La Procuración del Tesoro presentará un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que confirmó la condena contra la Argentina. El Ejecutivo no pedirá suspender la sentencia y mantiene como alternativa acudir a la Corte Suprema estadounidense.
El Gobierno nacional decidió apelar ante la misma Cámara de Apelaciones de Estados Unidos que falló contra la Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La estrategia busca evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium.
La Procuración del Tesoro tiene previsto presentar este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, un día antes de que venza el plazo para hacerlo.
El escrito se encontraba en su etapa final de elaboración y la estrategia está encabezada por el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
El objetivo es que la propia Cámara vuelva a analizar la resolución mediante la cual confirmó el 21 de julio la sentencia contra el Estado argentino.
El Gobierno no pedirá suspender la sentencia
La presentación no incluirá un pedido específico para suspender la sentencia o impedir temporalmente que Titan avance con el cobro de la condena.
En el Ejecutivo consideran que esa herramienta no se ajusta a la etapa actual del expediente. De todos modos, analizan otra alternativa procesal, aunque todavía no definieron si será incorporada al planteo.
El objetivo inmediato es mantener abierta la discusión judicial y evitar que quede firme el pago de US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
Titan Consortium también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para intentar cobrar el monto establecido por la Justicia.
Por qué la Justicia de EE.UU. condenó a la Argentina
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó en julio los argumentos presentados por la Argentina y confirmó el fallo de primera instancia.
La discusión no estuvo centrada en las condiciones de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, sino en el plazo que tenía Titan para solicitar ante los tribunales estadounidenses el reconocimiento y cobro del laudo internacional.
La Argentina sostenía que la acción había prescripto porque debía aplicarse un plazo de tres años. Sin embargo, los tribunales estadounidenses determinaron que correspondía utilizar un período de 12 años, por lo que consideraron vigente el reclamo presentado por Titan en 2021.
El conflicto se originó con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Posteriormente, las empresas accionistas iniciaron un arbitraje ante el CIADI, organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular la decisión, pero ese planteo fue rechazado en 2019.
Como el tribunal arbitral no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben acudir a los tribunales nacionales para intentar hacer efectivo el cobro.
Titan Consortium quedó a cargo del reclamo
Los derechos económicos derivados del juicio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 recurrió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo.
Con los intereses acumulados, el monto de la condena ya supera los US$390 millones.
Ahora, la defensa argentina intentará que la Cámara vuelva a revisar su propia decisión. El Gobierno todavía no anticipó el alcance definitivo del escrito para evitar revelar su estrategia antes de la presentación.
La Corte Suprema de EE.UU., como segunda instancia
La decisión de recurrir primero ante la Cámara de Apelaciones también permite mantener abierta una eventual llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Si el tribunal de apelaciones vuelve a rechazar el planteo argentino, el Gobierno podrá solicitarle al máximo tribunal estadounidense que tome el caso. Sin embargo, la intervención de la Corte no es automática, ya que sus jueces deciden qué expedientes aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la estrategia consiste en extender los tiempos de los principales litigios contra el Estado, tanto en Argentina como en el exterior. Dentro de esa política también ubican la disputa judicial relacionada con YPF.
El fallo, en este caso, no condena a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional por la expropiación realizada en 2008.
La próxima instancia será entonces la presentación ante la Cámara de Apelaciones: la Argentina buscará que el tribunal revise su decisión y, si el resultado vuelve a ser adverso, conservará la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar evitar el desembolso de más de US$390 millones.
