El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica pidió a la UIF que abra un expediente para analizar la evolución patrimonial de Manuel Adorni y de su esposa.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se inicie un expediente de inteligencia financiera destinado a examinar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
La solicitud fue enviada al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, y busca que el organismo analice el origen de los bienes declarados por el funcionario ante la posible existencia de fondos cuya procedencia no haya sido debidamente justificada. En caso de detectarse irregularidades, el planteo apunta a que se impulse una denuncia penal por presunto lavado de activos.
El requerimiento del CIPCE toma como punto de partida la declaración jurada correspondiente al período 2025 presentada recientemente por Adorni.
Según el documento analizado, durante su desempeño en funciones públicas se concretó la compra de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en noviembre de 2024, y la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito durante noviembre de 2025.
El director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, sostuvo el pedido a partir de una serie de elementos que, según indicó, presentan inconsistencias patrimoniales y financieras.
Entre los aspectos señalados aparecen la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, la utilización de vuelos privados compartidos con contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas de manera extraoficial con personas que no tendrían capacidad económica declarada para concretarlas.
La presentación también incorpora testimonios surgidos en el ámbito de la Justicia federal que indican que al menos una de las operaciones inmobiliarias habría sido escriturada por un valor inferior al real con el objetivo de reflejar montos menores a los efectivamente abonados.
Otro de los elementos incluidos en el planteo son las declaraciones realizadas por el propio Adorni durante una entrevista televisiva en LN+, donde explicó el origen de parte de los ahorros familiares.
En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que había omitido por error en las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024 que los ahorros de su grupo familiar, estimados en unos 500 mil dólares, provenían de mecanismos informales de ahorro.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos”, había manifestado durante esa entrevista.
Desde la organización especializada en delitos económicos señalaron además que la adhesión de Adorni al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro de la denominada ley de “Inocencia Fiscal” no limita las atribuciones de la UIF para realizar controles y auditorías.
En ese sentido, recordaron que la normativa vigente establece mecanismos de debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas (PEP), debido al riesgo potencial de hechos vinculados a la corrupción.
El pedido también plantea que la UIF avance de manera urgente en el cruce de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y con entidades del sistema financiero para verificar movimientos y registros patrimoniales.
La solicitud se produce en paralelo al monitoreo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene sobre la Argentina para evaluar los mecanismos de prevención, control y detección del lavado de dinero dentro del Estado.
