La expresidenta incorporó a su equipo de defensa internacional al jurista brasileño Rafael Valim, quien representó al actual mandatario de Brasil durante el caso Lava Jato. También será asesorada por el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego.
Cristina Kirchner anunció que recurrirá al ámbito internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La expresidenta confirmó que contrató al abogado brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Lula da Silva durante el proceso relacionado con el caso Lava Jato, para avanzar con una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde permanece bajo una condena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El anuncio fue realizado a través de una columna publicada en distintos medios internacionales, entre ellos el diario español El País, bajo el título «Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia».
En el texto, la expresidenta volvió a cuestionar el accionar de la Justicia argentina y sostuvo que el funcionamiento democrático no depende únicamente de la realización periódica de elecciones, sino también de la existencia de instituciones que permitan garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
En ese sentido, afirmó que el Poder Judicial tiene un rol central y advirtió que, cuando deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a intervenir en las disputas políticas, «la democracia se vacía de contenido».
Las críticas de Cristina Kirchner al proceso judicial
Cristina Kirchner sostuvo que considera haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos y aseguró que esas situaciones reflejan un problema institucional que debería ser abordado.
Según planteó, durante los últimos años atravesó un proceso judicial que, a su criterio, estuvo marcado por irregularidades incompatibles con las garantías del debido proceso. También cuestionó lo que definió como un contexto de hostilidad y vinculó esa situación con la persistencia del «machismo estructural» en algunos sectores del sistema judicial argentino.
La expresidenta también recordó el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio de Recoleta, cuando se desempeñaba como vicepresidenta de Alberto Fernández.
En su presentación, calificó aquel episodio como un hecho de extrema gravedad que puso en riesgo su vida y que, según su interpretación, expuso el nivel de amenaza que puede representar la violencia política para la convivencia democrática.
Denunció una supuesta «proscripción» política
En otro tramo de su escrito, Cristina Kirchner volvió a utilizar los términos «persecución» y «proscripción» para referirse a la condena dictada en la causa Vialidad.
La expresidenta afirmó que el proceso no afecta solamente a una dirigente política, sino que también impacta sobre el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
En esa línea, cuestionó lo que describió como una «proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia» y consideró que ese mecanismo constituye una forma de deterioro de las instituciones democráticas.
Para la exmandataria, este tipo de situaciones no necesariamente implican la interrupción formal del funcionamiento institucional, pero pueden producir un desplazamiento progresivo de la voluntad popular a partir de decisiones judiciales que terminan determinando quién puede participar de la competencia política.
Cristina Kirchner también sostuvo que el derecho puede transformarse en una herramienta utilizada para excluir a adversarios políticos y advirtió que esa situación contribuye a deteriorar la confianza de la sociedad en las instituciones y debilitar las democracias constitucionales.
El reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Para llevar adelante su estrategia en el plano internacional, la expresidenta anunció la incorporación de dos juristas extranjeros.
Además de Rafael Valim, mencionó a Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según explicó, ambos profesionales tendrán participación en esta nueva etapa de su defensa.
La exmandataria informó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad.
El objetivo de la presentación, según explicó, es que el proceso judicial sea analizado a la luz de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y determinar si durante su juzgamiento se respetaron las garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que fue ratificado por la Argentina.
Cristina Kirchner volvió a sostener su inocencia y aseguró que continuará utilizando las herramientas disponibles dentro del Estado de derecho para defender su posición.
La expresidenta afirmó que su reclamo no busca obtener beneficios particulares, sino exigir las garantías que, según su postura, corresponden a cualquier ciudadano: un proceso imparcial, independiente y acorde con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Finalmente, sostuvo que la defensa de las garantías fundamentales trasciende su situación personal y representa, a su entender, una defensa del derecho de toda la sociedad a vivir bajo un sistema democrático y libre.
