Un informe revela que la problemática educativa quedó relegada al séptimo lugar de las preocupaciones ciudadanas, aplastada por la urgencia económica y la inseguridad.
A pesar del desinterés en el debate público, la insatisfacción con las políticas oficiales se mantiene en niveles críticos.
La profunda crisis que atraviesa el sistema educativo argentino no logra romper el cerco de la urgencia cotidiana. Según el último informe titulado “Percepción social sobre la educación y la política educativa”, desarrollado por el observatorio Argentinos por la Educación, apenas el 5% de los ciudadanos considera que la educación es el problema más grave que afronta la nación. El estudio, elaborado por los especialistas Valentina Gabrielli, Tomás Besada y Eugenia Orlicki sobre la base de datos de Latinobarómetro y la Universidad de San Andrés, ubica a la educación en un marginal séptimo lugar, en un orden de prioridades dominado de forma absoluta por las demandas económicas, la inestabilidad política y el avance de la inseguridad.
A nivel regional, la tendencia hacia la desatención del área educativa es todavía más pronunciada. El promedio de preocupación en América Latina se sitúa en un escaso 3,4%, siendo la inseguridad (19,1%) y las dificultades económicas (18,1%) las problemáticas que monopolizan la agenda de la sociedad civil. Dentro de este mapa, únicamente en Brasil (10%) y en Uruguay (8%) la educación logra colarse dentro de los primeros cinco focos de alerta ciudadana. En la Argentina, el análisis sociodemográfico expone que la preocupación escala levemente entre las mujeres (7% frente al 6% de los varones) y en los sectores de nivel socioeconómico alto, donde alcanza un 8% en comparación con el 6% registrado en los estratos vulnerables, donde las familias conviven con la pobreza estructural y exigen que la escuela resuelva urgencias sociales inmediatas.
El documento traza además un panorama crítico sobre la gestión de la política pública educativa entre los años 2018 y 2026. Los índices de aprobación civil demuestran un techo histórico del 35% posterior a la pandemia, registrando un estancamiento severo: para marzo de 2026, la satisfacción de la ciudadanía con las medidas oficiales se ubicó en un magro 28%. En el ranking general de políticas de Estado, el área ocupa el octavo lugar, superando en niveles de disconformidad únicamente a los rubros de salud e infraestructura. Investigadores y especialistas advierten que este fenómeno de aparente indiferencia social no es una casualidad, sino el resultado directo de décadas de promesas incumplidas desde el poder político, lo que obliga a las comunidades a demandar una reinvención urgente de la escuela pública frente a un orden social marcadamente desigual.
