La defensa del expresidente presentó una nueva revisión criminal ante el Supremo Tribunal Federal y reclamó suspender la ejecución de la pena. Los abogados cuestionan la cadena de custodia de pruebas digitales utilizadas durante el proceso y sostienen que no pudieron verificar de manera completa parte del material.
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una nueva revisión criminal con la que busca dejar sin efecto su condena a 27 años y tres meses de prisión por su participación en la trama vinculada al intento de golpe de Estado. Bolsonaro cumple actualmente la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria.
El planteo también incluye un pedido para suspender de manera cautelar la ejecución de la condena, lo que permitiría que el exmandatario permanezca en libertad mientras el máximo tribunal analiza la nueva presentación.
La solicitud fue presentada el 25 de septiembre y quedó a cargo del ministro Kassio Nunes Marques, quien ya interviene en otra revisión criminal vinculada al mismo caso. El mecanismo de distribución por prevención establece que un magistrado que ya lleva una causa relacionada puede recibir otra sobre el mismo asunto, con el objetivo de evitar decisiones contradictorias.
El pedido actual se produjo después de otro episodio dentro de la estrategia judicial de la defensa. El 24 de septiembre, los abogados habían solicitado la suspensión de la pena, pero retiraron esa presentación pocas horas después debido a diferencias dentro del equipo jurídico.
Nunes Marques ocupa uno de los lugares del Supremo desde 2020, cuando fue propuesto para el cargo durante el gobierno de Bolsonaro.
La nueva presentación judicial se conoce a pocos días de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre, en las que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, compite por la Presidencia frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los cuestionamientos de la defensa sobre las pruebas digitales
Uno de los principales argumentos planteados por los abogados de Bolsonaro se concentra en la cadena de custodia de determinadas pruebas digitales utilizadas durante el proceso.
La defensa presentó un informe técnico que, según sostiene, detectó “diversas irregularidades” en el modo en que algunos elementos digitales fueron obtenidos, procesados y utilizados durante el expediente. El documento, de acuerdo con el planteo de los abogados, no sostiene que los archivos hayan sido adulterados.
El cuestionamiento apunta principalmente a la posibilidad de verificar de manera completa el origen, la extracción y el procesamiento de parte de la información. Para la defensa, esas dificultades habrían limitado su capacidad para auditar y comprobar las pruebas utilizadas en el juicio.
Entre los elementos cuestionados aparecen mensajes de la aplicación Signal obtenidos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, quien fue exayudante de órdenes de Bolsonaro.
Según el informe presentado por los abogados, algunas conversaciones no habrían sido incorporadas mediante una extracción pericial directa de los datos del dispositivo, sino a través de filmaciones de la pantalla del teléfono.
La defensa también cuestiona que no habría contado con los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro. De acuerdo con su planteo, esa ausencia habría impedido realizar una auditoría completa sobre ese material.
Los abogados sostienen que las dificultades para acceder y verificar las pruebas adquieren especial relevancia a partir de recientes discusiones desarrolladas dentro del Supremo en torno a una investigación relacionada con el magistrado Alexandre de Moraes y el exbanquero Daniel Vorcaro, detenido en una causa por presunto fraude.
En ese contexto, la defensa cita intervenciones realizadas por ministros del STF y por el fiscal general acerca de los límites que el sistema acusatorio establece para la actuación investigadora de los jueces y sobre el derecho de las partes a acceder de manera integral a las pruebas.
El argumento vinculado a Alexandre de Moraes
Los abogados también hacen referencia a la investigación abierta contra Alexandre de Moraes a partir de mensajes intercambiados con Daniel Vorcaro.
Después de que esas conversaciones se hicieran públicas, la Fiscalía cuestionó aspectos del procedimiento y sostuvo que la investigación debía haber sido sometida al pleno del Supremo.
A partir de esa situación, la defensa de Bolsonaro plantea que existiría un antecedente relevante para revisar cómo se desarrolló la investigación que terminó incorporando al expresidente al proceso por la difusión de informaciones falsas y que posteriormente fue utilizada como base para las acusaciones relacionadas con la trama golpista.
Según los abogados, aquella investigación tampoco fue sometida al pleno de la Corte cuando Bolsonaro todavía ejercía la Presidencia de Brasil.
La defensa sostiene que esa circunstancia habría vulnerado el reglamento interno del Supremo y plantea que el mismo criterio debería ser considerado al analizar la validez del procedimiento que derivó en la condena del expresidente.
La nueva revisión criminal busca, de esta manera, que el STF analice nuevamente distintos aspectos del proceso y que, mientras se resuelve el planteo, se suspenda la ejecución de la pena. La presentación todavía se encuentra en trámite y no existe una decisión definitiva sobre el pedido.
