enviar a prisión a generales o responsables militares de manera individual y tampoco dispone de un mecanismo propio para ejecutar sus decisiones.

La CIJ determina la responsabilidad internacional de los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para investigar y procesar a personas por crímenes internacionales. Por ese motivo, la sentencia no implica el encarcelamiento directo de los mandos militares de Myanmar.

No obstante, Holligan destacó que la declaración de genocidio podría fortalecer jurídicamente y diplomáticamente otros procedimientos penales. También podría aportar fundamentos a los pedidos dirigidos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que intervenga y garantice el cumplimiento de la resolución.

Entre las primeras reacciones, Human Rights Watch consideró que el pronunciamiento representa un “reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyás han padecido a manos del Ejército de Myanmar”.

Por su parte, María Elena Vignoli, asesora jurídica en materia de Justicia Internacional, sostuvo que la sentencia también establece un antecedente relevante para las víctimas de genocidio y de otros crímenes graves en distintas partes del mundo que buscan obtener justicia.

Qué consecuencias puede tener el fallo para Aung San Suu Kyi

La resolución de la CIJ responsabilizó al Estado de Myanmar por el genocidio. Durante el período en el que se produjeron la mayoría de los hechos examinados, Aung San Suu Kyi ocupaba la jefatura de Estado.

La dirigente política, reconocida por su trayectoria como activista prodemocracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, también decidió encabezar la defensa jurídica inicial de Myanmar ante el tribunal internacional de La Haya.

El corresponsal de BBC en el sudeste asiático, Jonathan Head, explicó que Suu Kyi tenía un margen de control muy limitado sobre las Fuerzas Armadas que llevaron adelante los ataques contra las comunidades rohinyás en 2017. Sin embargo, tampoco cuestionó públicamente las acciones militares.

Por el contrario, la dirigente puso en duda la cobertura periodística de la violencia y calificó las denuncias como “un iceberg de desinformación”.

Head señaló que Suu Kyi intentaba administrar una relación especialmente compleja con las Fuerzas Armadas de Myanmar. El comandante de esa estructura, Min Aung Hlaing, fue quien ordenó los ataques contra los rohinyás y posteriormente encabezó el golpe que derrocó a su gobierno y terminó con su encarcelamiento.

De acuerdo con el corresponsal, esa situación habría limitado la posibilidad de que la dirigente condenara públicamente las acciones de los militares.

“ No obstante, lo ocurrido con los rohinyas —sumado al reciente fallo de la CIJ— dejará una mancha indeleble en su reputación”, concluyó Head.

Quiénes son los rohinyás y por qué fueron perseguidos

Los rohinyás constituyen una minoría étnica musulmana que vive principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar, un país cuya población es mayoritariamente budista.

Durante décadas, esta comunidad fue víctima de discriminación y episodios de violencia. La legislación birmana les niega el reconocimiento de la ciudadanía, una situación que convirtió a los rohinyás en uno de los grupos apátridas más numerosos del mundo.

Las distintas oleadas de persecución obligaron a casi dos millones de personas de esta comunidad a abandonar Myanmar a lo largo de las últimas décadas.

Uno de los episodios más graves comenzó en 2017, cuando las fuerzas militares del país, respaldadas por grupos de budistas locales, llevaron adelante lo que denominaron “operaciones de limpieza”. Durante esos ataques se incendiaron poblados enteros y se produjeron asesinatos masivos de civiles.

Según datos de la organización médica Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohinyás fueron asesinados durante el mes posterior al inicio de la violencia. Entre las víctimas había, como mínimo, 730 niños menores de cinco años. Además, más de 700.000 integrantes de la comunidad huyeron hacia Bangladesh.

Amnistía Internacional también denunció que integrantes del Ejército de Myanmar violaron y abusaron de mujeres y niñas rohinyás durante la persecución.

En la actualidad, más de un millón de personas desplazadas de esta minoría viven en campos de refugiados en Bangladesh. Naciones Unidas describió a los rohinyás como “la minoría más perseguida del mundo”.

El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia representa un reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Myanmar por el genocidio. Sin embargo, el desafío para las víctimas continúa: conseguir garantías de justicia, protección y condiciones que permitan un eventual regreso seguro a sus hogares.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *