La nueva mandataria asumirá tras imponerse por un margen mínimo al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Su llegada al poder representa el regreso de un apellido que todavía genera divisiones en el país y que permanece asociado tanto a la estabilidad económica y la lucha contra las insurgencias como a graves denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Keiko Fujimori asumirá este martes la presidencia de Perú luego de ganar las elecciones por un estrecho margen frente al dirigente de izquierda Roberto Sánchez. Será el cuarto balotaje que la dirigente disputa en 15 años y el primero que logra ganar, después de una campaña en la que reivindicó con mayor intensidad el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, fallecido en 2024.
Su llegada a la presidencia marca el regreso al máximo poder político de un apellido que continúa generando fuertes divisiones en la sociedad peruana. Alberto Fujimori gobernó entre 1990 y 2000, período durante el cual se le atribuye haber estabilizado la economía y derrotado a organizaciones insurgentes de izquierda. Sin embargo, su administración también quedó marcada por hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que terminaron con su condena y encarcelamiento.
Keiko, de 51 años, fue primera dama durante buena parte de aquella etapa y ahora promete recuperar «el orden» y aplicar una política de «mano dura» frente al crimen, una de las principales preocupaciones de los peruanos.
«Como tengo la sangre de Alberto Fujimori, lo haremos con los pantalones bien puestos para derrotar a la delincuencia», afirmó durante la campaña.
Para distintos especialistas, el hecho de que haya conseguido imponerse por una diferencia mínima al movimiento antifujimorista que había frustrado sus aspiraciones en las tres elecciones anteriores refleja una transformación en el escenario político peruano.
«Los recuerdos de Alberto se desvanecieron un poco y por eso ella se sale con la suya», explicó a BBC Mundo Cynthia McClintock, profesora de Ciencia Política de la Universidad George Washington y especialista en Perú.
Aunque padre e hija comparten una identidad política, sus trayectorias y contextos son diferentes.
El legado de Alberto Fujimori y la trayectoria de Keiko
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses e ingeniero agrónomo, llegó a la presidencia en 1990 tras derrotar al escritor Mario Vargas Llosa. Su ascenso fue visto como el modelo de un fenómeno político que luego se repetiría en otros países de América Latina: un dirigente ajeno a los partidos tradicionales que llega al poder en medio del desgaste de las estructuras políticas, concentra autoridad, polariza a la sociedad y prolonga su permanencia en el Gobierno.
Uno de los episodios más cuestionados de su administración ocurrió en 1992, cuando disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial con respaldo de las Fuerzas Armadas. Aquel episodio, conocido como «autogolpe», fue considerado por especialistas como una muestra de cómo un gobierno elegido democráticamente podía terminar debilitando las propias instituciones que lo habían llevado al poder.
Fujimori también se convirtió en el primer expresidente elegido democráticamente en América Latina condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gestión. La sentencia lo responsabilizó por masacres perpetradas por una unidad militar que asesinó a 25 personas durante los primeros años de su gobierno.
Keiko, en cambio, llega a la presidencia después de varias décadas de participación política. En 1994, cuando tenía 19 años, asumió como primera dama luego de la separación de sus padres.
Tras estudiar Administración de Empresas en Estados Unidos, ingresó al Congreso peruano en 2006 con la mayor votación y cuatro años después fundó Fuerza Popular, el espacio político por el que finalmente alcanzó la presidencia después de competir en las elecciones de 2011, 2016 y 2021.
Durante años, Fujimori intentó tomar distancia de los aspectos más cuestionados de la gestión de su padre. En 2016 aseguró que nunca concretaría un «autogolpe» y durante la última campaña prometió ser «implacable» contra la corrupción y rechazó los crímenes cometidos por el grupo militar por los que su padre fue condenado.
Sin embargo, también cuestionó la existencia de pruebas contra Alberto Fujimori en ese proceso judicial, pese a que la condena fue ratificada en diferentes instancias.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos anunciaron movilizaciones contra el inicio de su gobierno. Además, el partido de la nueva presidenta consiguió aprobar recientemente en el Congreso una ley que establece que policías y militares acusados de abusos sean juzgados por tribunales castrenses en lugar de la Justicia civil.
Para McClintock, las condiciones actuales hacen poco probable que Perú repita los abusos registrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. No obstante, la especialista advierte que persisten preocupaciones relacionadas con un posible autoritarismo, el incumplimiento de las normas y la corrupción.
La seguridad como bandera de campaña
La campaña presidencial de Keiko estuvo atravesada por referencias al gobierno de su padre. Su lema «vuelve el orden» y la promesa de «pacificar Perú» buscaron recuperar para una nueva generación la imagen que sus seguidores tienen de Alberto Fujimori como el dirigente que estabilizó la economía mediante políticas neoliberales y logró derrotar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
El politólogo José Incio, profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que la estrategia de Keiko fue diferente a la utilizada en 2011.
Según el especialista, en aquella campaña los cuestionamientos por corrupción y violaciones a los derechos humanos todavía estaban muy presentes en la memoria colectiva. En la actualidad, en cambio, una parte de la clase media considera que la principal amenaza está vinculada con el avance de la izquierda y la inseguridad.
La candidata electa centró buena parte de sus propuestas en una política de seguridad más dura, en un país donde aumentaron los casos de extorsión y homicidio. Entre sus iniciativas planteó que jueces anónimos puedan intervenir en procesos contra presuntos delincuentes, una propuesta que podría entrar en conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el gobierno de su padre, magistrados cuya identidad no era conocida públicamente intervinieron en causas relacionadas con terrorismo, varios de cuyos condenados terminaron siendo indultados por falta de garantías procesales.
Keiko también propuso construir megacárceles tomando como referencia el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para encarcelar a miembros de pandillas, pese a las denuncias de abusos relacionadas con ese sistema.
En materia económica, la nueva presidenta aseguró que mantendrá el orden macroeconómico, aunque también plantea recuperar algunas políticas aplicadas durante la gestión de su padre, como la entrega masiva de títulos de propiedad.
«Puedes ser populista y ortodoxo al mismo tiempo, es lo que demostró Fujimori», sostuvo Incio.
El analista consideró que Keiko evitará un modelo de populismo económico de izquierda y procurará mantener estables las variables macroeconómicas que podrían afectar a la clase media, aunque sí podría impulsar un uso más populista del Estado.
Un escenario político marcado por la inestabilidad
Analistas políticos vinculan parte del triunfo de Fujimori con el cansancio de la sociedad peruana frente a la inestabilidad institucional. El país tuvo ocho presidentes durante la última década, una situación que alimentó el reclamo por mayor orden y estabilidad.
Sin embargo, algunos especialistas también atribuyen parte de esa crisis a la propia Keiko, quien utilizó su mayoría parlamentaria para impulsar en 2018 la salida del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski mediante el mecanismo constitucional de «incapacidad moral».
La herramienta, pensada para situaciones excepcionales, comenzó a utilizarse con mayor frecuencia desde entonces.
Los expertos consideran que será difícil que la nueva presidenta atraviese una situación similar, debido a que contará con un mayor respaldo en un Congreso fragmentado, aunque no tendrá una mayoría propia.
Su rival en el balotaje, Roberto Sánchez, fue considerado por una parte del electorado como una alternativa más riesgosa debido a su vinculación con el expresidente Pedro Castillo, quien intentó realizar otro «autogolpe» en 2022, pero fracasó y terminó detenido.
La prisión de expresidentes se convirtió en una situación frecuente en Perú desde que Alberto Fujimori permaneció 16 años encarcelado. Recuperó la libertad en 2023, sin cumplir la totalidad de su condena de 25 años, luego de recibir un indulto.
Keiko también estuvo cerca de un año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, en el marco de una investigación por presuntos aportes ilegales a sus campañas. Esa causa fue desestimada el año pasado.
La nueva presidenta aseguró que permanecerá en el poder únicamente durante los cinco años correspondientes a su mandato.
La promesa representa otra diferencia pública respecto de su padre, quien después del autogolpe y la reforma constitucional fue reelegido en dos oportunidades, hasta que terminó renunciando durante un viaje al exterior en medio de una serie de escándalos.
Ahora, con su llegada al poder, comenzará a definirse cuánto del legado de Alberto Fujimori conservará Keiko y en qué aspectos buscará construir una administración diferente. El nuevo gobierno peruano abre así una etapa en la que el apellido Fujimori vuelve a ocupar el centro de la escena política del país.
