El nuevo régimen alcanza a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada y tendrá inscripción del 1 al 30 de noviembre de 2026. La medida contempla distintos esquemas de compensación según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad, con exclusiones para sectores específicos.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, aunque se contempla la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días.
La medida establece compensaciones económicas diferenciadas de acuerdo con la edad de cada trabajador, sus aportes jubilatorios y los años de antigüedad en el Estado. Sin embargo, el alcance del programa no comprende a todos los organismos públicos y deja afuera a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores determinados.
En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) había abierto en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. Esa convocatoria estuvo destinada a trabajadores de planta permanente que ingresaron antes del 1 de enero de 2024 y cerró el 30 de septiembre. El esquema contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos y estableció una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
Qué requisitos deben cumplir los empleados
El nuevo régimen establece condiciones vinculadas con la situación laboral, el organismo de pertenencia y los antecedentes administrativos o judiciales de quienes quieran adherirse.
1. Tener estabilidad laboral o un contrato por tiempo indeterminado
La convocatoria está dirigida a empleados comprendidos en la Ley 25.164 y a trabajadores con vínculos laborales por tiempo indeterminado, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los contratados transitorios y el personal vinculado mediante contratos previstos en el artículo 9 de la Ley Marco.
2. Pertenecer a la Administración Pública Nacional centralizada
El programa se aplica a las jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Por ese motivo, quedan excluidos los organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
Dentro de los trabajadores que pueden acceder al régimen, las compensaciones se organizan en tres grupos, según la edad y los aportes jubilatorios:
- Grupo 1: mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que no cuenten con los aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar entre recibir una gratificación por única vez o cobrar el 60% del salario bruto mensual durante un período de hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que tengan al menos 30 años de aportes jubilatorios. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, sujeto a los límites establecidos por el decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. En este caso, la compensación será equivalente a un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones. A ese monto se sumará un adicional de cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de servicio o de cinco salarios para quienes acumulen 15 años o más.
3. No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes
No podrán adherirse los agentes procesados por delitos contra la Administración Pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La restricción también alcanza a quienes estén sometidos a sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía, exoneración o en la determinación de un perjuicio fiscal.
4. Desistir de reclamos laborales contra el Estado
Los empleados que mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos relacionados con su vínculo laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder incorporarse al régimen.
5. No encontrarse en determinadas situaciones administrativas
La convocatoria excluye a quienes estén en situación de disponibilidad o tengan una renuncia pendiente de aceptación. Tampoco podrán ingresar los trabajadores que se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
Qué sucede después de adherirse al retiro voluntario
La aceptación del régimen implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. Además, quienes se incorporen no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
La adhesión tampoco está garantizada para todos los solicitantes. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar los pedidos cuando consideren que la salida del trabajador puede afectar la prestación de los servicios públicos.
Para resolver las solicitudes, cada organismo contará con 40 días corridos desde el cierre de la inscripción. Si no existe una aceptación expresa dentro del procedimiento previsto, el pedido se considerará rechazado.
De esta manera, el nuevo esquema fija un período específico para solicitar el retiro y establece compensaciones diferenciadas, al tiempo que determina restricciones para acceder al beneficio y regresar posteriormente al empleo público.
