La Casa Rosada considera que la precisión del máximo tribunal sobre el alcance de su fallo permitió ordenar el escenario político. El oficialismo intentará que los bloques aliados discutan por separado el régimen de tierras rurales y evitar que ese tema se convierta en un argumento para rechazar todo el decreto.
El Gobierno nacional considera que la aclaración difundida por la Corte Suprema sobre su reciente fallo relacionado con la Ley de Tierras permitió descomprimir parte de la tensión política generada en los últimos días y abrió la posibilidad de separar esa discusión del tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.
La Casa Rosada había interpretado el primer fallo como un problema político relevante, pero ahora entiende que la explicación posterior del máximo tribunal permite ordenar nuevamente la negociación con los distintos bloques legislativos.
La Corte aclaró que su sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino que resolvió una cuestión vinculada con la legitimación del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar esa causa. Además, señaló que la decisión no impide que puedan presentarse nuevos planteos judiciales relacionados con el régimen de tierras.
Otro de los puntos destacados por el tribunal fue que su resolución tampoco limita las facultades del Congreso de la Nación para analizar el DNU. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 y actualmente se encuentra bajo análisis de Diputados.
Ese aspecto es considerado relevante por el Gobierno para su estrategia parlamentaria. El oficialismo busca diferenciar el debate específico sobre las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros de la discusión sobre la continuidad o el rechazo integral del DNU.
La estrategia del Gobierno en Diputados
En la Casa Rosada consideran que la aclaración de la Corte permite plantear que ambas discusiones no necesariamente deben resolverse de manera conjunta. La intención es ofrecer a los bloques aliados una alternativa para fijar posición sobre el régimen de tierras sin que eso implique acompañar necesariamente un rechazo completo del decreto.
El oficialismo buscará avanzar durante los próximos días en esa línea y promover un tratamiento legislativo específico para el régimen de tierras, con el objetivo de evitar que el artículo 154 se transforme en uno de los puntos capaces de reunir una mayoría contra todo el DNU.
Una de las alternativas que continúa sobre la mesa es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y debe ser tratado por Diputados.
En su momento, el oficialismo había retirado de esa iniciativa el capítulo relacionado con las tierras debido a la falta de respaldo suficiente entre los sectores aliados. Ahora, la estrategia que evalúa el Gobierno apunta a encontrar una salida específica para la discusión sobre los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y utilizar ese eventual acuerdo para separar ese tema del resto del decreto.
La apuesta consiste en que los sectores que mantienen una posición crítica sobre la modificación del régimen de tierras puedan discutir ese punto de manera independiente, sin necesariamente coincidir en un rechazo al conjunto de las medidas incluidas en el DNU.
La oposición prepara una sesión especial
La aclaración de la Corte no cerró la disputa parlamentaria. Por el contrario, distintos bloques opositores formalizaron una convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre, en la que buscarán tratar el rechazo del DNU 70/2023 junto con iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.
Para que la sesión pueda comenzar será necesario reunir 129 diputados, que representan el quórum requerido en la Cámara baja.
La oposición busca avanzar con el rechazo del decreto, que ya fue desestimado por el Senado en 2024. Si Diputados también lo rechazara, se completaría el procedimiento establecido por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.
Por ese motivo, el oficialismo intenta evitar que la discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras termine funcionando como un punto de coincidencia entre sectores que mantienen posiciones diferentes respecto de otras reformas contenidas en el DNU.
El papel de los bloques dialoguistas
La estrategia oficialista estará concentrada principalmente en los bloques dialoguistas y en los diputados vinculados con distintos gobernadores, cuyos votos pueden resultar determinantes en el debate parlamentario.
Varios de esos sectores cuestionaron la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, pero mantienen diferencias respecto de otras disposiciones incluidas en el DNU 70/2023.
Para la Casa Rosada, esa diferencia puede ser utilizada para intentar construir acuerdos específicos. El objetivo inmediato no sería necesariamente recuperar sin modificaciones el esquema de liberalización de la compra de tierras, sino impedir que ese tema se transforme en el elemento que permita reunir los votos necesarios para rechazar el decreto completo.
El escenario parlamentario continúa abierto. La oposición necesita reunir el quórum para llevar el DNU al recinto, mientras que el oficialismo busca sostener el respaldo de los sectores aliados y evitar que una discusión puntual derive en una votación sobre la totalidad del decreto.
En ese contexto, la aclaración de la Corte es interpretada por el Gobierno como una herramienta para reordenar la negociación política. El máximo tribunal no modificó el escenario parlamentario del DNU ni cerró la posibilidad de nuevos planteos judiciales sobre la Ley de Tierras, pero dejó establecido que su reciente sentencia resolvió una cuestión procesal y no definió la validez constitucional del régimen de fondo.
