La compañía llegó a un acuerdo con fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, que la acusaban de diseñar funciones adictivas y recopilar datos de menores de manera indebida. Meta no admitió irregularidades, pero aceptó implementar nuevas medidas de protección para adolescentes.
Meta llegó a un acuerdo por aproximadamente US$18.000 millones para poner fin a las demandas presentadas por los fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, quienes acusaban a la compañía de haber diseñado intencionalmente sus plataformas para generar adicción y perjudicar la salud mental de niños y adolescentes.
El acuerdo fue presentado ante un tribunal este miércoles y pone fin a una histórica disputa judicial contra el gigante tecnológico.
Como parte del entendimiento, Meta se comprometió a introducir nuevas restricciones y herramientas de seguridad en sus plataformas, entre ellas límites de tiempo para los usuarios adolescentes.
El acuerdo se conoció poco más de una semana después del comienzo de un juicio en California. En ese proceso, cuatro estados reclamaban hasta US$1,4 billones en daños y perjuicios, además de exigir modificaciones en las plataformas de la compañía.
El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, tenía previsto declarar por segundo día consecutivo este miércoles, mientras que también se esperaba el testimonio del CEO de Meta, Mark Zuckerberg.
Meta negó durante toda la causa que sus plataformas perjudicaran a los menores y calificó las acusaciones como “infundadas”. Además, no admitió haber cometido ninguna irregularidad como parte del acuerdo.
“Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es fundamental para Meta”, sostuvo la compañía en una publicación de blog en la que anunció el entendimiento.
El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, afirmó que los estados consideraron que un acuerdo permitiría implementar cambios con mayor rapidez.
El funcionario calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo extrajudicial jamás alcanzado con una gran empresa tecnológica” y sostuvo que continuar con el litigio podría haber demorado durante años la aplicación de nuevas medidas de seguridad.
El impacto económico del acuerdo
Los US$18.000 millones representan solo una parte de los ingresos que Meta genera cada trimestre. Sin embargo, las modificaciones aceptadas podrían tener un impacto importante sobre su modelo de negocio basado en publicidad si disminuye el tiempo que los adolescentes permanecen en sus aplicaciones.
La compañía obtuvo más de US$200.000 millones en ingresos durante 2025. Al mismo tiempo, en su informe de resultados más reciente reconoció que los litigios relacionados con la seguridad de los jóvenes representaban un riesgo de “pérdida sustancial”.
Según el acuerdo, Meta abonará el 70% del fondo de compensación a los estados mediante cuotas anuales durante los próximos diez años.
El 30% restante será abonado únicamente si YouTube y TikTok aceptan realizar pagos a los estados y aplicar modificaciones similares en sus respectivas plataformas.
El entendimiento se produce después de que Meta perdiera dos casos relacionados con adicción a las redes sociales a comienzos de este año.
Uno de ellos fue presentado por el fiscal general de Nuevo México y derivó en una orden para que la compañía pagara casi US$1.000 millones en daños y perjuicios. El segundo fue iniciado por un adolescente identificado como KGM y terminó con una indemnización conjunta para Meta y YouTube de US$6 millones.
A pesar del acuerdo, Meta todavía enfrenta cientos de demandas presentadas por particulares, familias y distritos escolares que sostienen que sus plataformas generan adicción y perjudican a los menores.
La compañía continúa rechazando esas acusaciones y las eventuales pérdidas futuras podrían derivar en nuevas sanciones económicas.
Qué medidas deberá implementar Meta
Los fiscales generales estatales habían acusado a Meta de desarrollar deliberadamente distintas funciones para atraer y retener a niños y adolescentes.
Entre ellas señalaron el desplazamiento infinito, las recomendaciones realizadas mediante algoritmos y las notificaciones frecuentes. También cuestionaron que la compañía hubiera engañado al público sobre los riesgos de sus plataformas y que hubiera recopilado datos de menores de 13 años sin autorización de sus padres.
El acuerdo toma como base algunas de las herramientas de seguridad que Meta ya había incorporado por defecto en sus Cuentas para Adolescentes, cuya efectividad había sido cuestionada por los estados y especialistas.
Una de las principales medidas será un límite acumulativo de dos horas diarias en las aplicaciones de Meta para usuarios de entre 13 y 17 años. Solo los padres podrán modificar ese límite.
Además, Facebook e Instagram enviarán avisos a los adolescentes cada 15 minutos de uso continuo, así como después de los 60 y 90 minutos, con el objetivo de fomentar un uso más consciente de las plataformas.
También se implementará un modo nocturno que bloqueará por defecto el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las 6 de la mañana.
A esto se sumará un modo escolar, diseñado para reducir la cantidad de notificaciones que reciben los adolescentes durante el horario de clases.
Meta también ocultará por defecto la cantidad de “me gusta” y reacciones en las publicaciones de los adolescentes y bloqueará los denominados “filtros de maquillaje extremos” para menores.
Los usuarios adolescentes tendrán además la posibilidad de desactivar la reproducción automática y elegir como configuración predeterminada un feed que no esté basado en recomendaciones algorítmicas.
El desafío de verificar la edad de los usuarios
Una de las preocupaciones planteadas durante el proceso judicial está relacionada con la posibilidad de que los adolescentes eviten las protecciones de Meta al falsear su edad al registrarse.
Como parte del acuerdo, la compañía aseguró que está invirtiendo en tecnología más avanzada para detectar a los menores que proporcionen una edad falsa.
Al mismo tiempo, Meta pidió a las tiendas de aplicaciones que colaboren con los procesos de verificación de edad, con el objetivo de reforzar las medidas de protección para los usuarios adolescentes.
