El operativo en dos predios se realizó de manera parcial debido a la ausencia de funcionarios vinculados a minoridad. La defensa de las comunidades sostiene que la diligencia quedó suspendida, mientras fuentes del expediente aseguran que el desalojo no fue anulado y que deberá emitirse un nuevo mandamiento para completarlo.
El desalojo de dos comunidades mapuches en las inmediaciones de Villa La Angostura quedó parcialmente ejecutado la semana pasada y generó distintas interpretaciones sobre la continuidad de la medida judicial. Mientras la defensa de las comunidades aseguró que el procedimiento quedó suspendido, fuentes con acceso al expediente señalaron que la orden continúa vigente y podrá concretarse próximamente.
A través de las redes sociales, las comunidades difundieron imágenes en las que celebraron la supuesta suspensión del operativo.
“Orden de desalojo suspendida, más no anulada. Momentos para festejar y descansar” [sic], expresaron en sus publicaciones.
El abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, afirmó ante medios locales que “la Justicia suspendió el desalojo” del predio ocupado por la comunidad Quintriqueo, también identificada como Kinxikew.
Según explicó el letrado, la diligencia no puede considerarse concretada de manera parcial. En su interpretación, al no haberse podido completar el procedimiento, “el procedimiento quedó frustrado y deberá analizarse cómo continuar”.
Sin embargo, fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes dieron una interpretación diferente y aseguraron que la medida no fue suspendida, sino que será necesario librar un nuevo mandamiento para continuar con su ejecución.
El operativo se llevó adelante a mediados de la semana pasada, cuando efectivos de la Policía de Neuquén, funcionarios judiciales y representantes de distintos organismos ingresaron a un predio ocupado por el lof Melo, con el objetivo de cumplir la orden de desalojo dispuesta por el juez Francisco Astoul Bonorino.
La medida pudo concretarse en uno de los lotes en disputa, ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, cuando los funcionarios debían avanzar sobre otra fracción del terreno en conflicto, situada frente al sector que había sido recuperado, no pudieron continuar debido a la ausencia de funcionarios vinculados a minoridad.
Sánchez citó la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos, aprobada mediante el Acuerdo 5843, y sostuvo que, cuando un desalojo no puede completarse, corresponde considerar frustrada la diligencia y solicitar un nuevo mandamiento si se pretende volver a ejecutar la medida.
A partir de esa interpretación, el abogado consideró que el desalojo quedó suspendido y sostuvo que el proceso judicial actual no resuelve la cuestión de fondo sobre la propiedad de las tierras. También planteó como posibilidad la apertura de un espacio de diálogo que permita avanzar hacia una solución del conflicto.
La contraparte, en cambio, sostiene que la orden judicial continúa vigente. Fuentes relacionadas con la defensa de los querellantes señalaron que “la resolución no suspendió el desalojo, sino que dispone un nuevo paso procesal para poder continuar con la ejecución de la misma”.
De acuerdo con esa postura, el juez Francisco Astoul Bonorino determinó que, debido a que el procedimiento no pudo completarse en algunos sectores del predio, deberá emitirse un nuevo mandamiento de desalojo.
Un conflicto territorial de más de una década
El conflicto por las tierras tiene una larga historia. La disputa entre las comunidades Melo y Quintriqueo y la propietaria de un predio privado de 624 hectáreas ubicado en Bahía Huemul, cerca de Villa La Angostura, comenzó a fines de 2011.
En ese momento, integrantes de la familia Melo ocuparon el lugar y posteriormente se incorporó la comunidad Quintriqueo.
Las comunidades sostienen que se trata de un territorio ancestral y afirman que sus familias tenían presencia en la zona desde 1928. Por su parte, la propietaria presentó documentación registral y obtuvo resoluciones judiciales favorables.
La Justicia ordenó el desalojo en 2016, y la sentencia quedó firme luego de distintas instancias de apelación. Sin embargo, la ejecución de la medida se demoró hasta agosto de 2026, cuando finalmente se logró recuperar de manera parcial una fracción del predio.
La situación volvió a generar tensión entre las comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén, que sostiene que se trata de una disputa entre particulares y que la intervención provincial se produjo exclusivamente para cumplir con una orden emitida por la Justicia.
