En la previa de los posibles acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada apuesta por impulsar iniciativas de bajo perfil pero con impacto directo. Entre ellas aparecen la reducción del IVA para la mandioca y cambios en el régimen de banquinas, como parte de una estrategia para recomponer relaciones tras los roces por los pliegos judiciales y el traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En medio de las negociaciones por los principales proyectos del Gobierno y ante la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada decidió recuperar iniciativas de menor exposición pública pero con impacto directo en distintos sectores.
La estrategia apunta a recomponer el vínculo con los aliados luego de los últimos cruces políticos, entre ellos los relacionados con los pliegos judiciales y el traspié que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La intención del oficialismo es darle impulso a proyectos que permanecían en el “archivo” de sectores opositores dialoguistas y gobernadores, como una señal política después de los malos resultados obtenidos con la Ley de Tierras, la normativa vinculada al manejo del Fuego y la discusión por los pliegos de jueces.
El Ejecutivo persigue un doble objetivo. Por un lado, busca priorizar iniciativas que puedan generar resultados concretos y rápidos para la población, en lugar de concentrarse exclusivamente en grandes paquetes de reformas, con excepción de aquellas que ya se encuentran en marcha.
En este escenario preelectoral, el Gobierno pretende orientar parte de su agenda parlamentaria hacia temas considerados más “tangibles” y, al mismo tiempo, reconstruir puentes con los partidos que suelen acompañar algunas de sus iniciativas.
El objetivo central es mejorar la relación con esos espacios para facilitar el respaldo a proyectos que el oficialismo considera prioritarios. Entre ellos aparece la reforma del Banco Central, señalada como uno de los principales objetivos de Javier Milei para este año, además de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
A la vez, en el Gobierno consideran que avanzar con estas iniciativas puede funcionar como un gesto de cara a futuros acuerdos electorales.
La idea había sido planteada por Patricia Bullrich a la Casa Rosada, aunque recién tomó fuerza después de los tropiezos registrados durante la última semana, como una forma de descomprimir el vínculo con los bloques dialoguistas tras un período de tensión política.
La estrategia tiene dos objetivos concretos: mostrar gestión a través de medidas de bajo costo político y alto impacto territorial, y recomponer relaciones después de los conflictos recientes.
Uno de los principales desencuentros se produjo a partir de los pliegos judiciales, cuando Bullrich debió romper el acuerdo alcanzado con los jefes de bloque para avanzar con el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A ese episodio se sumó la falta de respaldo suficiente al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger. La iniciativa tuvo dificultades en el Senado y dejó expuesta la falta de coincidencias entre el Gobierno y varios gobernadores.
Los proyectos que busca recuperar el Gobierno
Entre las iniciativas de menor exposición pero con impacto directo sobre las economías regionales aparece el proyecto que propone reducir el IVA aplicado a la harina y la fécula de mandioca, del 21% al 10,5%.
La propuesta fue impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Encuentro Misionero, y busca equiparar el tratamiento tributario de esos productos con el que recibe la harina de trigo. Según sus impulsores, la medida beneficiaría principalmente a los productores de Misiones.
Otro de los proyectos que el oficialismo evalúa impulsar es la denominada “ley de banquinas”, presentada por el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba. La iniciativa propone modificar el régimen vigente para permitir la siembra en los sectores ubicados a la vera de las rutas y, al mismo tiempo, acercar posiciones con sectores vinculados al campo.
También aparece la ley de electromovilidad, impulsada por Cristian Ritondo, luego del acuerdo entre YPF y Tesla.
En el Senado, además, consideran que el proyecto de Ley de Salud Mental podría generar rédito político para el oficialismo, incluso en el marco de las diferencias que mantiene con sectores de la oposición más dura.
La estrategia para acercar las reformas a la sociedad
En paralelo, el Gobierno buscará reforzar la comunicación de aquellos proyectos que resultan menos visibles para el ciudadano común, con el objetivo de explicar de manera concreta cuáles serían sus efectos.
Ese será el caso de la Ley de Mercado de Capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar como una de las prioridades dentro del paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger y que fue presentado durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
Según trascendió del encuentro, la propuesta busca “democratizar el capital” mediante una ampliación de las alternativas de financiamiento disponibles para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa apunta a que las compañías puedan acceder a mecanismos como la emisión de acciones u obligaciones negociables, reduciendo así su dependencia exclusiva del crédito bancario.
De esta manera, mientras el Gobierno mantiene en agenda sus principales reformas económicas, la estrategia parlamentaria también empieza a incorporar proyectos impulsados por aliados y sectores dialoguistas, con la mira puesta tanto en recomponer acuerdos políticos como en fortalecer el respaldo legislativo de cara a los próximos desafíos.
