La Casa Rosada evalúa identificar redes y centros de datos como infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores tecnológicos. La discusión ganó fuerza por la controversia entre Washington y Beijing en torno a la presencia de Huawei en Neuquén.
El Gobierno nacional analiza reforzar los controles sobre la tecnología utilizada en sectores considerados estratégicos y estudia distintas herramientas para avanzar en ese sentido. Entre las alternativas se encuentra la posibilidad de identificar determinadas redes y centros de datos como infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores tecnológicos que participen de esos sistemas.
La discusión tomó mayor impulso en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en la infraestructura tecnológica de Neuquén, aunque hasta el momento no derivó en ninguna medida oficial contra la empresa.
“Estamos estudiándolo”, señalaron desde la Casa Rosada. En el Ejecutivo aclararon que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción para dejar sin efecto de manera directa una contratación realizada por la Cooperativa CALF, aunque reconocieron que se encuentra bajo análisis un esquema de alcance más amplio para las infraestructuras consideradas sensibles.
Las normas vinculadas con la infraestructura crítica se tramitan a través de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que los protocolos relacionados con la ciberseguridad involucran a las áreas técnicas de la Jefatura de Gabinete.
La discusión, además, diferencia la contratación puntual realizada por la cooperativa del marco regulatorio que podría establecerse a nivel nacional.
CALF es una cooperativa de Neuquén y sus decisiones comerciales no dependen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Calfibra presta servicios de telecomunicaciones bajo una licencia nacional. Este año, el ENACOM identificó a CALF como licenciataria de Servicios TIC y la Ley Argentina Digital establece que esa actividad requiere autorización federal.
La Argentina ya reconoce a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones como sectores de infraestructura crítica. Una resolución nacional de 2019 incorporó ambas áreas junto al transporte, el agua, la salud, la alimentación, las finanzas, el sector nuclear, el químico, el espacio y distintas funciones del Poder Ejecutivo.
La normativa considera críticas a aquellas infraestructuras cuya destrucción o alteración pueda afectar de manera significativa la prestación de servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, esa clasificación general no implica que cada red, servidor, centro de datos o instalación energética del país sea automáticamente considerado un activo crítico.
La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad plantea avanzar precisamente en la identificación de esas infraestructuras, fortalecer la coordinación con operadores privados y desarrollar un marco normativo para las entidades responsables de su funcionamiento y protección.
El Ejecutivo cuenta, además, desde este año con una herramienta adicional: el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funciona como autoridad nacional en la materia.
Entre sus funciones se encuentra la definición de las infraestructuras críticas de información. También puede impulsar estándares para disminuir vulnerabilidades, intervenir en medidas de ciberseguridad vinculadas con las redes de telecomunicaciones y realizar pruebas sobre infraestructuras críticas.
Los requisitos para los proveedores tecnológicos
El ENACOM tiene, por su parte, otro nivel de intervención sobre las redes. La Ley 27.078 establece que los equipos de telecomunicaciones comercializados en el país deben atravesar procesos de homologación y certificación destinados a garantizar la integridad y calidad de las redes.
Los licenciatarios, además, deben cumplir con el marco regulatorio y las decisiones de la autoridad de aplicación.
No obstante, la normativa pública vigente no contempla una lista de proveedores excluidos por motivos de seguridad nacional, como ocurre en Estados Unidos.
Una de las opciones que estudia el Gobierno consiste justamente en establecer requisitos de “proveedor confiable” para determinados sistemas considerados sensibles.
Todavía no se definió si ese mecanismo se traducirá en una lista de compañías, categorías de riesgo o una serie de condiciones técnicas que deberán cumplir los fabricantes.
El antecedente de Estados Unidos y las restricciones europeas
El modelo estadounidense aparece como uno de los antecedentes analizados dentro de esta discusión.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos cuenta con una lista de equipos y servicios tecnológicos considerados un riesgo para la seguridad nacional. Allí figuran Huawei y ZTE, además de determinados equipos de Hytera, Hikvision y Dahua destinados a usos relacionados con la seguridad pública, instalaciones gubernamentales e infraestructura crítica.
La inclusión de estas empresas tiene consecuencias sobre la autorización de nuevos equipos, el uso de subsidios federales y los programas de retiro y reemplazo de tecnología considerada riesgosa.
Sin embargo, no se trata de una prohibición general para cualquier tipo de operación privada con esas compañías.
En Europa también se aplican mecanismos basados en el análisis del riesgo de los proveedores.
La Comisión Europea considera que Huawei y ZTE representan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de tecnología 5G y respaldó las restricciones aplicadas por distintos países.
En febrero, además, la Unión Europea presentó un esquema destinado a evaluar a proveedores críticos, promover redes con múltiples fabricantes y reducir la dependencia de compañías consideradas de alto riesgo.
La controversia por Huawei y la Cooperativa CALF
En la Argentina, la discusión se concentró en la Cooperativa CALF, que mantiene desde 2024 una alianza con Huawei para su expansión tecnológica.
La propia cooperativa informó que la empresa china suministraría equipos electrónicos destinados a la red de fibra óptica de Calfibra.
En abril de este año, una delegación de CALF viajó a la sede de Huawei en Shenzhen para trabajar sobre proyectos vinculados con conectividad de alta capacidad, redes eléctricas inteligentes, videovigilancia y otras soluciones tecnológicas.
La cooperativa también avanza en la construcción de un centro de datos Tier III en el Polo Tecnológico de Neuquén.
Sin embargo, la documentación pública relevada no permite asegurar que exista un contrato integral adjudicado a Huawei para ese proyecto.
CALF sostuvo, además, que su red trabaja con múltiples proveedores. Reconoció la utilización de electrónica de Huawei, pero informó que también emplea servidores HPE, equipos de energía APC y Eaton, sistemas de ABB y dispositivos MikroTik.
La presión de Washington y la respuesta de Beijing
Estados Unidos fue incrementando progresivamente la presión sobre la relación entre CALF y Huawei.
La cooperativa informó que el 12 de julio uno de sus gerentes recibió mensajes relacionados con posibles restricciones de visas y con la eventual cancelación de una iniciativa vinculada con la empresa china.
El 29 de julio, CALF envió una nota formal al embajador estadounidense Peter Lamelas, con copia a Cancillería, para solicitar precisiones y fundamentos técnicos sobre la situación.
Posteriormente, el diplomático pidió mantener una reunión y ofreció evaluar alternativas tecnológicas de origen estadounidense.
La controversia luego llegó al plano público.
Lamelas y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, calificaron a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI como proveedores tecnológicos de “alto riesgo”.
Los funcionarios estadounidenses sostuvieron que las leyes chinas podrían obligar a esas compañías a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing y Washington pidió a sus socios de América avanzar hacia proveedores que considere confiables.
Se trata de la posición oficial de Estados Unidos, rechazada por China.
Beijing respondió en dos oportunidades mediante comunicados oficiales.
En primer lugar, la Embajada de China acusó a Estados Unidos de obstaculizar la cooperación con Huawei y cuestionó la utilización de posibles restricciones de visas.
Posteriormente, calificó los señalamientos de Lamelas como una “calumnia sin ningún fundamento” y sostuvo que Huawei cuenta con antecedentes favorables en materia de ciberseguridad.
Además, afirmó que la compañía acepta auditorías externas y está dispuesta a suscribir compromisos para evitar accesos no autorizados.
