La Cámara de Diputados le dio media sanción a la polémica Ley Hojarasca para borrar normativas viejas, pero en medio de la negociación blindaron las patentes gratis de los legisladores y los fondos para sus propios clubes.
El relato de la motosierra y la desregulación total volvió a chocar de frente con los intereses de la corporación política en el Congreso de la Nación. El oficialismo logró aprobar en la Cámara Baja el proyecto de la Ley Hojarasca, una iniciativa que promete limpiar el Estado de leyes obsoletas y burocracia inútil acumulada desde 1864. Sin embargo, lo que se vendió como una batalla épica contra el gasto público terminó transformándose en un pacto de supervivencia donde los diputados de distintos bloques entregaron sus votos a cambio de no tocar sus propios beneficios personales.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado diseñó un plan para eliminar setenta leyes que iban desde regulaciones de televisión a color hasta el control de reuniones públicas heredado de dictaduras militares. La farsa explota cuando se revisa la letra chica de lo que se modificó a último momento para conseguir las firmas necesarias en el dictamen. El gobierno de Javier Milei quería cortar el financiamiento estatal directo a cajas negras de la política, pero la presión de los legisladores los hizo recular de manera vergonzosa.
En una maniobra que indigna a cualquiera que paga sus impuestos, los bloques parlamentarios salvaron la Ley 20.959, que les garantiza tener credenciales de libre circulación y estacionamiento gratuito en cualquier parte del país. Mientras el ciudadano común reniega para conseguir lugar o paga tarifas de estacionamiento impagables en los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, los diputados se aseguraron por ley el derecho a dejar sus autos donde se les dé la gana sin poner un solo peso.
La rendición del oficialismo ante los privilegios no terminó ahí. Las negociaciones también blindaron los fondos públicos que sostienen al Círculo de Legisladores de la Nación, una entidad que funciona como un club exclusivo para políticos activos y retirados. Aunque el proyecto original obligaba a esta organización a autofienciarse con los aportes de sus socios, los diputados presionaron para que el Estado les siga pagando la fiesta con la plata de los contribuyentes.
Esta media sanción deja en evidencia que el ajuste estructural tiene un límite muy claro: el bolsillo y las comodidades de quienes votan las leyes. El texto original mutó para salvar las exenciones impositivas y los créditos de ciertos sectores asociados, demostrando que la famosa «hojarasca» que molesta es solo la que afecta a los ciudadanos de a pie, mientras que los privilegios de los representantes siguen siendo sagrados.
¿Hasta cuándo hay que aguantar que los políticos se saquen leyes para no pagar estacionamiento mientras el resto del país se funde? El proyecto ahora pasa al Senado, donde los representantes de las provincias tendrán la oportunidad de mantener este pacto de impunidad o demostrar si realmente están dispuestos a terminar con las ventajas de la corporación política.
