Los primeros informes forenses confirman el desmembramiento del cuerpo de la menor de 14 años, una saña que impidió peritajes clave. El único imputado quedó acorralado por cámaras de seguridad, mientras los vecinos denuncian que las autoridades demoraron los rastreos a pesar de las alertas tempranas.
El desgarrador desenlace del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana en Córdoba, expone una vez más la peor cara de la violencia y la alarmante ineficacia de los tiempos estatales. Los primeros datos preliminares de la autopsia practicada al cuerpo hallado en un descampado periférico revelaron un escenario de crueldad absoluta: los peritos forenses describieron un daño severo en las vísceras y pérdida de órganos. La gravedad del desmembramiento del cadáver fue de tal magnitud que los especialistas se vieron imposibilitados de realizar los hisopados de rutina para detectar de forma directa signos de abuso sexual, aguardándose el informe final para las próximas horas.
La investigación penal sumó una prueba científica crucial que cerca de forma definitiva al único detenido, Claudio Gabriel Barrelier. El registro de un domo de seguridad policial captó el vehículo del sospechoso ingresando a la zona del hallazgo el lunes a las 11:45 y retirándose apenas media hora después, a las 12:15. Este elemento técnico reactivó una búsqueda que, hasta ese momento, carecía del impulso necesario por parte de las autoridades competentes.
La indignación barrial ante un Estado que llega tarde
El hallazgo del cuerpo en «La Casona» —una propiedad abandonada antiguamente dedicada a la extracción de cal— no fue una sorpresa para los habitantes del barrio Ampliación Ferreyra. El masivo despliegue de 250 efectivos policiales, drones y canes rastreadores se ejecutó únicamente cuando la presión de la prensa nacional forzó la reacción de la cúpula de seguridad cordobesa.
«Esto se supo desde un principio que estaba acá», denunció un vecino indignado ante las cámaras de televisión, criticando abiertamente el accionar tardío de las fuerzas de seguridad.
Los residentes del sector aseguraron que el rumor sobre la presencia del cuerpo en el descampado circulaba con fuerza desde hacía días. Sin embargo, el protocolo inicial de la Policía de Córdoba no se enfocó en rastrillar el perímetro con urgencia, sino en establecer cordones de exclusión que impidieron a los propios vecinos organizarse y colaborar en la búsqueda temprana. La burocracia y la falta de reflejos ante la desaparición de una menor vuelven a quedar bajo la lupa en un caso que estremece al país.
