Las llamas destruyeron por completo las instalaciones del emblemático Hotel Huemul y el siniestro desató una fuerte polémica por las condiciones de seguridad en las zonas más exclusivas.
El devastador siniestro que consumió un tradicional hospedaje en San Carlos de Bariloche puso bajo la lupa el estado real de los edificios comerciales y la efectividad de las inspecciones oficiales. La velocidad con la que el fuego devoró la estructura generó un profundo malestar generalizado ante el peligro inminente que corrieron decenas de personas en pleno centro turístico.
El foco ígneo se desató el sábado por la tarde en la planta baja del edificio ubicado sobre la avenida Ezequiel Bustillo y en pocos minutos avanzó sin control hacia los pisos superiores. Los materiales de madera del histórico complejo facilitaron la propagación inmediata de las llamas, convirtiendo el lugar en una trampa que obligó a una evacuación de emergencia en todo el perímetro costero.
Las pérdidas materiales resultaron absolutas, reduciendo a cenizas un patrimonio urbano y dejando a la vista la extrema vulnerabilidad de los complejos que reciben a miles de visitantes cada temporada. La destrucción total del predio sembró dudas razonables sobre el funcionamiento de los sistemas de prevención y los materiales utilizados en estas construcciones antiguas.
Mientras las dotaciones de bomberos realizaban las tareas de enfriamiento en las ruinas para iniciar los peritajes correspondientes, las críticas por la inacción de las autoridades encargadas de fiscalizar estos comercios no tardaron en multiplicarse en las distintas plataformas de discusión. La ausencia de víctimas fatales fue calificada como un milagro por los propios testigos que presenciaron el avance de la densa columna de humo.
La investigación deberá determinar si el origen del fuego fue un accidente evitable o la consecuencia directa de una negligencia grave en los sistemas eléctricos de la planta baja. La opinión pública exige respuestas urgentes para garantizar que la desidia no vuelva a poner en riesgo la vida de los ciudadanos y el patrimonio edilicio.
