Los gremios nucleados en CONADU convocaron a una medida de fuerza nacional para el 27 y 28 de agosto. Reclaman mayores recursos para las universidades y una recomposición salarial, mientras desde la UBA advierten por la pérdida de poder adquisitivo y la salida de profesionales del sistema público.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno suma un nuevo capítulo. Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, en reclamo por la falta de financiamiento para las casas de estudio y por la situación salarial de los trabajadores del sector.
La medida fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso después del veto presidencial y cuya implementación continúa generando controversias.
El reclamo por el financiamiento universitario
En una entrevista con el streaming de Infobae, el director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Felipe Vega Terra, aseguró que las universidades todavía no reciben los recursos contemplados por la ley.
Según explicó, a pesar de los fallos judiciales que ordenaron cumplir con la normativa, las transferencias presupuestarias aún no fueron concretadas. La situación alcanza tanto a los gastos de funcionamiento de las instituciones como a las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
El académico recordó que la norma volvió a ser respaldada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso luego de haber sido vetada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, consideró que existe una obligación legal de avanzar con su implementación.
Uno de los principales puntos de conflicto es el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Vega Terra sostuvo que los incrementos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y cuestionó que las actualizaciones salariales hayan sido determinadas de manera unilateral, sin una negociación paritaria formal.
De acuerdo con sus estimaciones, los docentes universitarios acumulan una pérdida cercana a un tercio de su poder de compra desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel salarial que tenían en aquel momento, indicó que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales.
La situación afecta especialmente a los cargos con menor dedicación, cuyos ingresos se encuentran alejados del costo de vida actual. Incluso los docentes con dedicación exclusiva, que perciben los salarios más elevados dentro del sistema universitario, enfrentan dificultades para compensar el incremento sostenido de los precios.
Preocupación por la salida de profesionales
Desde las universidades también expresaron preocupación por otro efecto derivado de la situación presupuestaria y salarial: la salida de docentes e investigadores altamente calificados.
Las instituciones públicas cuentan con profesionales con títulos de maestría, doctorado y posdoctorado, además de especialistas reconocidos en diferentes áreas del conocimiento.
Sin embargo, las diferencias salariales respecto del sector privado y de universidades del exterior comenzaron a favorecer una migración de recursos humanos, una situación que genera preocupación entre las autoridades académicas.
Para los representantes universitarios, la pérdida de estos profesionales no solamente puede afectar la calidad de la enseñanza, sino también la producción científica y tecnológica que se desarrolla en las universidades nacionales.
Un conflicto que vuelve a sumar presión política
La convocatoria al paro coincide con una nueva instancia de discusión sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Días atrás, una audiencia judicial volvió a poner el foco en el cumplimiento de la normativa, mientras que los gremios sostienen que el Gobierno busca demorar su implementación.
En este contexto, el frente sindical universitario mantiene conversaciones para coordinar futuras medidas de fuerza y no descarta profundizar el plan de lucha si no obtiene respuestas concretas.
Mientras tanto, las universidades nacionales atraviesan uno de los conflictos presupuestarios más prolongados de los últimos años. Los gremios reclaman una recomposición salarial, mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso.
La disputa mantiene a la educación superior nuevamente en el centro del debate público y suma presión sobre el Gobierno de cara a los próximos días.
