Una jueza de Lomas de Zamora suspendió preventivamente la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires por falta de infraestructura y recursos. Patricia Bullrich cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof y también cargó contra el Poder Judicial bonaerense.
El Régimen Penal Juvenil volvió a quedar en el centro de una disputa política luego de que la Justicia bonaerense resolviera suspender durante 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien ordenó frenar preventivamente la implementación de la normativa para evaluar si la provincia cuenta con las condiciones necesarias para aplicarla.
La decisión generó una fuerte reacción de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y apuntó también contra la Justicia provincial.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de X.
Bullrich también dirigió sus críticas hacia el Poder Judicial bonaerense.
“También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, afirmó.
El mensaje de la senadora se conoció pocas horas después de que trascendiera la resolución de la jueza Pascual, que mediante una medida cautelar suspendió la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
Bullrich cerró su publicación con otra fuerte crítica: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
Cómo había recibido Bullrich la entrada en vigencia del nuevo régimen
La reacción de la senadora contrastó con el mensaje que había publicado apenas dos días antes, cuando el Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en todo el país.
En aquella oportunidad, Bullrich había celebrado la entrada en vigencia de la normativa a través de sus redes sociales.
“DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS”, escribió en mayúsculas.
Luego amplió su mensaje: “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”.
La senadora sostuvo además que “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.
En esa misma publicación recordó que “durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad” y consideró que la nueva normativa comenzaba a modificar esa situación porque “la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”.
Sin embargo, el entusiasmo inicial chocó rápidamente con la decisión judicial adoptada en Buenos Aires.
La Justicia provincial estableció un freno preventivo que paraliza la aplicación del régimen durante 60 días, período destinado a evaluar las condiciones existentes en territorio bonaerense.
De esta manera, la frase “SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD”, que Bullrich había utilizado para celebrar la nueva legislación, quedó enfrentada con la suspensión preventiva dispuesta por la Justicia provincial.
Qué establece el Régimen Penal Juvenil
La Ley N° 27.801 introduce modificaciones en el sistema de justicia penal juvenil argentino.
Uno de los principales cambios consiste en reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, permitiendo que jóvenes de esa franja etaria puedan ser sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.
De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser investigados, juzgados y sancionados penalmente bajo el nuevo régimen.
Hasta la entrada en vigencia de la normativa, solo los mayores de 16 años ingresaban al sistema penal.
El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 11 de enero en todo el territorio nacional. Sin embargo, su aplicación en la provincia de Buenos Aires quedó suspendida apenas dos días después.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso la suspensión preventiva durante 60 días para analizar las condiciones existentes en la provincia.
Por qué la Justicia bonaerense suspendió la aplicación
La resolución judicial surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
El argumento central de la jueza Pascual fue que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura ni con los recursos materiales necesarios para afrontar el aumento de jóvenes que podrían ingresar al sistema penal a partir de la nueva legislación.
La magistrada anticipó que la implementación del régimen podría generar un incremento considerable en la cantidad de menores detenidos.
Según el análisis realizado en el fallo, esto respondería a dos factores: por un lado, el aumento de los ingresos como consecuencia de la ampliación de la franja etaria alcanzada por la normativa y, por otro, una mayor permanencia de los jóvenes dentro del sistema.
Ante este escenario, Pascual puso en duda que la provincia cuente actualmente con las condiciones necesarias para afrontar esa situación.
En particular, señaló la necesidad de contar con requisitos edilicios, institucionales y profesionales adecuados para alojar a esta población.
Para fundamentar su decisión, la jueza recurrió además al principio precautorio.
Según el fallo, el Poder Judicial debe actuar de manera anticipada cuando existen elementos que permitan presumir que podrían vulnerarse derechos fundamentales.
La situación de los centros de detención bonaerenses
Otro de los elementos considerados para disponer la suspensión temporal fue el estado de los dispositivos de alojamiento destinados a adolescentes en la provincia.
Como antecedente, el propio juzgado de Pascual había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora.
La medida había sido adoptada debido a que el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.
Este antecedente fue tenido en cuenta al analizar la aplicación del nuevo régimen.
La preocupación planteada en la resolución apunta a determinar cómo podrá absorberse el ingreso de nuevos casos si uno de los centros existentes ya había alcanzado un límite de capacidad establecido judicialmente.
La magistrada consideró que aplicar la nueva normativa sin garantizar condiciones dignas de alojamiento podría implicar una vulneración de los estándares de derechos humanos de la niñez.
Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva.
Durante los 60 días establecidos por la resolución se evaluará si la provincia cuenta con las condiciones necesarias para implementar el Régimen Penal Juvenil o si, como advierte la jueza, existen carencias de recursos básicos para ponerlo en funcionamiento en territorio bonaerense.
