La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una extensa negociación entre el oficialismo, sus aliados y distintos bloques opositores. El texto mantiene las pensiones no contributivas, la actualización por inflación y el nomenclador universal de prestaciones. Además, incorpora garantías de cobertura de salud, compatibilidad con el empleo formal y mecanismos de financiamiento. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
Después de un extenso debate y de negociaciones que se prolongaron durante toda la tarde, el oficialismo consiguió consensuar con bloques aliados y sectores de la oposición un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de Discapacidad y reemplazar la actual Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.
La iniciativa obtuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y ahora será girada al Senado. El texto mantiene aspectos centrales del sistema vigente, entre ellos las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Pasada la medianoche, el tablero de la Cámara baja confirmó el resultado de la votación: 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando la propuesta después de que La Libertad Avanza aceptara gran parte de las modificaciones planteadas por la oposición.
En las negociaciones también influyeron el riesgo de que el presidente Javier Milei vetara una eventual prórroga de la Emergencia en Discapacidad y la presión ejercida por las principales organizaciones del colectivo, que reclamaban garantías para sostener los derechos y las prestaciones existentes.
Además del oficialismo y sus aliados, votaron a favor el PRO, la Unión Cívica Radical, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales.
La principal excepción estuvo entre los diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, que rechazaron el proyecto porque consideraron que las organizaciones de personas con discapacidad no habían participado de su elaboración. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, sostuvo Gabriela Estevez.
Por su parte, la izquierda se abstuvo debido a la falta de actualización de las deudas que el sistema mantiene con los prestadores.
La mayoría especial de dos tercios alcanzada en Diputados representa un respaldo parlamentario amplio para la iniciativa. Sin embargo, el resultado de la votación no elimina por sí solo las instancias institucionales que restan: el proyecto deberá ser tratado por el Senado y, para convertirse en ley, completar el procedimiento legislativo correspondiente.
Los legisladores que participaron de las negociaciones
Uno de los principales interlocutores con el oficialismo fue el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. También participaron de las conversaciones Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz.
Por el lado de La Libertad Avanza, las negociaciones estuvieron encabezadas por Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Las conversaciones habían comenzado casi dos meses antes, luego de que organizaciones de personas con discapacidad reclamaran a la oposición que impulsara una prórroga de la Emergencia en Discapacidad, aprobada el año anterior y con vencimiento previsto para fines de 2026.
A partir de ese pedido, los bloques opositores consiguieron emplazar a las comisiones y avanzaban con la intención de llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
Para frenar esa iniciativa, las principales figuras legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando junto con sus aliados del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales en un proyecto que definieron como “superador”. El objetivo era poner fin al esquema de emergencia, tal como pretendía el Gobierno, y establecer una solución permanente que ofreciera previsibilidad al sistema.
El conflicto por los recortes incluidos en el Presupuesto 2027
Las negociaciones cambiaron de escenario cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporaba un capítulo con fuertes ajustes en materia de Discapacidad. Las disposiciones generaron malestar porque se apartaban de los criterios que venían discutiendo el oficialismo y sus aliados.
La inclusión de esas medidas tomó por sorpresa a Martín Menem y Patricia Bullrich y provocó fuertes reproches dentro de la Mesa Política del Gobierno.
El capítulo cuestionado establecía el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio.
También disponía la incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y el empleo formal. A su vez, derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que habría permitido que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia fijara sus propios valores, sin una actualización automática vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para desactivar la sesión prevista para la semana anterior, el oficialismo se comprometió con sus aliados a dejar de lado los recortes incluidos en el Presupuesto y presentó una propuesta que retomaba, en sus aspectos centrales, las características del sistema vigente.
Qué establece el proyecto aprobado en Diputados
El texto consensuado ratifica el sistema de pensiones por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene el Certificado Único de Discapacidad como principal vía para acceder al beneficio.
También conserva un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, dos herramientas destinadas a sostener criterios comunes para el financiamiento de los servicios que reciben las personas con discapacidad.
Otro de los puntos centrales fue la continuidad de la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, una condición que se mantuvo a pedido de los bloques aliados. La iniciativa permite que las personas con CUD conserven la pensión si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Durante las horas previas a la votación, distintos referentes opositores reclamaron nuevas modificaciones para garantizar su acompañamiento.
Uno de los pedidos fue asegurar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como aquellas que reciben pensiones por discapacidad tengan acceso a un programa de salud que contemple las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. La propuesta incluyó la cobertura a través del Programa Incluir Salud.
En materia presupuestaria, los legisladores incorporaron partidas específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y establecieron que el Tesoro deberá aportar compensaciones si esos recursos resultan insuficientes.
Además, el proyecto determina que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo en comparación con el año anterior.
Auditorías, controles y garantías para los beneficiarios
La iniciativa también incorpora mecanismos de control más estrictos sobre el otorgamiento y la continuidad de las prestaciones.
La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El proyecto contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio cuando se detecte un incumplimiento objetivo. Sin embargo, establece que esas medidas deberán respetar un “debido proceso inclusivo”, que incluye la notificación correspondiente y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Otro punto incorporado durante la negociación se refiere a las deudas con los prestadores. Si al momento de sancionarse la ley quedan pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
Las organizaciones de personas con discapacidad mantuvieron un diálogo constante con los bloques opositores durante el proceso. El respaldo al texto consensuado se vinculó con la posibilidad de establecer por una ley permanente gran parte del sistema vigente, en lugar de depender de la prórroga periódica de una declaración de emergencia.
Las posiciones de los bloques durante el debate
Al comienzo de la discusión, Oscar Herrera Ahuad presentó los últimos cambios propuestos por la oposición y advirtió que su bloque no acompañaría la iniciativa si las modificaciones no eran aceptadas en su totalidad.
“Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, expresó el legislador.
A su turno, el diputado libertario Gerardo Huesen adelantó que el oficialismo aceptaría todas las sugerencias planteadas durante las negociaciones.
Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición no contaba con los votos suficientes para prorrogar la Emergencia en Discapacidad. Según explicó, el diálogo con las organizaciones del sector llevó a buscar una alternativa que evitara retrocesos en los derechos y prestaciones existentes.
“Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, señaló.
El diputado también remarcó que el dictamen final era, según su interpretación, “absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.
Victoria Tolosa Paz, también de Unión por la Patria, destacó que el acuerdo incorporó garantías de cobertura sanitaria para ambas pensiones, protección de las asignaciones familiares, requisitos definidos para acceder a los beneficios y continuidad de la compatibilidad con el trabajo formal.
Además, señaló que se reforzaron los mecanismos de financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda.
“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”, afirmó.
Desde el oficialismo, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo realizado por los bloques que participaron de las conversaciones.
Sin embargo, cuestionó a los diputados cordobeses que habían señalado que las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración del proyecto.
“Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”, expresó.
Un acuerdo que modificó el escenario legislativo
El resultado de la votación fue interpretado por sectores de la oposición como una victoria política compartida entre distintos actores que participaron de la negociación.
“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, resumió un diputado opositor.
Con 237 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó así un proyecto que deja atrás buena parte de los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y establece un marco permanente para las pensiones y prestaciones por discapacidad. El próximo paso será su tratamiento en el Senado, donde continuará el trámite legislativo.
