Con la excusa ridícula del espionaje, el Gobierno bloqueó el ingreso de periodistas justo cuando un magnate de Silicon Valley entró a Balcarce 50 por la puerta grande.
La democracia argentina vive una jornada de oscuridad absoluta tras la orden directa de Javier Milei de prohibir el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Mientras la policía y la Casa Militar daban de baja las huellas dactilares de los cronistas en las rejas de entrada, por los pasillos caminaba Peter Thiel, el dueño de Palantir, en una visita blindada que huele a entrega de recursos estratégicos y soberanía nacional sin testigos molestos.
La excusa del «espionaje ilegal» por un informe televisivo grabado con lentes inteligentes es tan floja que no se la cree nadie. Curiosamente, el Gobierno esperó cuatro días para reaccionar, haciéndolo coincidir exactamente con el desembarco del magnate vinculado a Donald Trump. ¿Qué es lo que no querían que se vea? El hostigamiento ya es una marca registrada: mientras afuera los periodistas montan redacciones en bares, adentro se cierran acuerdos por recursos naturales de la Patagonia que nos condicionarán por décadas.
No se trata solo de seguridad; es una cortina de humo perfecta para tapar los escándalos de corrupción que salpican al Jefe de Gabinete y otros ministros. Milei no solo ordenó el cierre de la Sala de Periodistas, sino que salió a festejar la movida en redes sociales, tratando de «basuras inmundas» a quienes tienen la tarea de informar. Es el ataque más violento contra la libertad de expresión desde 1983, ejecutado por quienes dicen amar la libertad pero le temen a las preguntas.
La oposición y los organismos de prensa como ADEPA y FOPEA ya pusieron el grito en el cielo ante este atropello inédito. Diputados de diversos bloques se presentaron en la puerta de Balcarce 50 para exigir explicaciones, pero solo encontraron silencio y rejas. ¿Hasta cuándo se va a tolerar que el Ejecutivo elija a dedo quién entra y quién sale del edificio que es de todos los argentinos?
El blindaje de la Rosada marca un precedente peligrosísimo: hoy son los periodistas, mañana puede ser cualquiera que ose cuestionar el relato oficial. El debate sobre el derecho a la información está más caliente que nunca y la sociedad exige saber qué se pactó hoy a escondidas.
