El acusado por el triple crimen narco de Florencio Varela aseguró que recibió intimidaciones de otros internos después de que se difundieran las imágenes de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez. Su abogado presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Morón y solicitó medidas de resguardo, además de investigar cómo se filtró el video.
La difusión del video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela, provocó un fuerte impacto en la investigación judicial y complicó la situación de Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”. El acusado está señalado como presunto integrante de la organización narco peruana vinculada con el asesinato de las tres trabajadoras sexuales, ocurrido en septiembre de 2025 en el marco de una supuesta venganza por el robo de droga. Varios de los imputados en la causa son familiares suyos.
En las imágenes se observa cómo “Pequeño J” retiene por la fuerza a Lara, de 15 años, mientras otro sospechoso, identificado como José Miguel Lozano Cerrón y actualmente prófugo, le corta un dedo con una pinza cortaperno para exhibirlo ante la cámara.
En distintas oportunidades, entre ellas su primera entrevista concedida a Infobae, Janzen Valverde negó haber estado en la vivienda donde se produjo el crimen.
Sin embargo, horas después de que se conociera el video, el acusado habría recibido amenazas de muerte dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece detenido desde hace varias semanas. Según la denuncia presentada por su defensa, otros internos le habrían gritado: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”.
La presunta intimidación fue puesta en conocimiento del Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a su cargo la investigación del caso.
En su presentación judicial, el abogado defensor de “Pequeño J”, Lucas Contreras Alderete, explicó que su representado le relató lo ocurrido durante una comunicación mantenida el 5 de noviembre de 2026.
“En la comunicación mantenida el día 5 de noviembre de 2026, mi asistido me manifestó que, encontrándose alojado en el sector de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, escuchó amenazas provenientes de otros internos ubicados en el patio del establecimiento”, sostuvo el letrado.
A partir de ese relato, el defensor solicitó que se dispongan medidas urgentes para preservar la integridad física de su cliente. En concreto, pidió que se ordene la protección inmediata y la separación preventiva de los presuntos agresores, sin que eso implique un aislamiento disciplinario ni la aplicación de restricciones adicionales que no estén justificadas.
También requirió que el Servicio Penitenciario Federal realice una evaluación del nivel de riesgo y que intervenga la Procuración Penitenciaria para analizar la situación denunciada.
El abogado también pidió investigar la filtración del video
La presentación por las supuestas amenazas no fue la única que Contreras Alderete realizó ante los tribunales federales de Morón. Al igual que las familias de las víctimas, el defensor reclamó que se determine de dónde surgieron las imágenes que muestran las torturas contra Lara Gutiérrez y que complicaron la situación procesal de su representado.
Para los investigadores judiciales, por el momento no habría dudas respecto de la identidad de la persona que aparece reteniendo a la adolescente mientras le amputan un dedo: se trataría de “Pequeño J”.
La filtración también generó cuestionamientos por parte de la familia Gutiérrez. La semana pasada, según consignaron medios como Página/12, los familiares de las víctimas anunciaron que denunciarían a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por la presunta difusión del material.
Las imágenes habían sido recuperadas del teléfono de un colaborador de Pablo Macalopu Cafferata, conocido como “Roger”, señalado como quien dirigió las torturas contra la joven de 15 años. El dispositivo fue obtenido en el marco de una investigación por narcotráfico que se encuentra bajo la órbita de la magistrada.
En ese contexto, Contreras Alderete solicitó que se extraigan testimonios para determinar cómo se produjo la filtración del registro audiovisual. Además, incorporó un cuestionamiento sobre la legalidad y el alcance de las medidas utilizadas para acceder al contenido del teléfono.
El abogado sostuvo que el secuestro de un dispositivo electrónico durante un procedimiento judicial no habilita automáticamente a revisar sin límites toda la información que contiene.
“El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia”, argumentó en su presentación.
A partir de ese planteo, reclamó acceder a la documentación completa del expediente que tramita Arroyo Salgado. Entre los elementos solicitados incluyó la resolución que autorizó el allanamiento y el secuestro del teléfono, el acta de incautación, la cadena de custodia del dispositivo y la orden judicial que dispuso la pericia, con sus respectivos puntos y alcances.
También pidió las actas correspondientes a la apertura, extracción y análisis de la información, además de los informes técnicos completos y sus anexos.
Por el momento, Contreras Alderete no había podido acceder al video dentro del expediente judicial. La causa continuaba bajo secreto de sumario hasta la mañana de este jueves, por lo que la defensa todavía no contaba con el material audiovisual incorporado a la investigación.
