En medio de una nueva marcha universitaria y de la presión judicial por el incumplimiento de la ley vigente, el Ejecutivo negocia una reducción o continuidad de las contribuciones patronales que pagan las universidades. La propuesta apunta a acercar posiciones sobre el Presupuesto 2027 y avanzar con una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.
El Gobierno nacional busca avanzar en una negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y, al mismo tiempo, reducir la tensión con las casas de estudio. Entre las alternativas que analiza, ofrece mantener o modificar el esquema de contribuciones patronales reducidas que pagan determinadas universidades nacionales. La iniciativa apunta a combinar ese alivio fiscal con una mejora de las partidas previstas en el Presupuesto 2027.
Las contribuciones patronales son los aportes obligatorios que las instituciones educativas, en su condición de empleadoras, deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores, incluidos docentes, no docentes y autoridades. En el Ejecutivo reconocen que este mecanismo forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no definieron qué alícuota propondrán.
Las conversaciones sobre este punto se desarrollan de manera informal con las universidades. Por el momento, no existe un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por lo que tanto el porcentaje que podría aplicarse como el alcance de una eventual modificación continúan en discusión.
El origen del régimen y las alícuotas vigentes
La negociación tiene como antecedente un régimen creado en 2010 para determinadas universidades nacionales que acumulaban deudas previsionales. A través del Decreto 1571/2010 se estableció para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial. Ese porcentaje está compuesto por un 8,67% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y un 1,5% correspondiente al PAMI.
El beneficio no comprende automáticamente a todas las universidades nacionales. Está dirigido específicamente a aquellas que registraban, al 31 de diciembre de 2009, las deudas previsionales contempladas en la normativa y que ingresaron en los respectivos planes de regularización. Para esas instituciones, la tasa del 10,17% se mantiene mientras continúe pendiente la cancelación de la deuda.
El esquema fue modificado en 2023 mediante el Decreto 645/2023, que reemplazó el artículo referido a la finalización del beneficio. Desde entonces, las universidades que terminan de pagar sus obligaciones no pasan directamente a la alícuota general, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia.
De acuerdo con ese cronograma, para las instituciones que cancelen sus deudas, la alícuota correspondiente al SIPA y al PAMI es del 13,65% en 2026 y aumentará al 14,52% en 2027. Posteriormente, pasará al 15,39% en 2028, al 16,26% en 2029 y al 17,13% en 2030. Recién a partir del 1 de enero de 2031 deberán aplicarse las alícuotas generales correspondientes al sector público.
La situación de la UBA y el impacto sobre sus cuentas
La escala de convergencia es uno de los puntos centrales de la negociación. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostienen que el incremento que enfrentan no implica pasar directamente a una carga del 24%, sino avanzar hacia los porcentajes progresivos establecidos por el Decreto 645/2023.
La UBA se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un aumento significativo de las obligaciones patronales sobre su masa salarial.
En el Gobierno consideran que esta situación puede servir como punto de partida para alcanzar un entendimiento más amplio. Desde Nación aseguran que están dispuestos a negociar, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una continuidad o modificación del tratamiento reducido. Sin embargo, todavía no definieron el porcentaje que ofrecerían ni el instrumento normativo que utilizarían para implementar los cambios.
Desde la UBA remarcan que no hay una resolución tomada y que las conversaciones continúan en una instancia informal. Además, advierten sobre el impacto que tendría un aumento de las contribuciones en sus cuentas, debido a que cerca del 90% de sus recursos se destina al pago de salarios y alrededor del 10% a gastos de funcionamiento.
El alcance de una eventual modificación también dependerá de la situación particular de cada institución. Mientras algunas universidades ya finalizaron sus planes de regularización y comenzaron a transitar la escala progresiva, otras todavía conservan la alícuota reducida. Por eso, el régimen no puede aplicarse de manera uniforme a todas las casas de estudio sin considerar las condiciones previstas en la normativa.
El Presupuesto 2027, otra pieza de la negociación
La Casa Rosada busca incorporar la discusión sobre las contribuciones patronales al debate por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo admite que está dispuesto a incrementar los recursos destinados a las universidades respecto de los contemplados en el proyecto enviado al Congreso, aunque descarta elevarlos hasta los aproximadamente $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La estrategia oficial consiste en que el alivio sobre las contribuciones permita reducir parte de la diferencia entre los recursos reclamados por las universidades y los que el Gobierno está dispuesto a asignar, sin cubrirla exclusivamente mediante mayores transferencias presupuestarias.
Desde el Ejecutivo sostienen que un eventual acuerdo debe contemplar de manera conjunta tanto los fondos destinados al funcionamiento de las universidades como el tratamiento de sus obligaciones previsionales ante ARCA.
En ese marco, el Gobierno también busca modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Durante las sesiones extraordinarias de febrero ya había intentado impulsar cambios en la normativa, pero el proyecto no prosperó. Ahora pretende retomar la discusión dentro de la negociación presupuestaria y reemplazar el esquema vigente por otro acordado con sectores universitarios y bloques aliados.
La presión judicial sobre el Gobierno
A las negociaciones presupuestarias y fiscales se suma el frente judicial. Este miércoles, el juez Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas.
La medida provisoria continúa vigente mientras se tramita por separado la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo referido a la aplicación de la ley.
La decisión judicial agrega presión sobre el Ejecutivo, que busca modificar la normativa mientras continúa obligado por la cautelar. En ese escenario, la discusión sobre el financiamiento universitario se desarrolla en paralelo en el Congreso, en las negociaciones con las instituciones educativas y en los tribunales.
El objetivo de la Casa Rosada es avanzar simultáneamente sobre los tres frentes: el Presupuesto 2027, las contribuciones patronales y la disputa judicial. Para ello, busca acordar mayores partidas para el próximo año y un tratamiento favorable de las obligaciones previsionales a cambio de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
Por ahora, siguen pendientes las definiciones centrales: la alícuota que ofrecerá el Gobierno, las universidades que quedarían comprendidas y el mecanismo normativo para instrumentar los cambios. Las conversaciones continúan abiertas, sin un acuerdo definitivo con el sector universitario.
