Las senadoras Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta comenzaron a negociar apoyos para el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa modifica los criterios para las internaciones involuntarias, incorpora el consumo problemático de sustancias y establece nuevas reglas para el alta y el seguimiento de pacientes.
Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta avanzaron este lunes con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo y comenzaron una ronda de conversaciones destinada a buscar consensos con otras fuerzas políticas y con las provincias.
En ese marco, las legisladoras mantuvieron reuniones virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones. Durante la jornada participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
Los encuentros continuarán este martes con dos nuevas reuniones virtuales. Por la mañana participarán representantes de los ministerios de Salud de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.
Por la tarde será el turno de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El proyecto del Ejecutivo es analizado en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente.
Como parte del inicio del debate, el Senado ya había mantenido una reunión con funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Luego, por convocatoria de ambas comisiones, se realizaron dos jornadas de exposiciones con más de 70 invitados propuestos por las distintas bancadas.
Participaron especialistas, organizaciones no gubernamentales, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales y trabajadores del área de salud mental.
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, expresó la senadora neuquina Nadia Márquez.
La legisladora también planteó la necesidad de modificar la terminología utilizada en relación con los consumos: “Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”.
Los principales cambios que propone el proyecto
Uno de los cambios centrales está relacionado con el capítulo de Derechos y Garantías, donde se incorporan acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria.
Estas disposiciones funcionarían como un piso federal, por lo que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrían establecer regulaciones que resulten más favorables.
La iniciativa también incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela, vinculadas con el tratamiento de las personas privadas de su libertad, como lineamientos para las políticas públicas.
Otro de los puntos destacados es la incorporación del consumo problemático de sustancias dentro del abordaje y los tratamientos de salud mental.
En cuanto a los derechos de los pacientes, el proyecto establece la posibilidad de consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada.
La atención deberá estar a cargo de un equipo interdisciplinario, cuya composición dependerá de la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción. Además, se incorpora la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial.
Qué cambia para las internaciones involuntarias
La iniciativa establece nuevas condiciones para las internaciones. Para disponerlas se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.
La internación involuntaria quedará limitada a situaciones en las que exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
El proyecto también plantea que el abordaje deberá adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.
Nuevas pautas para el alta y el seguimiento
En relación con las altas, la iniciativa establece que la decisión deberá ser comunicada con una anticipación razonable al representante legal, cónyuge o conviviente, padres, hijos u otros familiares contemplados por la normativa.
El objetivo será coordinar las condiciones de egreso. Además, los familiares tendrán derecho a recibir información y orientación sobre el tratamiento.
Cuando la persona no tenga una red familiar o esta no pueda asumir su cuidado, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.
El proyecto contempla también medidas de acompañamiento posteriores al alta, que podrán extenderse hasta seis meses mediante tratamiento ambulatorio.
Durante ese período se realizará un seguimiento judicial cada 30 días, mientras que el equipo tratante deberá informar al juez si considera necesario mantener o modificar las medidas.
Qué establece para niños, niñas y adolescentes
La iniciativa incorpora un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancias en niños, niñas y adolescentes.
La atención deberá realizarse mediante equipos con formación especializada en población infantojuvenil y en dispositivos diferenciados de aquellos destinados a adultos.
Además, se establece que la internación en unidades para mayores quedará restringida.
El proyecto también incorpora principios vinculados con la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado, la confidencialidad, el abordaje familiar y la no criminalización.
Por último, plantea mecanismos de coordinación entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y las provincias.
