El oficialismo avanzará con un proyecto que redefine criterios de atención y busca mayor intervención del Estado en el sistema.
La Casa Rosada se prepara para enviar al Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental que pondrá el foco en la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y en la reorganización del sistema.
El anuncio fue anticipado por el jefe de Gabinete, quien confirmó que la iniciativa será presentada en breve. El texto se encuentra en revisión final y contempla cambios estructurales en la normativa vigente. Uno de los puntos centrales es la redefinición de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto habilita intervenciones más rápidas en casos de riesgo, con controles posteriores que buscan equilibrar la urgencia médica con las garantías legales. Además, se plantea sustituir el actual esquema de control, criticado por su perfil jurídico, por un modelo con mayor presencia de profesionales de la salud. Esto responde a reclamos de especialistas que advertían sobre dificultades en la toma de decisiones clínicas. La propuesta también revisa el paradigma que impulsaba el cierre de hospitales psiquiátricos. Desde el Ejecutivo sostienen que las limitaciones de infraestructura en hospitales generales obligan a mantener dispositivos especializados. Otro aspecto relevante es la desigualdad territorial en la atención. El Gobierno reconoce que la implementación de la ley es dispar y propone medidas para ampliar la cobertura en zonas con menos recursos.
Con una demanda creciente de atención psicológica y psiquiátrica, el debate promete instalarse en el Congreso, donde el oficialismo apuesta a reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma.
