Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores vuelven a reunirse este martes para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El encuentro anterior terminó suspendido luego de insultos, cruces y un enfrentamiento entre legisladores. En paralelo, Juan Grabois enfrenta pedidos de expulsión impulsados por diputados oficialistas y aliados.
El debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional se retomará este martes, después de que el primer plenario de las comisiones terminara suspendido en medio de fuertes cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición.
La nueva reunión está convocada para las 15:30 y estará encabezada por Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa; Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal; y Juliana Santillán, presidenta de Relaciones Exteriores. Los bloques tuvieron tiempo hasta este lunes para proponer a los especialistas e invitados que participarán de la discusión, que también contempla la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo.
El nuevo encuentro estará atravesado además por los pedidos de expulsión contra Juan Grabois, presentados luego del episodio ocurrido durante el primer plenario. El diputado de Unión por la Patria protagonizó un fuerte intercambio con los legisladores oficialistas Gerardo Huesen y Jairo Guzmán, además de mantener cruces verbales con otros representantes de La Libertad Avanza.
Durante aquella reunión, Grabois se dirigió a Santillán como “tontita” y calificó a Zapata como “facho de mierda”, según consta en los fundamentos de los pedidos de sanción. El presidente del plenario decidió finalmente levantar la reunión ante la escalada del conflicto.
Ahora, Zapata buscará encauzar nuevamente el tratamiento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que tiene como uno de sus ejes centrales el régimen de sanciones frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El Gobierno había enviado el proyecto al Congreso en septiembre y planteó tres objetivos principales: sancionar la explotación considerada ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.
Quiénes participarán del debate
Para este martes fueron invitados Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini, doctor de la UBA en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella; Sergio Eissa, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín; y Raúl Gustavo Ferreyra.
También fueron convocados David Angueira, intendente de la Municipalidad de Punta Indio; Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales; Guillermo Carmona, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística; Fernando Morales, perito naval; y Victor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur.
El miércoles, en tanto, está previsto un nuevo plenario con representantes de la Casa Rosada. El canciller Pablo Quirno podría participar de esa reunión informativa.
Quirno sostuvo sobre el tratamiento legislativo: “Estamos haciendo un trabajo con seriedad para asegurar los fundamentos técnicos de una ley necesaria para defender la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Espero que todos los diputados tengan el mismo objetivo: una discusión respetuosa donde se analizan propuestas u objeciones para llegar a un mejor texto, como siempre hemos hecho. Pero en este tema en particular nos convoca la historia de Malvinas, su soberanía y su mejor defensa”.
Qué propone el proyecto sobre Malvinas
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca modificar el régimen vigente para endurecer las sanciones contra quienes desarrollen actividades relacionadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos correspondientes.
El texto sostiene que esos territorios forman parte del territorio nacional y plantea como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
De acuerdo con la presentación oficial del Gobierno, el proyecto se estructura sobre tres pilares: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
Uno de los cambios centrales consiste en la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio. La propuesta no se limita a las actividades vinculadas con hidrocarburos, sino que extiende su alcance a otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También incorpora consecuencias económicas para las personas y empresas que resulten sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de realizar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, con el objetivo de coordinar políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
El Gobierno ya había iniciado procedimientos administrativos contra personas y empresas a las que atribuye actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. En septiembre, la Casa Rosada informó la apertura de procedimientos contra 45 sujetos y posteriormente comunicó otros 15 casos adicionales.
Las críticas de la oposición y los reparos de aliados
El proyecto también generó cuestionamientos entre legisladores opositores. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana sostuvo que la iniciativa es una “farsa” y cuestionó que, a su entender, solamente el primer título esté vinculado directamente con Malvinas.
“Solo el Título Uno habla de Malvinas; los demás se refieren a medidas solicitadas por Estados Unidos, en el marco del ‘Escudo de las Américas’”, afirmó el legislador.
El excanciller también cuestionó la incorporación de cuestiones relacionadas con defensa, seguridad e inteligencia dentro de la misma iniciativa: “No se trata de Malvinas, sino de romper una tradición de la democracia argentina que es mantener separadas las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Es inaceptable”.
Entre los sectores aliados al oficialismo también existen pedidos de modificación. El MID espera que La Libertad Avanza acepte algunos de los cambios planteados durante el debate.
El diputado Eduardo Falcone, integrante de esa bancada, cuestionó particularmente el protocolo militar previsto en la iniciativa. “Lo he cuestionado porque no tiene en cuenta lo previsto en la Constitución Nacional sobre el control del Congreso ante eventuales acciones bélicas”, sostuvo.
Falcone también se refirió al episodio ocurrido durante el primer plenario y señaló que esperaba que los legisladores mantuvieran una discusión acorde con la importancia del tema. En ese marco, cuestionó tanto a diputados oficialistas que, según su interpretación, provocaron a los opositores como a Grabois por la reacción que tuvo durante el encuentro.
Los pedidos para expulsar a Grabois
El conflicto que terminó con la suspensión del primer plenario derivó además en dos pedidos para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados: uno presentado por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici y otro impulsado por el diputado de Provincias Unidas Sergio Capozzi.
Capozzi planteó que una eventual sanción debe basarse exclusivamente en hechos concretos y acreditados y no en apreciaciones vinculadas con el carácter, la salud o la pertenencia política del legislador.
En ese sentido, aclaró que no se cuestionan las posiciones de Grabois sobre Malvinas ni sus críticas al Poder Ejecutivo, sino que deberá determinarse si existió un “desorden de conducta” a partir de los agravios y de los cruces físicos registrados durante el plenario.
El pedido presentado por Capozzi se encuadra en el artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados y propone que la Presidencia conforme una comisión especial integrada por cinco miembros. Ese cuerpo debería investigar los hechos, determinar su entidad y presentar, dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde su constitución, una recomendación fundamentada sobre una eventual exclusión de Grabois u otra sanción disciplinaria.
Capozzi también remarcó que una eventual expulsión tendría efectos no solamente sobre el diputado alcanzado por la medida, sino también sobre la representación de los ciudadanos que lo votaron. Por ese motivo, sostuvo que una decisión de esa naturaleza debería contar con una justificación “particularmente rigurosa”.
Por su parte, la presentación de Silvana Giudici sostiene que Grabois habría expresado agravios reiterados contra las autoridades del plenario, otros diputados y personas presentes, y que su comportamiento habría contribuido a la interrupción definitiva de la reunión.
La legisladora sostuvo que el diputado de Unión por la Patria interrumpió el uso de la palabra a los gritos y luego avanzó, según su descripción, “en actitud de intimidación física directa” contra Gerardo Huesen, hasta que otros legisladores intervinieron.
El documento también hace referencia al intercambio con Juliana Santillán y al momento en que Grabois la calificó de “tontita”. Según el relato incorporado al pedido, cuando Zapata le solicitó que se disculpara, el diputado respondió: “la estoy describiendo, no la estoy insultando”.
Luego, después de que le cortaran el micrófono, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien decidió finalizar el plenario. La secuencia fue incorporada como fundamento de los pedidos de sanción.
Los pedidos invocan además el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece la facultad de cada Cámara para corregir o excluir a sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Para una expulsión se requiere el voto de dos tercios del total de los miembros.
Con estos antecedentes, Diputados volverá a reunir este martes a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para intentar retomar el tratamiento del proyecto sobre soberanía.
El objetivo declarado por los impulsores de la reunión es avanzar nuevamente con la discusión sobre Malvinas y escuchar las distintas posiciones antes de continuar con el análisis del texto. El desarrollo del plenario estará nuevamente condicionado por la disposición de los distintos bloques para sostener el debate legislativo luego de la fuerte confrontación que obligó a suspender el encuentro anterior.
