El Ejecutivo busca revertir la decisión judicial que declaró inconstitucional el decreto que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Rectores y gremios preparan una movilización para el 15 de octubre, mientras el conflicto alcanza salarios, becas y recursos para las casas de estudio.
El Gobierno Nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación. La decisión volvió a tensar el conflicto con las universidades nacionales, que mantienen sus reclamos por recursos, actualización salarial y becas estudiantiles.
El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a partir de presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución consideró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo avanzar con las medidas necesarias para aplicar la Ley 27.795.
La Casa Rosada confirmó que recurrirá la decisión de primera instancia. El planteo oficial sostiene que la norma implica gastos que no estaban contemplados en el Presupuesto y que corresponde al Congreso determinar la fuente de financiamiento.
En paralelo, rectores y organizaciones gremiales universitarias preparan una nueva movilización al Congreso para el 15 de octubre, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria reclama el cumplimiento de la ley y cuestiona el nivel de recursos previsto para las universidades en el proyecto de Presupuesto 2027.
El planteo de los gremios universitarios
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que la apelación busca demorar la aplicación de una norma que fue sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó el dirigente.
Cagnacci sostuvo que la Justicia consideró constitucional la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para condicionar su aplicación. Según su interpretación, el Gobierno recurre a distintas instancias judiciales para postergar decisiones adoptadas por otros poderes del Estado.
El fallo de Cormick, efectivamente, sostuvo que el Decreto 759/2025 había operado como un mecanismo de suspensión de la ley que no estaba contemplado por la Constitución y ordenó su cumplimiento inmediato.
El financiamiento y la discusión por las partidas
La posición del Gobierno apunta a que la implementación de la ley genera obligaciones presupuestarias que no tenían una fuente de financiamiento determinada. Frente a ese argumento, Cagnacci sostuvo que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para reasignar partidas cuando una norma genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió el dirigente gremial.
Desde su perspectiva, la resolución judicial rechazó esa interpretación y consideró que la reasignación de recursos forma parte de las facultades del Ejecutivo.
Cagnacci ubicó así la discusión en torno a las prioridades presupuestarias de la administración nacional.
“Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, afirmó.
El debate se desarrolla además mientras el CIN reclama modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027. El organismo presentó ante diputados y senadores una propuesta de $11 billones para el sistema universitario, una cifra que, según el propio CIN, supera en un 33% lo previsto en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El acuerdo salarial de junio
Otro de los puntos planteados por Cagnacci es el cumplimiento del acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales docentes y no docentes.
El entendimiento contempló una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos: un incremento del 21,3% en junio, calculado sobre los salarios básicos de mayo, y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre.
El acuerdo también contemplaba un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios, según los datos aportados por el dirigente.
“El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó Cagnacci.
La situación salarial forma parte de un conflicto más amplio. De acuerdo con los planteos del sector universitario, la Ley de Financiamiento establece mecanismos de actualización vinculados con la inflación para los salarios docentes y no docentes, además de la actualización de las becas estudiantiles.
Salarios, hospitales y becas
Cagnacci también describió la situación de distintos trabajadores y estudiantes del sistema universitario.
Según los datos aportados por el secretario general de ADUBA, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. En tanto, un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, al que identificó como representativo del ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires, percibe menos de $500.000 netos.
El dirigente agregó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra aproximadamente $1.200.000 netos, mientras que un trabajador administrativo no docente de la categoría inicial recibe cerca de $800.000.
En el caso de los estudiantes, cuestionó el monto de la Beca Progresar, que actualmente se encuentra fijado en $35.000 mensuales. Ese monto fue establecido para 2026 por la Secretaría de Educación.
Ante la consulta sobre si esa suma alcanza para sostener los gastos de un estudiante universitario, Cagnacci respondió: “La respuesta es fácil, es no”.
La Ley de Financiamiento Universitario contempla precisamente la actualización de las becas estudiantiles, uno de los puntos cuyo cumplimiento reclaman las universidades.
El reclamo por los hospitales universitarios
En su cuestionamiento a las prioridades presupuestarias, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales.
El dirigente señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios de todo el país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa representó una pérdida de recaudación de $140.000 millones.
También se refirió a la reducción temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre US$1.600 millones y US$1.800 millones en cuatro días.
Según su comparación, esa cifra equivaldría a un presupuesto anual completo de la Universidad de Buenos Aires.
Estas referencias fueron utilizadas por el dirigente para cuestionar las prioridades de asignación de recursos del Estado y defender la aplicación de la normativa de financiamiento universitario.
La movilización del 15 de octubre
El conflicto tendrá un nuevo capítulo en las calles. Rectores y rectoras de universidades nacionales tienen previsto realizar su reunión en Plaza de Mayo a las 14.30, como parte de las acciones para visibilizar el reclamo por la aplicación de la ley. La convocatoria de los rectores se produce luego del fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno cumplir con la normativa.
Desde el sector universitario también está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, con movilización hacia el Congreso Nacional. La convocatoria fue respaldada por distintas instituciones de la UBA y se centra en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios, las becas y los recursos para el sistema universitario.
Cagnacci advirtió además que el proyecto presupuestario del Gobierno contempla una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades, nivel que, según su planteo, sería el más bajo desde 2001.
De esta manera, la apelación presentada por el Ejecutivo abre una nueva instancia judicial mientras las universidades preparan una movilización nacional. El conflicto combina la discusión sobre la aplicación de la Ley 27.795, el financiamiento previsto para 2027, la actualización de los salarios y las becas y el reclamo de rectores y gremios por mayores recursos para las instituciones educativas.
