Mientras la ley cumple cinco años, en la provincia de Jaldo el derecho se volvió un privilegio: si no tenés 200 lucas para la farmacia, el Estado te condena a la maternidad forzada o al riesgo sanitario.
El ajuste no es solo una planilla de Excel, es el cuerpo de las mujeres tucumanas. Desde que Nación cortó el chorro de insumos y la provincia decidió no poner un peso en medicación, el aborto legal en Tucumán pasó a ser un papel mojado. Hoy, los hospitales te dan la receta pero te mandan a comprar pastillas de 200 mil pesos, una cifra que para cualquier piba de barrio significa una sola cosa: volver a las sombras o resignar su libertad.
El gobernador Osvaldo Jaldo se llena la boca hablando de superávit y prioridad en Salud, pero las perchas y los métodos caseros están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento es total: desmantelaron el Plan ENIA, que evitaba los embarazos adolescentes, y dejaron a las escuelas sin Educación Sexual Integral. El resultado es obvio: niñas obligadas a gestar y mujeres peregrinando por chats feministas para conseguir una pastilla que el Estado les debe.
Lo más indignante es que Tucumán tiene la plata, pero elige no gastarla en la autonomía de las mujeres. Mientras tanto, la ONU ya puso el ojo en Argentina por este retroceso que parece sacado de la Edad Media. Si tenés plata, vas a una clínica privada y solucionado; si sos pobre, el Siprosa te ofrece una receta que sirve de poco y nada cuando la heladera está vacía.
La resistencia hoy recae sobre un puñado de profesionales agotados y redes feministas que vuelven a operar como en la prehistoria de la ley. El Estado se borró, pero la demanda no desaparece. ¿Hasta cuándo van a mirar para otro lado mientras la brecha entre ricas y pobres se mide en derechos básicos?
Tucumán se convirtió en el laboratorio del abandono. Si no hay presupuesto para insumos pero sí para propaganda oficial, la prioridad está clara. La libertad de decidir en el jardín de la república hoy tiene precio, y es carísimo.
