El gobernador bonaerense criticó la decisión del máximo tribunal que dejó sin efecto el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Acusó al Gobierno de buscar por la vía judicial lo que, según sostuvo, no consiguió en el Congreso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.
El mandatario bonaerense calificó el pronunciamiento como un “fallo de la infamia” y sostuvo que el máximo tribunal tomó una “decisión gravísima” que, desde su perspectiva, afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.
La resolución de la Corte fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y se centró en la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar la demanda. El máximo tribunal consideró que la organización no estaba habilitada para promover esa acción y que no se había configurado un caso o controversia judicial que permitiera avanzar con el planteo.
A partir de la decisión, quedó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado la derogación de la Ley 26.737. Sin embargo, la Corte aclaró que no emitió un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino que resolvió la cuestión vinculada con la legitimación de la entidad que inició el proceso.
Las críticas de Kicillof al Gobierno y a la Corte
A través de su cuenta de X, Kicillof cuestionó el nuevo escenario judicial y vinculó la decisión con el debate político que se había producido alrededor de la Ley de Tierras.
“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, sostuvo el gobernador.
En ese sentido, planteó que aquello que el Gobierno no habría logrado conseguir mediante el Congreso y el respaldo popular ahora buscaría obtenerlo a través del Poder Judicial.
“Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó Kicillof en su cuestionamiento al fallo.
El gobernador también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y sostuvo que la decisión judicial expone, según su interpretación, una contradicción con la posición que el mandatario había mostrado respecto de la cuestión de la soberanía.
“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”, expresó Kicillof. Luego agregó que, detrás de lo que calificó como “discursos fingidos”, existiría el objetivo de entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros.
Estas expresiones corresponden a la interpretación política del gobernador sobre los efectos y alcances de la decisión judicial.
Qué establecía la Ley de Tierras
La discusión se originó a partir de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Entre sus disposiciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad de los titulares y con la extensión de las superficies que podían adquirir.
El artículo 154 del DNU 70/2023, dictado por el Gobierno de Milei, derogó esa legislación.
La aplicación de esa derogación quedó judicializada después de que el CECIM presentara una demanda para cuestionar la constitucionalidad de la medida.
La organización sostuvo que la eliminación de las restricciones podía afectar la soberanía territorial y favorecer la extranjerización de tierras rurales.
Cómo avanzó la causa judicial
El expediente comenzó con una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Estado Nacional.
En una primera instancia, el Juzgado Federal de La Plata N° 4 rechazó la demanda. El tribunal consideró que la condición invocada por la asociación no resultaba suficiente para reconocerle legitimación procesal para promover el planteo.
El CECIM apeló esa decisión.
Posteriormente, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó el fallo de primera instancia. En esa instancia se declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y se dispuso además la reinscripción del expediente en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
Frente a esa resolución, el Estado Nacional presentó un recurso extraordinario para que la cuestión llegara al máximo tribunal.
La causa llegó entonces a la Corte Suprema, donde los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti analizaron en primer término si el CECIM estaba efectivamente habilitado para llevar adelante la acción judicial.
Por qué la Corte revocó el fallo anterior
La Corte Suprema consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial concreta en los términos requeridos por la Constitución Nacional.
El tribunal sostuvo que la asociación no podía invocar, para este proceso, un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que habilitara la acción presentada.
En consecuencia, la Corte hizo lugar al planteo del Estado Nacional, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda.
Un punto central del pronunciamiento es que la Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras. Su decisión se limitó a determinar que la entidad que había promovido el reclamo no estaba legitimada para hacerlo y que no existía un caso judicial que habilitara el análisis planteado en esos términos.
De esta manera, quedó sin efecto la sentencia de la Cámara que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por ese decreto.
El fallo reabrió así el debate político sobre el régimen de tierras rurales y las restricciones a la adquisición de propiedades por parte de extranjeros, mientras Kicillof cuestionó públicamente tanto la decisión de la Corte como las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
