La Justicia investiga a una presunta asociación ilícita integrada por al menos doce sospechosos, acusados de realizar ataques coordinados entre marzo y mayo. La pesquisa reconstruyó el uso de motos y autos de apoyo, falsas operaciones de cambio y emboscadas a personas que transportaban grandes sumas de dinero.
Los robos cometidos por motochorros suelen caracterizarse por ataques rápidos, en los que uno o dos delincuentes arrebatan pertenencias y escapan. Sin embargo, una investigación judicial en la Ciudad de Buenos Aires apunta a una modalidad diferente: una presunta organización que habría planificado sus movimientos, utilizado vehículos de apoyo y seleccionado a personas que transportaban importantes cantidades de efectivo.
En los últimos días, la Justicia agravó la acusación contra una banda integrada por al menos doce sospechosos, señalados por conformar una asociación ilícita vinculada con siete robos cometidos entre comienzos de marzo y fines de mayo de 2026. Los ataques se registraron en distintos puntos de la Ciudad, entre ellos Saavedra y Villa del Parque.
Según la investigación, los integrantes de la organización tenían como objetivo el dinero en efectivo. Sus maniobras combinaban las denominadas salideras, con víctimas vinculadas a operaciones financieras, y falsas transacciones de cambio de divisas. Para ejecutar los ataques, utilizaban dos motos y varios automóviles de apoyo.
El botín acumulado en los hechos investigados superaría los 122 millones de pesos.
La pesquisa permitió identificar a varios sospechosos a partir del seguimiento de las motocicletas, sus patentes y la documentación de los vehículos. El relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de publicaciones en redes sociales también aportaron elementos para reconstruir los movimientos de los presuntos integrantes.
La semana pasada, el fiscal Andrés Madrea solicitó al Juzgado N.º 32 la detención de otros ocho sospechosos, a quienes atribuye la participación en una asociación ilícita dedicada a este tipo de robos. Una causa anterior, iniciada tras un episodio en el que uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo en una pierna, resultó clave para avanzar sobre el resto de la organización.
Un disparo en la pierna permitió avanzar en la investigación
Los dos primeros hechos atribuidos a la banda fueron investigados por el fiscal José Campagnoli, con procesamientos a cargo del juez Darío Bonanno.
El primer asalto ocurrió el 14 de marzo en Ramallo al 4500, en el barrio porteño de Saavedra. La víctima fue abordada por dos motochorros que lo rodearon con sus vehículos en marcha, mientras otros dos automóviles permanecían en la zona como apoyo.
En medio del ataque, el hombre escuchó la amenaza: “Dame la mochila o te quemo”. Los delincuentes le sustrajeron 32 millones de pesos.
El segundo episodio se produjo el 1.º de abril en Vedia al 2100, en Núñez. En esa oportunidad, dos motochorros y otros dos delincuentes que se movilizaban en un vehículo de apoyo emboscaron a un repartidor de dinero que transportaba un paquete con 17 millones de pesos.
Los asaltantes no habrían advertido que la víctima era un expolicía que llevaba un revólver Taurus Tracker calibre .357. Durante el enfrentamiento, el hombre disparó e hirió en una pierna a Tomás Sobre, uno de los presuntos atacantes.
Sobre tenía antecedentes penales y acumulaba seis condenas. Cinco días después del episodio, terminó procesado por el hecho.
Mientras avanzaba esa causa, los investigadores buscaban determinar quiénes habían participado junto a él en el asalto y cuál era la estructura de apoyo de la organización.
Las motos y los autos de apoyo, claves para identificar a los sospechosos
El análisis de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores llegar hasta Marcelo Z., quien fue identificado a partir de la titularidad de una de las motocicletas utilizadas en los hechos. Actualmente, se encuentra procesado y detenido.
Además, fue señalado como uno de los conductores que habría participado en el asalto al expolicía. El seguimiento de las imágenes permitió reconstruir sus movimientos posteriores al robo hasta un domicilio de la calle Anchorena, en el barrio porteño de Once, cuya dirección figuraba en su ficha del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Marcelo Z. también registraba antecedentes por robos: había recibido tres condenas desde que era menor de edad, por hechos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y en La Matanza. Asimismo, ya había sido procesado en otra causa radicada en el Juzgado N.º 57.
Los investigadores identificaron también a otro sospechoso a partir de su vínculo con uno de los automóviles utilizados como apoyo. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano lo registraron después de uno de los robos.
Según la reconstrucción de la investigación, el hombre dejó el vehículo en un garaje del Abasto y se dirigió a comer a un conocido restaurante peruano. Sin embargo, no lograron localizarlo y la Justicia terminó declarándolo en rebeldía.
El presunto jefe de la organización y una falsa operación de cambio
El segundo sospechoso considerado clave por los investigadores es un hombre de 38 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, que había trabajado en un restaurante de sushi y tenía antecedentes de prisión.
Su identificación permitió profundizar la investigación sobre los cinco hechos restantes. El fiscal Andrés Madrea solicitó su detención junto con la de sus presuntos cómplices y pidió que la causa fuera vinculada con el expediente que tramita ante el juez Bonanno.
En su investigación, el hombre quedó señalado como el presunto jefe de la asociación ilícita. Su novia figura como la segunda persona en la lista de los ocho acusados cuya detención fue solicitada.
Uno de los episodios que se le atribuyen ocurrió el 11 de mayo de 2026, a las 12:40, en Helguera al 1400, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la documentación judicial, la banda le arrebató la mochila a una persona que llevaba 17 millones de pesos.
La maniobra habría comenzado con una convocatoria para realizar una operación de cambio de dinero. La víctima había sido citada por una mujer identificada como “Florencia”, pero, al llegar al lugar, fue rodeada por los asaltantes, que le quitaron la mochila y la arrojaron al suelo.
En ese ataque también se habrían utilizado dos motocicletas y dos automóviles de apoyo, una modalidad que coincide con la descripta en otros episodios investigados.
El papel de los vehículos y las redes sociales
La investigación también vinculó al presunto jefe de la organización con documentación correspondiente a varios de los vehículos utilizados en los ataques. Según la reconstrucción judicial, habría cumplido funciones como conductor de reserva en distintos hechos y también como cobrador.
Otro elemento analizado por los investigadores fueron sus publicaciones en redes sociales. En ellas aparecen imágenes que lo muestran en un penal federal junto a otras personas imputadas, en fotografías de estilo grupal.
Las tareas estuvieron a cargo de las Divisiones de Investigaciones Comunales 3 y 11 de la Policía de la Ciudad, que avanzaron en la identificación de los vehículos y de los presuntos responsables.
Con el análisis de las cámaras, la documentación de las motos y los autos y la información obtenida de las redes sociales, la Justicia busca determinar la participación de cada sospechoso en los siete ataques y establecer cómo funcionaba la presunta asociación ilícita.
