El Gobierno nacional oficializó una poda de casi 79 mil millones de pesos que liquida planes de alfabetización, infraestructura y becas.
A horas de que la comunidad educativa salga a las calles para defender el presupuesto, la administración central respondió con una Decisión Administrativa que deja a las provincias sin fondos clave. El ajuste no solo castiga los salarios docentes, sino que frena en seco obras de infraestructura necesarias en trece universidades nacionales que hoy funcionan al límite.
La quita de 35 mil millones de pesos al Plan Nacional de Alfabetización es el golpe más duro de esta nueva embestida. Mientras el discurso oficial habla de prioridad educativa, los números muestran un vaciamiento real que afecta directamente a los estudiantes más vulnerables que dependen de las becas y de las transferencias a la empresa estatal Educ.ar.
En la Provincia de Buenos Aires, el impacto es demoledor. La Universidad Nacional de La Plata, la de General San Martín y la de Avellaneda perdieron cientos de millones de pesos destinados a obras de capital. Es un mensaje directo a los rectores y alumnos: no importa la Ley de Financiamiento Universitario ni los fallos judiciales que ordenan actualizar los fondos.
Esta movida oficialista calienta la previa de la movilización a Plaza de Mayo, donde se espera una asistencia masiva. Cortar el chorro a la educación básica y superior al mismo tiempo parece ser la estrategia para medir fuerzas con un sector que no está dispuesto a entregar la universidad pública sin pelear.
¿Es ajuste o es ensañamiento? La educación está en el piso y parece que la idea es que no se levante más.
