El escenario político actual encuentra al Ejecutivo nacional en un estado de extrema alerta debido a dos problemáticas concurrentes que sacuden los despachos de Balcarce 50: el destino de las elecciones primarias y las derivaciones del escándalo en torno a Manuel Adorni dentro de la estructura militante.
En la sede de Gobierno existe el convencimiento de que modificar el sistema de votación actual resulta indispensable para estructurar la estrategia con miras a la reelección de Javier Milei. Los funcionarios manifiestan su inquietud ante la posibilidad de afrontar una contienda preliminar donde el mandatario compita sin rivales internos, mientras el arco opositor sume adhesiones en todas sus expresiones.
La urgencia de la reforma y el temor al impacto financiero
Ciertos sectores del Poder Ejecutivo afirman de manera categórica que la continuidad del proyecto presidencial está atada a la concreción de los cambios normativos en el Congreso. Aunque los plazos estipulados originalmente por los armadores oficiales —fijados para antes del inicio del Mundial, el pasado 11 de junio— ya expiraron sin lograr la aprobación en el Senado, la conducción nacional sostiene que el proyecto sigue en pie. La determinación interna es total y se comprometerán los recursos que hagan falta para destrabar la iniciativa, considerada una prioridad absoluta.
La mayor fuente de zozobra radica en el funcionamiento de las PASO como un test electoral anticipado. En las filas oficiales se evalúa el riesgo de que los resultados actúen como un detonante de inestabilidad en los mercados financieros, especialmente si Milei cosecha un porcentaje de entre el 34% y el 38% mientras el peronismo y los demás espacios opositores logran superarlo de manera conjunta.
La perspectiva cambia drásticamente en los análisis de la Casa Rosada si se prescinde de las primarias: proyectan que, en un contexto de polarización directa en las generales, el jefe de Estado podría quebrar el techo de los 40 puntos, evitando la exposición que supondría una medición intermedia desfavorable.
Para torcer el rumbo legislativo, Eduardo “Lule” Menem —subsecretario de Gestión Institucional y pieza clave en el despliegue nacional de La Libertad Avanza conducido por Karina Milei— lidera las acciones operativas. En simultáneo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales con el objetivo de sellar los apoyos legislativos indispensables.
Ante las dificultades, el oficialismo ya evalúa alternativas intermedias a la anulación total, ganando terreno la propuesta de transformar las PASO en un mecanismo de participación opcional. Esto eximiría de concurrir a los partidos que no presenten disputas de candidaturas y configuraría una herramienta de negociación útil frente a los bloques provinciales, la Unión Cívica Radical, el PRO y los gobernadores.
Aunque algunos funcionarios intentan relativizar las amenazas argumentando que la solidez del núcleo de apoyo de Milei impedirá una debacle de mercados similar a la sufrida por la gestión de Cambiemos en 2019 tras las primarias de aquel año, el consenso generalizado pasa por no someter la economía ni el desarrollo de la campaña a imponderables. En este marco de pacificación de frentes internos, asoma la figura de Patricia Bullrich como una fuerte opción para acompañar al Presidente en la fórmula vicepresidencial, con miras a arribar al año de votación con consensos provinciales firmes y una estructura monolítica.
Malestar territorial y el desgaste en el despliegue de las bases
El flanco de conflicto complementario se localiza en los armados provinciales. Operadores y funcionarios del espacio recogen de manera sistemática los reclamos de los militantes del interior del país afectados por las repercusiones del caso Adorni. Estos referentes locales son quienes sostienen las actividades proselitistas en pueblos y ciudades, enfrentando directamente los cuestionamientos y reclamos económicos de la ciudadanía en la vía pública.
En las esferas oficiales se comentan episodios donde los militantes reciben dinero de manera irónica por parte de los vecinos bajo la consigna de que sea entregado al jefe de Gabinete. Más allá del malestar por las provocaciones, la complicidad estriba en la carencia de lineamientos argumentales creíbles para blindar la figura del funcionario en el territorio, provocando un sentimiento de desamparo discursivo en los cuadros de base.
A pesar de que este malestar aún no se tradujo en reclamos institucionales hacia la Presidencia o hacia Karina Milei, la preocupación escala entre los encargados de la construcción partidaria en las provincias, justo en momentos donde se busca robustecer la capilaridad del sello de cara al mediano plazo.
En el plano del gabinete, la postura mayoritaria se inclina por propiciar el apartamiento de Manuel Adorni. La reciente entronización de Adrián Ravier en el rol de portavoz de la Presidencia fue recibida con beneplácito en los ministerios, interpretándose como una oportunidad para encauzar la comunicación institucional hacia los logros de gestión y reformas económicas, cancelando las recurrentes consultas sobre la evolución patrimonial del jefe de ministros.
El mandatario nacional contemplaría un desplazamiento del jefe de Gabinete únicamente si comprueba que la permanencia del funcionario bloquea el avance de las leyes clave en el Parlamento, ámbito donde ya se tramitan pedidos de interpelación y eventuales mociones de censura en su contra. De todas formas, la falta de un recambio nítido y la protección de la que goza Adorni ante el binomio gubernamental de los hermanos Milei sugieren, según fuentes gubernamentales, que se buscará sostenerlo en sus funciones el mayor tiempo posible.
