El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para cancelar parte de la deuda que mantiene con empresas constructoras por obras públicas paralizadas.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, propone el pago mediante bonos del Tesoro, aunque el monto disponible representa apenas una parte de lo que reclama el sector.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) aseguran que las acreencias superan los $400.000 millones, mientras que algunas empresas estiman que, sumando intereses, la deuda ya ronda los $600.000 millones.
Cómo es el plan del Gobierno
El nuevo Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública fue aprobado mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
El esquema contempla un cupo máximo de $221.119 millones para cancelar obligaciones mediante la entrega de títulos públicos.
Las empresas deberán optar entre aceptar el pago con bonos o continuar con los reclamos administrativos y judiciales para intentar cobrar el total de la deuda.
Además, el plazo para adherirse será de apenas 10 días hábiles, y las solicitudes serán aceptadas por orden de presentación hasta agotar el cupo disponible.
Qué bonos ofrecerá Economía
La propuesta incluye tres instrumentos financieros del Tesoro Nacional:
- LECAP S30O6, con vencimiento el 30 de octubre.
- BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027.
- BONCAP T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027.
Podrán adherirse empresas con contratos de obra pública bajo la Ley 13.064 y proyectos financiados por organismos multilaterales.
Los reclamos de las constructoras
El régimen contempla deudas correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales, redeterminaciones de precios y contratos extinguidos entre 2022 y 2025.
Sin embargo, el sector cuestiona que el monto ofrecido cubre solo una parte de las acreencias y critica las condiciones impuestas para acceder al cobro.
Entre los principales cuestionamientos figura la obligación de presentar toda la documentación respaldatoria de la deuda y el cálculo de los intereses por mora dentro del breve plazo establecido.
Renuncia a los reclamos judiciales
Uno de los puntos más controvertidos del plan es que las empresas que acepten el pago deberán firmar un acuerdo mediante el cual renuncian a cualquier reclamo administrativo o judicial relacionado con esos contratos.
Además, deberán desistir de futuras acciones legales vinculadas a diferencias económicas derivadas del pago mediante títulos públicos.
Para muchas constructoras, esta condición implica resignar la posibilidad de reclamar el monto total de la deuda si consideran insuficiente la propuesta oficial.
