La Cámara alta dio luz verde al proyecto oficialista para saldar compromisos en default con los grupos de inversión Attestor Master Value y Bainbridge Fund.
La iniciativa, validada por los tribunales de Nueva York, enfrenta ahora una carrera contra el reloj en la Cámara de Diputados para evitar la caducidad del acuerdo antes del 30 de junio.
El Senado de la Nación convalidó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza el pago de u$s171 millones destinado a cancelar títulos soberanos en situación de default. Los beneficiarios de la medida son los fondos de inversión de riesgo Attestor Master Value —con radicación en las Islas Caimán y litigios activos desde 2014— y Bainbridge Fund, corporación que rechazó sistemáticamente los canjes de reestructuración previos y sostiene una disputa judicial contra la República Argentina en los tribunales estadounidenses desde el año 2016.
El convenio en cuestión cuenta con el aval de la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien dictó su aprobación el pasado mes de marzo. La urgencia parlamentaria radica en que el entendimiento entre el Estado y los acreedores perderá su vigencia legal de manera definitiva el próximo 30 de junio. Tras haber regresado provisionalmente a las comisiones de asesoramiento técnico en mayo debido a modificaciones en el listado de bonos elegibles y alteraciones en las fechas de vencimiento, la iniciativa parlamentaria deberá obtener dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y su posterior sanción en el recinto antes del plazo fijado por los tribunales extranjeros.
El documento girado a la Cámara baja cuenta con el refrendo del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a los apoderados legales de las firmas demandantes, entre los que figuran Friedrich Andreae (Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC), Melanie Davidson (Brybrook Capital Hazelton) y Rubén Kliksberg (White Hawthorne). Durante la misma jornada legislativa, el pleno del Senado aprobó una serie de pliegos judiciales, destacándose la ratificación de la postulación de Verónica Michelli, cuya designación había sido inicialmente cuestionada por el Poder Ejecutivo debido a vínculos de parentesco con el ámbito periodístico.
Asimismo, la actividad legislativa estuvo marcada por el debate en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto definitivo incluyó la remoción del Capítulo III, una reforma que pretendía derogar cláusulas de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y que habilitaba la ejecución de desalojos inmediatos. En contrapartida, se ratificaron modificaciones sustanciales al régimen de protección del dominio nacional sobre tierras rurales (Ley 26.737) y se introdujeron criterios restrictivos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para la aplicación de la Ley de Expropiaciones vigente.
