Un agente de seguridad que se desempeñaba en las sedes judiciales de Santa Fe terminó bajo arresto y formalmente procesado tras ser acusado de cometer ultrajes sexuales contra siete de sus sobrinos, quienes manifestaron haber padecido estas agresiones cuando eran menores de edad.
El expediente penal se inició formalmente a partir de la declaración de una joven que describió los vejámenes sufridos cuando tenía entre 13 y 15 años de edad, una acción judicial que terminó revelando que siete de un total de ocho hermanos afirmaron haber pasado por padecimientos de igual naturaleza.
El origen de las actuaciones por delitos contra la integridad sexual
De acuerdo con las exposiciones de los damnificados, los ultrajes se perpetraban en un inmueble localizado en el barrio Guadalupe de la capital santafesina, residencia donde habitaba la abuela de los afectados en conjunto con el propio implicado.
La denunciante original detalló que los ataques acontecían en momentos en que pernoctaba o concurría de visita a la propiedad de la familia. Asimismo, en su comparecencia formal, manifestó que conjeturaba que no se trataba de un caso aislado dirigido solo hacia ella, dado que presentía que sus propios hermanos podían haber atravesado por idénticos ultrajes.
Con sustento en ese testimonio primario, los órganos de la fiscalía resolvieron citar al resto de los hermanos, constatando de este modo que la totalidad de ellos apuntaba de forma directa hacia el mismo atacante. Las autoridades judiciales comunicaron que los damnificados ignoraban por completo que los demás integrantes de la hermandad también habían sido víctimas de estos abusos, determinando que la presentación penal inicial actuara como una concreta «reacción en cadena» que facilitó la reconstrucción de este estremecedor escenario intrafamiliar.
Conforme a lo aseverado por los propios denunciantes, las situaciones abusivas tomaban lugar en el marco de supuestos entretenimientos familiares o mientras se encontraban observando largometrajes cinematográficos. A su vez, los afectados ratificaron que el uniformado recurría al uso de amenazas directas con el claro propósito de obligarlos a mantener un estricto silencio.
Las resoluciones dictadas por los tribunales
En el transcurso de la audiencia penal desarrollada este martes, los funcionarios fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, en su carácter de agentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentaron los elementos probatorios acopiados hasta la fecha y requirieron formalmente que el procesado continuara privado de su libertad.
Por su parte, el magistrado Nicolás Falkenberg rechazó dicho planteo respecto de al menos uno de los sucesos bajo pesquisa y ordenó la prisión preventiva del acusado.
