El Parlamento sumó un nuevo hito al debate en torno al cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas en períodos anteriores y la competencia de las estructuras legislativas para convalidar tales determinaciones.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles fuerza legal a la autorización para girar un total de 171 millones de dólares a dos firmas de inversión que sostienen demandas legales contra la República Argentina, derivadas de los títulos públicos en cesación de pagos desde el año 2001.
La medida obtuvo luz verde mediante un tablero que registró 139 voluntades a favor, 97 posiciones en contra y ninguna abstención. Con este resultado, el texto aprobado faculta formalmente la puesta en marcha de los entendimientos alcanzados con las firmas corporativas Bainbridge Ltd. y el conglomerado de acreedores que comanda Attestor Value Master Fund LP. Ambos procesos tramitan ante tribunales de jurisdicciones extranjeras a raíz de las sucesivas reestructuraciones del pasivo soberano nacional.
Los términos del esquema técnico de cancelación
El beneficio otorgado de manera directa a Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP contempla un mecanismo de liquidación que aplica una deducción superior al 30 por ciento respecto al monto nominal fijado en los dictámenes dictados originalmente por la justicia externa.
Según el diseño de las cuotas pautadas para esta operación, las arcas del Estado argentino destinarán una suma de 67 millones de dólares para el primer fondo mencionado, mientras que los restantes 104 millones de dólares se encauzarán para saldar los reclamos del segundo grupo. La transacción administrativa se ejecutará bajo la modalidad técnica denominada «Entrega contra Pago» e incluye, con carácter taxativo, una salvaguarda de carácter jurídico identificada como cláusula de standstill. Esta disposición impide de forma absoluta que las contrapartes promuevan demandas adicionales o interfieran en el normal desarrollo de las gestiones financieras del país en plazas internacionales.
Desde las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional señalaron con firmeza que el respaldo de los legisladores constituye un paso indispensable para dar por concluidas las pesquisas que dichas firmas llevaban adelante sobre los activos pertenecientes al patrimonio público argentino.
Suspensión del rastreo de bienes estatales y vigencia del pacto
La promulgación y consecuente entrada en vigor de esta normativa determinará la finalización de los procedimientos judiciales de auditoría e identificación de recursos públicos, conocidos formalmente en la jerga como procesos de Discovery. Estas acciones apuntaban a recolectar información e intervenir sobre cuentas en entidades bancarias, estructuras ligadas a privatizaciones y diversas propiedades soberanas situadas fuera del territorio argentino. El instrumento del convenio, refrendado de puño y letra por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en conjunto con los apoderados legales de las corporaciones demandantes, establece un límite temporal de validez fijado para el próximo 30 de junio.
