La Casa Rosada analiza avanzar mediante decretos, resoluciones y decisiones administrativas con algunos compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos, mientras el entendimiento todavía no entró en vigor. En paralelo, el oficialismo pretende que el Senado complete en octubre la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
El Gobierno argentino prepara una estrategia para avanzar con parte de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos sin esperar a que el entendimiento entre formalmente en vigencia.
La hoja de ruta contempla el uso de decretos, resoluciones y decisiones de organismos públicos para implementar aquellos cambios regulatorios que puedan realizarse con las facultades actualmente disponibles. Al mismo tiempo, la administración de Javier Milei busca destrabar en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), con la expectativa de que el Senado pueda aprobarla durante octubre.
El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) fue firmado por Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero de 2026. El instrumento todavía figura como no vigente en el registro oficial de tratados de la Cancillería argentina.
El propio acuerdo establece que su entrada en vigor se producirá 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que acrediten el cumplimiento de sus respectivos procedimientos legales internos, salvo que las partes establezcan otra fecha.
Esto no impide que la Argentina pueda adoptar de manera unilateral algunas medidas compatibles con los compromisos asumidos, siempre que se encuentren dentro de las facultades que contempla la legislación nacional.
Qué medidas puede implementar el Gobierno
El ARTI contempla compromisos relacionados con diferentes áreas del comercio y la regulación. Entre ellas aparecen las licencias de importación, homologaciones, normas técnicas, medicamentos, productos agropecuarios, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, comercio digital y seguridad económica, entre otras cuestiones.
La estrategia oficial consiste en separar los puntos que pueden ser instrumentados administrativamente de aquellos que requieren una ley o la aprobación integral del acuerdo.
El esquema ya cuenta con algunos antecedentes. Durante este año, el Gobierno modificó normativa para aceptar documentación estadounidense como respaldo suficiente en determinados procesos de homologación de vehículos fabricados bajo estándares de seguridad de ese país. También avanzó con mecanismos de equivalencia regulatoria vinculados con productos médicos.
Ahora la intención es profundizar ese mecanismo a través de distintos organismos estatales.
Entre las dependencias que podrían intervenir aparecen la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Aduana, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y distintas áreas del Ministerio de Economía.
El capítulo arancelario presenta mayores dificultades
Uno de los puntos más complejos es el referido a los aranceles de importación.
Los anexos del acuerdo establecen posiciones sobre las cuales la Argentina debería eliminar derechos de importación, reducirlos al 2% o establecer cupos preferenciales. Sin embargo, esas preferencias están formalmente vinculadas con la entrada en vigor del ARTI.
El Poder Ejecutivo cuenta además con determinadas facultades propias para modificar derechos de importación y la tasa de estadística sin utilizar el acuerdo como fundamento jurídico.
En el Gobierno analizan qué modificaciones pueden realizarse mediante esas herramientas, aunque cada decisión debe ser evaluada también en relación con los compromisos asumidos por la Argentina dentro del Mercosur.
El reclamo de Washington
Estados Unidos viene planteando la necesidad de acelerar la implementación del entendimiento.
Durante una visita a Buenos Aires, el representante comercial adjunto estadounidense Jeffrey Goettman mantuvo reuniones con funcionarios argentinos para analizar distintos aspectos del acuerdo. La Cancillería informó que en esos encuentros se abordaron cuestiones relacionadas con innovación, tecnología, comercio digital, firmas digitales, ciberseguridad e infraestructura tecnológica.
Según fuentes citadas en las últimas conversaciones, también hubo diferencias vinculadas con los tiempos de implementación y Washington habría reclamado avances concretos en materia arancelaria.
La representación estadounidense expresó su expectativa de que Argentina cumpla los compromisos asumidos, incluida la reducción de aranceles para determinados productos norteamericanos.
Desde el Gobierno argentino, en tanto, sostienen que existe voluntad de cumplir con lo acordado, aunque remarcan que el proceso requiere distintas etapas y herramientas jurídicas.
El escenario también quedó condicionado por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionada con el mecanismo utilizado por Donald Trump para establecer aranceles globales. En la administración argentina consideran que ese fallo modificó parte del marco jurídico existente al momento de la firma del acuerdo.
El otro frente: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Mientras avanza la discusión sobre el ARTI, el Gobierno tiene como otro objetivo inmediato la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
El tratado busca simplificar y unificar la primera etapa de los procedimientos para solicitar protección de una invención en distintos países. Es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y permite centralizar determinadas instancias iniciales de las solicitudes internacionales de patentes.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de adhesión el 27 de agosto, con 147 votos afirmativos, 93 negativos y ninguna abstención. Como la iniciativa recibió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara baja, el expediente regresó al Senado para su revisión.
Entre las modificaciones incorporadas por Diputados figura una reserva vinculada con el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.
El tratamiento del expediente en el Senado tuvo una demora luego de que una reunión del plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio fuera postergada por la ausencia de legisladores.
Pese a ese retraso, en el Poder Ejecutivo mantienen la expectativa de que el trámite pueda completarse durante octubre.
La relación entre el PCT y el acuerdo con Estados Unidos
La adhesión al tratado de patentes también está directamente relacionada con los compromisos asumidos en el ARTI.
El acuerdo bilateral estableció que Argentina debía someter el PCT a consideración del Congreso antes del 30 de abril de 2026. El tratamiento parlamentario avanzó posteriormente y todavía resta que el Senado defina sobre las modificaciones introducidas por Diputados.
De esta manera, la estrategia oficial tiene dos vías paralelas.
Por un lado, el Gobierno busca utilizar decretos, resoluciones y decisiones administrativas para adelantar aquellos cambios regulatorios que puede implementar con las facultades existentes.
Por otro, necesita avanzar mediante el Congreso en los compromisos que requieren aprobación legislativa, entre ellos la adhesión al PCT.
El objetivo inmediato de la Casa Rosada es que el Senado complete el tratamiento del tratado de patentes durante octubre, mientras continúan las conversaciones con Estados Unidos sobre los aspectos arancelarios y sobre las condiciones necesarias para que el acuerdo comercial bilateral pueda entrar plenamente en vigencia.
