La sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados se mantiene, aunque los bloques opositores todavía no reúnen el quórum necesario. La Libertad Avanza busca incorporar restricciones a la venta de tierras a extranjeros en un proyecto sobre propiedad privada para reducir el respaldo al rechazo del decreto de Javier Milei.
A un día de la sesión convocada en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei, conocido como el “mega DNU”, la oposición todavía no tiene garantizados ni el quórum ni los votos necesarios para avanzar con su objetivo. En paralelo, La Libertad Avanza (LLA) prepara una última estrategia parlamentaria: incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros en otro proyecto para debilitar la iniciativa opositora.
La convocatoria para este jueves 15 de octubre se originó a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había restablecido la vigencia de la derogación de la Ley de Tierras, contemplada en el artículo 154 del mega DNU. Sin embargo, una semana después, los jueces del máximo tribunal revirtieron ese efecto mediante una nueva resolución. La decisión redujo el riesgo para el Gobierno de que se rechace definitivamente el decreto, considerado una de las bases de la gestión de Milei.
Con ese cambio judicial, también disminuyeron las posibilidades de que la oposición consiga los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y reúna los votos para rechazar el DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado el decreto en 2024, por lo que una decisión equivalente de la Cámara baja provocaría su caída definitiva.
Según fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional, los impulsores de la sesión cuentan actualmente con entre 118 y 120 diputados y consideran difícil alcanzar el número necesario.
Cómo está el conteo de votos de la oposición
Si todos los bloques que firmaron el pedido de sesión para el 15 de octubre asistieran sin ausencias, la convocatoria reuniría a los 92 diputados de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; dos de la Coalición Cívica; dos de Encuentro Federal; otros dos de Primero San Luis; Marcela Pagano, del monobloque Coherencia, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.
A ese grupo se suman los integrantes de Provincias Unidas, un espacio de 18 diputados que reúne a legisladores vinculados con distintos gobernadores y a representantes independientes. De ese bloque, solamente seis firmaron el pedido de sesión, precisamente aquellos que no cuentan con una referencia política directa en sus provincias. La presidenta del espacio, Gisela Scaglia, cercana al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no acompañó la convocatoria.
Con esos apoyos, la oposición reunía inicialmente 110 voluntades. Antes del último fallo de la Corte, también habían comprometido su presencia el jujeño Jorge Rizzotti y los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez, todos integrantes de Provincias Unidas.
A ellos se sumaron los tres diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil, y los cuatro legisladores misioneros de Argentina Federal, vinculados con Hugo Passalacqua. De esa manera, el cálculo llegó a 120 posibles presencias, todavía a nueve del quórum.
No obstante, en las últimas horas surgieron dudas sobre la asistencia de los representantes catamarqueños. Según fuentes parlamentarias citadas por iProfesional, dentro de los despachos donde se realizan las estimaciones de votos advirtieron que esos legisladores todavía no tienen una posición definida.
Los sectores opositores más críticos temen que la última resolución de la Corte Suprema modifique la postura de algunos diputados que parecían comprometidos con la sesión. En ese contexto, reconocen que el escenario ya era complicado antes del fallo y que ahora resulta todavía más difícil reunir los apoyos.
Los diputados que intenta sumar la oposición
Ante la falta de números suficientes, los impulsores del rechazo al decreto buscan atraer a otros legisladores de Provincias Unidas y Argentina Federal, cuyos posicionamientos están vinculados con los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz e Ignacio Torres, de Santa Fe, Córdoba, Salta y Chubut, respectivamente.
Ninguno de esos mandatarios anticipó públicamente la postura que adoptarán sus diputados. Sin embargo, dentro de la oposición consideran poco probable que se sumen a la sesión. Las posiciones de los bloques provinciales continúan siendo variables y los cálculos cambian de acuerdo con las conversaciones parlamentarias.
El martes por la noche, en el sector más crítico de Provincias Unidas señalaron que, en un momento, habían llegado a contabilizar 124 posibles asistentes, pero que luego el número volvió a bajar hasta ubicarse entre 118 y 120.
La oposición también deposita expectativas en la Marcha Federal Universitaria, prevista para el mismo jueves frente al Congreso, con la intención de que la movilización ejerza presión sobre los diputados que todavía no definieron su participación.
Además, los bloques incluyeron en el temario la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto de alivio para las familias endeudadas en mora. Buscan que el tratamiento de esas iniciativas incentive a algunos legisladores indecisos a acompañar la convocatoria, aunque reconocen que las expectativas son moderadas.
Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene conversaciones con varios gobernadores y legisladores dialoguistas. En ese marco, impulsó y acordó proyectos propios sobre esas mismas cuestiones para tratarlos en una nueva sesión prevista para el 21 de octubre. La estrategia oficialista apunta, precisamente, a reducir el respaldo de los sectores provinciales a la ofensiva opositora contra el mega DNU.
La estrategia de LLA con la Ley de Tierras
El Gobierno busca completar su maniobra este miércoles, menos de 24 horas antes de la sesión convocada para el jueves a las 14. La iniciativa consiste en avanzar con restricciones a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Para eso, el oficialismo convocó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de Diputados a las 16 para comenzar el tratamiento de la propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado. La intención es incorporar nuevamente las limitaciones vinculadas con la extranjerización de tierras.
De concretarse, las restricciones contempladas en la Ley de Tierras Rurales 26.737 quedarían incorporadas en el nuevo proyecto. El objetivo es evitar que una futura resolución judicial vuelva a habilitar la derogación de esa norma mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 y reabra la disputa parlamentaria en torno al decreto.
Con esta iniciativa, La Libertad Avanza pretende ofrecer una alternativa a los bloques dialoguistas que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que tampoco quieren votar contra un decreto que introdujo cambios en distintas áreas de la economía. La eventual caída del DNU, según los argumentos que atraviesan el debate parlamentario, podría generar un escenario de incertidumbre normativa.
La intención de avanzar con el proyecto de propiedad privada ya había quedado expuesta la semana anterior, cuando el oficialismo lo incorporó al temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. Ahora busca acelerar el dictamen en las comisiones para cerrar uno de los principales frentes de conflicto abiertos por la discusión sobre la Ley de Tierras.
El texto original presentado por el Gobierno proponía modificar esa legislación y eliminar el límite del 15% del territorio nacional, de cada provincia o de cada departamento que puede quedar en manos extranjeras. Durante las negociaciones, el oficialismo planteó conservar la restricción, pero elevarla al 25%. Como no consiguió el acuerdo necesario, finalmente retiró ese capítulo del proyecto.
Ahora, LLA pretende volver a incluirlo durante el tratamiento en Diputados, pero manteniendo el límite del 15% que establece la legislación vigente. La decisión busca reducir el riesgo de que la discusión sobre la extranjerización de tierras facilite el rechazo definitivo del mega DNU.
Como el proyecto deberá regresar al Senado para completar su tratamiento, introducir un porcentaje diferente también supondría un riesgo para la estrategia oficialista. El Gobierno busca evitar una nueva negociación sobre ese punto y, al mismo tiempo, disminuir las posibilidades de que la oposición reúna los apoyos necesarios para hacer caer el decreto.
El escenario parlamentario continúa abierto: mientras la oposición intenta conseguir el quórum para la sesión del jueves, el oficialismo procura cerrar un acuerdo sobre la Ley de Tierras que le permita restar apoyos a la iniciativa contra el DNU 70/2023.
