Las transferencias del Estado alcanzaron los US$1240 millones entre enero y abril, marcando un quiebre en la tendencia de reducción fiscal. Aunque las boletas aumentaron por encima de la inflación general y millones de hogares perdieron el beneficio, el incremento en los costos de abastecimiento obligó al sector público a ampliar la cobertura de asistencia.
El esquema de reducción de subsidios energéticos, uno de los pilares del programa fiscal del Ejecutivo, registró un cambio de tendencia en el inicio de 2026. A pesar de la continuidad en las actualizaciones tarifarias y del recorte en la nómina de beneficiarios, el gasto destinado a contener las boletas de luz y gas natural se duplicó durante el primer cuatrimestre, impulsado por costos del sistema que avanzaron a mayor velocidad que los valores regulados.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Economía y Energía basadas en registros oficiales, las subvenciones al sector alcanzaron los US$1240 millones en los primeros cuatro meses del año, reflejando un incremento interanual del 105%. El dato corta la dinámica contractiva que se venía registrando en el mismo período de los años previos: el gasto de US$2987 millones en 2023 se había reducido a US$1675 millones en 2024 y había tocado un piso de US$604 millones en 2025, antes de este rebote.
Costos en alza y deterioro de la cobertura
La aceleración en las partidas estatales encuentra su explicación principal en las variables de abastecimiento. El valor de generación eléctrica residencial promedió los US$81 por megavatio hora (MWh) en el cuatrimestre, un 18% más que en la etapa equivalente del año pasado. Este encarecimiento responde a modificaciones regulatorias en el mercado eléctrico —con mayor peso de la contratación privada— y a mayores compensaciones a las terminales hidroeléctricas.
Como las tarifas finales no absorbieron la totalidad de este incremento, la porción del costo cubierta de forma directa por los usuarios retrocedió del 69% promedio en 2025 al 62% actual, dejando el porcentaje restante bajo financiamiento público.
A este panorama se suma el impacto del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el anterior sistema de segmentación por niveles de ingreso. La unificación de las antiguas categorías baja y media, junto a la redefinición de los bloques de consumo asistido, derivó en un mayor volumen de energía subsidiada durante los períodos de demanda alta.
Impacto en los usuarios y compensación fiscal
El repunte de las transferencias estatales no se tradujo en un congelamiento del gasto para los hogares. De hecho, el bloque de servicios («Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles») lideró las subas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una variación interanual en abril del 47,8%, superando por casi 15 puntos la inflación general del 32,4%. En regiones con particularidades climáticas como la Patagonia y el Noreste, el incremento interanual de los servicios llegó al 59% y 56,4% respectivamente.
Los hogares encuadrados sin asistencia pagaron facturas promedio de $58.239 en electricidad y $50.995 en gas natural. Por su parte, las categorías con cobertura estatal abonaron medias de $43.218 en el servicio eléctrico y $40.482 en el suministro de red.
De cara al período invernal, consultoras del sector advierten que la presión sobre el gasto público podría acentuarse por el incremento estacional en las bonificaciones fijadas por el SEF sobre el gas y el hecho de que las categorías sin subsidio no asumen el costo pleno del fluido. Hasta el momento, este desvío en las metas de la partida energética fue neutralizado a nivel macroeconómico mediante una mayor contracción en el resto de los rubros del gasto primario, lo que le permitió al Palacio de Hacienda retener el superávit financiero acumulando un gasto total en subsidios del 0,26% del PBI.
