La mesa política encabezada por Karina Milei comenzó a revisar el paquete de reformas para evaluar su viabilidad en el Congreso. Por ahora, el oficialismo concentrará sus esfuerzos en facilitar el financiamiento empresario y dejó bajo revisión cambios en sectores como librerías, cabotaje, farmacias y producción agropecuaria.
El Gobierno decidió reordenar la agenda de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger y concentrar sus esfuerzos en el proyecto de reforma del Mercado de Capitales. Mientras esa iniciativa avanza como una de las prioridades legislativas, otras modificaciones sectoriales quedaron bajo revisión y sin fecha definida para llegar al Congreso.
La decisión fue tomada por la mesa política encabezada por Karina Milei, que asumió un mayor protagonismo en la evaluación de las iniciativas antes de su envío al Parlamento. El objetivo es analizar el nivel de respaldo que puede obtener cada proyecto y evitar nuevos traspiés legislativos.
El cambio de estrategia se produjo después de las dificultades que atravesó el oficialismo con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llevó al Gobierno a buscar mayores niveles de consenso antes de avanzar con determinadas reformas.
La reforma del Mercado de Capitales, la prioridad
Entre las iniciativas preparadas por el Gobierno, la modificación de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales quedó como uno de los proyectos con mayores posibilidades de avanzar.
La propuesta había sido anunciada por el presidente Javier Milei durante su última cadena nacional y apunta a ampliar las alternativas de financiamiento disponibles para las empresas.
El proyecto incorpora instrumentos como activos digitales, criptomonedas, tokens vinculados con bienes reales y pagarés con cláusulas de actualización, que se sumarían a las acciones, bonos, fideicomisos y fondos comunes de inversión.
El objetivo oficial es facilitar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a fuentes de financiamiento de manera más rápida y a menor costo.
Sin embargo, la iniciativa también recibió cuestionamientos por el alcance de los cambios previstos para la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los sectores críticos señalaron que una reducción de las autorizaciones previas podría aumentar la exposición de empresas e inversores.
El proyecto propone redefinir el rol de la CNV y orientarlo hacia criterios vinculados con la libre competencia y la eficiencia del mercado.
La ley del libro y el cabotaje quedaron en pausa
Entre las reformas que perdieron velocidad aparece la modificación de las reglas que regulan la actividad librera. El proyecto contemplaba eliminar el sistema de precio único del libro, una medida que formaba parte del paquete de desregulaciones elaborado por Sturzenegger.
La iniciativa quedó ahora sometida al nuevo filtro político, que busca determinar qué reformas cuentan con las condiciones necesarias para avanzar en el Congreso.
Una situación similar atraviesa el proyecto para modificar las reglas del cabotaje nacional.
La propuesta permitiría que buques de bandera extranjera realicen viajes entre puertos argentinos y flexibilizaría los requisitos relacionados con la contratación de tripulantes locales.
El esquema establece que la obligación de incorporar un porcentaje de tripulación argentina comenzaría después de los 90 días de operación en aguas nacionales. Si una embarcación permanece más de 360 días, debería contar con un 75% de mano de obra local.
El proyecto fue cuestionado por el titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Mariano Vilar, quien sostuvo que se trata de una apertura del cabotaje a embarcaciones y tripulaciones extranjeras y señaló que podría favorecer a grandes empresas del sector.
Cambios en el mercado inmobiliario
Otro de los proyectos impulsados por Sturzenegger apunta a modificar la normativa que regula la actividad de martilleros y corredores inmobiliarios.
La iniciativa elimina la obligación de contar con título universitario y pertenecer a un Colegio de Martilleros para intervenir en operaciones inmobiliarias, realizar tasaciones o elaborar informes.
También plantea eliminar la posibilidad de establecer aranceles, comisiones u honorarios mínimos, máximos o sugeridos.
Actualmente, la normativa establece determinados porcentajes para las operaciones de compraventa y alquiler. Con la reforma, los valores quedarían determinados por las condiciones del mercado.
El proyecto también contempla habilitar la participación de plataformas digitales con capacidad para operar en distintas jurisdicciones del país.
Farmacias y medicamentos de venta libre
El paquete de reformas también incluía modificaciones a la legislación que regula la actividad farmacéutica.
Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, incluso mediante plataformas digitales y servicios de entrega a domicilio.
La iniciativa también flexibiliza aspectos vinculados con los horarios de atención, las formas jurídicas de los establecimientos y la dirección técnica.
Entre las modificaciones planteadas se contempla que un mismo farmacéutico pueda ejercer como director técnico de varias farmacias y que los establecimientos puedan constituirse bajo distintas formas jurídicas.
Las modificaciones corresponden a la Ley 17.565, que regula el funcionamiento de las farmacias.
La reforma de los contratos agropecuarios
En el sector agropecuario, Sturzenegger propuso derogar la Ley 13.246, que regula los contratos de arrendamiento y aparcería rural, y trasladar esas relaciones al Código Civil.
La iniciativa fue cuestionada por la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, quien sostuvo que implicaría retroceder en materia de regulación de las relaciones entre propietarios y arrendatarios.
Sarnari también cuestionó que la propuesta haya sido elaborada sin consultas con los productores ni con la Mesa de Enlace.
Garrafas, frigoríficos y otros cambios bajo análisis
Otro de los capítulos que quedó bajo revisión es el relacionado con el mercado del gas licuado de petróleo.
El anteproyecto planteaba derogar la Ley 26.020 y trasladar su regulación a la Ley de Hidrocarburos.
El debate adquiere relevancia por el peso de las garrafas en los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas. Según los datos incluidos en el planteo, el 39% de los hogares argentinos utiliza garrafas.
El paquete también contempla modificaciones para la industria frigorífica. Entre ellas, la eliminación de las contribuciones obligatorias destinadas al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), cuyos recursos se recaudan mediante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La propuesta recibió respaldo de empresas agrupadas en la Cámara de Industrias Cárnicas (Cainca) vinculadas con el mercado interno.
A su vez, Sturzenegger había planteado eliminar definitivamente la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo al que el Gobierno ya le había retirado financiamiento.
El paquete incluía además modificaciones sobre la intervención obligatoria de traductores públicos en determinados documentos y trámites.
Por ahora, esas reformas quedaron sujetas a nuevas definiciones. La mesa política busca ordenar las prioridades y establecer qué iniciativas cuentan con condiciones para avanzar, mientras el Gobierno concentra su estrategia legislativa en aquellos proyectos que considera con mayores posibilidades de obtener respaldo parlamentario.
