La administración de Donald Trump analiza ampliar los operativos de control migratorio en empresas y centros laborales. El objetivo es incrementar las detenciones de inmigrantes indocumentados, aunque la iniciativa genera preocupación por su posible impacto en sectores clave de la economía.
El gobierno de Estados Unidos trabaja en un plan para intensificar los controles migratorios en los lugares de trabajo como parte de su estrategia para aumentar las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
Según trascendió, funcionarios de distintas agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia, mantienen reuniones para coordinar una política que permita ampliar los operativos sin afectar gravemente a industrias como la construcción, la agricultura y la manufactura, que dependen en gran medida de mano de obra migrante.
Desde la Casa Blanca aseguraron que no se trata de una nueva política, sino de la continuidad de investigaciones penales vinculadas a delitos como fraude documental, robo de identidad y otras irregularidades relacionadas con el empleo.
Las autoridades explicaron que las futuras acciones surgirán como consecuencia de esas investigaciones y que también buscarán reforzar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los empleadores al momento de contratar personal.
Un debate que divide
Los sectores más duros en materia migratoria consideran que los controles en los lugares de trabajo son fundamentales para cumplir con la promesa de reducir la inmigración ilegal y aumentar las deportaciones.
Sin embargo, empresarios y especialistas advierten que una ofensiva de este tipo podría generar complicaciones para actividades económicas que enfrentan dificultades para cubrir puestos laborales.
En los últimos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó la cantidad de detenciones diarias, mientras el Gobierno busca sostener un ritmo superior al registrado en meses anteriores.
Investigaciones complejas
Los operativos en empresas suelen requerir meses de preparación. Las investigaciones incluyen auditorías sobre la documentación migratoria de los empleados y, en caso de detectarse irregularidades, pueden derivar en causas penales y detenciones.
Por el momento, el alcance definitivo del plan todavía no fue confirmado y las autoridades continúan evaluando cómo implementar las nuevas medidas.
