La Comisión de Legislación Penal de Diputados inició el tratamiento de 12 proyectos impulsados por cerca de treinta legisladores de diferentes espacios. El caso de una joven cuyo agresor fue detenido tras 14 años prófugo, pero sobreseído porque la causa había prescripto, volvió a exponer las dificultades que buscan resolver las iniciativas.
La detención de un hombre que permaneció prófugo durante 14 años y que luego fue sobreseído porque la causa había prescripto volvió a instalar el debate sobre los límites de la Justicia frente a los abusos sexuales cometidos durante la infancia. En ese contexto, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a estudiar 12 proyectos que buscan evitar que el paso del tiempo impida a las víctimas acceder a una respuesta judicial.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión, encabezó la semana pasada una reunión informativa para poner en marcha el análisis de las iniciativas. Los proyectos fueron firmados por cerca de treinta legisladores de distintos espacios políticos y presentan diferentes propuestas para abordar la problemática.
Ante la cantidad de textos y la diversidad de sus planteos, los integrantes de la comisión comenzaron a trabajar en la búsqueda de puntos de coincidencia que permitan elaborar una propuesta común, en lugar de avanzar con el tratamiento individual de cada iniciativa.
“Estamos frente a un tema que no tiene color político. Hay doce proyectos de legisladores de distintos espacios y todos coinciden en lo esencial: el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para que una víctima de abuso sexual cometido durante su minoría de edad sea escuchada por la Justicia”, afirmó Rodríguez Machado al abrir el encuentro.
El caso de Yamila Segovia y su hermana
Uno de los casos que volvió a poner en discusión la problemática es el de Alberto Martín del Valle, quien fue detenido en agosto pasado luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. El hecho ocurrió en 2009 y la víctima quedó embarazada.
Del Valle, de 56 años, fue encontrado en Florencio Varela después de una investigación y distintas tareas de inteligencia. El hombre tenía un pedido de captura vigente desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
La detención fue posible gracias a las gestiones de Yamila Segovia, hermana y abogada de la joven. Sin embargo, el arresto no evitó que la causa fuera declarada prescripta en primera instancia.
El juez de Garantías Guillermo Mércuri entendió que la acción penal se encontraba extinguida y dispuso el sobreseimiento de Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto.
Frente a esa resolución, la abogada apeló ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.
Los proyectos que se analizan en Diputados
La discusión legislativa tiene como uno de sus principales ejes establecer la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad. También contempla revisar los mecanismos de suspensión e interrupción de los plazos de prescripción.
Las iniciativas presentan diferentes alternativas para modificar estos aspectos. Durante la reunión informativa, los diputados que impulsaron los proyectos contaron con unos minutos para explicar sus fundamentos y señalar posibles coincidencias. Los integrantes de la comisión también formaron parte del intercambio.
Entre las propuestas se encuentra la presentada por la diputada María Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, quien defendió una reforma parcial del Código Penal relacionada con el agravamiento de las penas y la prescripción de los delitos contra la integridad sexual.
“Nuestro proyecto propone una reforma parcial del Código Penal, en cuanto al agravamiento y prescripción de penas por delitos contra la integridad sexual”, explicó la legisladora.
Luego detalló uno de los puntos centrales de su iniciativa: “Establecemos incorporar un nuevo artículo, el 62 bis, para establecer que la acción penal para delitos sancionados con pena de prisión perpetua sea imprescriptible”.
Rodríguez Machado también destacó la importancia de alcanzar acuerdos entre los distintos bloques para avanzar con una propuesta legislativa. “Nuestra tarea es buscar el mayor consenso posible para llegar a una solución concreta para las víctimas. Cuando las víctimas están en el centro, las diferencias se ordenan y se puede construir un texto común”, sostuvo.
De los 12 proyectos que se encuentran bajo análisis, seis fueron presentados durante 2025 y los otros seis ingresaron en 2026.
Entre las iniciativas de este año figuran las impulsadas por Damián Arabia, Marcelo Mango, Pablo Juliano, Luciana Potenza y Luis Petri. A esa lista se suma una propuesta presentada por la propia titular de la comisión junto con Nancy Picón Martínez, María Virginia Gallardo, Carolina Basualdo, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Sabrina Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo, María Gabriela Flores y Yolanda Vega.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, planteó la necesidad de establecer que los delitos de abuso sexual contra menores no prescriban y que se suspenda el cómputo de los plazos cuando el acusado permanece prófugo o en situación de rebeldía.
Por su parte, Damián Arabia presentó los alcances de su iniciativa y sostuvo: “Venimos a proponer este proyecto de imprescriptibilidad de los delitos castigados con prisión perpetua, a proponer la ampliación de la imprescriptibilidad para delitos con penas temporales, y la interrupción de la prescripción por rebeldía o fuga. Creemos que hace falta aumentar las penas”.
Cómo seguirá el debate legislativo
En los próximos encuentros, la comisión tiene previsto convocar a expositores y especialistas para profundizar el análisis de las distintas propuestas.
Una vez que se alcance un criterio unificado en materia penal, se realizará un plenario junto con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. La intención es continuar el tratamiento de los proyectos y avanzar en la construcción de un texto que reúna los consensos necesarios para modificar el régimen de prescripción de estos delitos.
