Los transportistas bolivianos recibieron penas de cuatro años y ocho meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en una maniobra detectada en la frontera salteña. La carga, distribuida en 191 tambores, tenía como destino final la ciudad de Cochabamba y era transportada con documentación adulterada.
Dos camioneros de nacionalidad boliviana fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar contrabandear más de 35 toneladas de acetato de etilo, una sustancia química sometida a controles especiales debido a su posible utilización en la elaboración de clorhidrato de cocaína. El procedimiento que permitió detectar la maniobra se realizó en marzo de 2026, en el paso internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta.
El cargamento estaba compuesto por 191 tambores y tenía como destino final la ciudad boliviana de Cochabamba, de acuerdo con la documentación comercial incorporada a la investigación. Sin embargo, los camiones se presentaron en un puesto fronterizo diferente del autorizado y sus conductores exhibieron permisos que, según determinó la pesquisa, habían sido modificados para aparentar que el traslado cumplía con los requisitos legales.
El 22 de octubre, la jueza Marta Liliana Snopek, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó los acuerdos plenos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas. La resolución estableció las condenas de Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados.
Ambos reconocieron la existencia de la maniobra, su participación y la calificación legal planteada por la acusación. De esta manera, fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos en grado de tentativa, cometido mediante el uso de documentación adulterada.
La sentencia también contempló el concurso ideal con el delito de ingreso a una zona de frontera sin la autorización correspondiente. Además, dispuso el decomiso de los teléfonos celulares secuestrados y de la sustancia transportada. En el caso de Puma García, la medida incluyó el tractor del camión y el semirremolque utilizados para trasladar el cargamento.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada Orán. En el expediente también participaron la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena.
El operativo en la frontera salteña
El procedimiento que dio origen a la causa tuvo lugar el 16 de marzo de 2026, cuando efectivos de Gendarmería Nacional inspeccionaron dos camiones de transporte internacional en el paso fronterizo Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos intentaban salir de Argentina con destino a Bolivia y trasladaban un total de 35.144 kilogramos de acetato de etilo.
La sustancia se encontraba distribuida entre ambos rodados: uno transportaba 95 tambores y el otro llevaba los 96 restantes. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el valor de la mercadería alcanzaba los $167.608.459.
La documentación presentada por los conductores establecía que el producto debía salir del país por el paso internacional de Salvador Mazza, ubicado en el norte de Salta, antes de continuar su recorrido hacia Bolivia. No obstante, los camiones llegaron a Aguas Blancas luego de circular por rutas del norte y del litoral argentino.
La diferencia entre el trayecto autorizado y el recorrido realizado fue una de las primeras irregularidades detectadas por las autoridades. Posteriormente, las consultas ante el organismo competente permitieron establecer que las patentes de los camiones tampoco estaban habilitadas para la operación declarada por los transportistas.
Durante el control, Nina González y Puma García entregaron documentación comercial, permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos y una autorización de tránsito internacional. Sin embargo, la comparación de esos papeles con los registros oficiales reveló que los datos exhibidos no coincidían con los correspondientes a la autorización emitida.
La documentación adulterada y el recorrido del precursor químico
De acuerdo con la investigación fiscal, para concretar el traslado se habría utilizado un documento que simulaba pertenecer al sistema de Gestión Documental Electrónica. Mediante ese mecanismo se incorporaron las patentes de los vehículos que finalmente transportaban el acetato de etilo.
La maniobra tenía como objetivo otorgarle una apariencia de legalidad a una operación que no respetaba ni los camiones ni el punto de salida del país establecidos en los permisos originales.
A partir de las inconsistencias detectadas, las autoridades ordenaron la detención de los dos conductores y el secuestro de los vehículos y de la totalidad de la carga. Más tarde, un peritaje realizado por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la sustancia transportada era acetato de etilo.
La investigación también permitió establecer que el producto había ingresado a Argentina desde Uruguay y que su destino final era Bolivia. La operatoria comercial bajo análisis involucraba a distintas empresas: Melinor S.A., identificada como la primera firma transportista, y Cooperativa Tarija del Sur SRL.
En la documentación también figuraba como compradora Southpac Corporation, una entidad con domicilio en Panamá. Por su parte, la firma señalada como receptora final era Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Durante la audiencia de control de la acusación, realizada a fines de septiembre, la Fiscalía presentó el recorrido de la investigación y detalló las irregularidades encontradas. Los elementos reunidos permitieron relacionar el cargamento incautado en Salta con una estructura comercial que involucraba a empresas de al menos tres países.
Cooperación internacional y depósitos sin habilitación
La causa también avanzó a partir de información obtenida mediante mecanismos de cooperación internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad coordinó consultas con autoridades de Bolivia a través de la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica, que forma parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
El intercambio de información permitió incorporar documentación correspondiente a una investigación que se desarrollaba en territorio boliviano. En el marco de ese expediente se habían realizado allanamientos en distintos depósitos donde se almacenaba acetato de etilo, entre ellos uno ubicado en Cochabamba y vinculado con la empresa identificada como destinataria final del cargamento interceptado en Salta.
Las medidas realizadas en ese país determinaron que ese establecimiento no contaba con habilitación para almacenar sustancias químicas. El dato reforzó las sospechas sobre un posible desvío del precursor químico que había ingresado desde Uruguay y que luego intentó cruzar la frontera argentina con destino a Bolivia.
Con la homologación de los acuerdos, quedaron establecidas las condenas de cuatro años y ocho meses de prisión para Nina González y Puma García, además del decomiso de los bienes secuestrados durante el procedimiento.
La investigación permitió documentar el uso de permisos adulterados y la elección de un recorrido diferente del autorizado para trasladar una sustancia sometida a fiscalización especial.
