El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete a explicar en 15 días distintos movimientos de su patrimonio. El requerimiento surgió luego de un informe técnico que detectó inconsistencias en la evolución de sus bienes y contiene más de 20 preguntas sobre sus ingresos, gastos, inversiones y operaciones.
El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en la investigación contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y le pidió que justifique la evolución de su patrimonio. El requerimiento establece un plazo de 15 días para que el funcionario explique una serie de movimientos que, hasta el momento, no encuentran una explicación suficiente en relación con sus ingresos lícitos comprobados.
La medida fue elaborada luego del informe técnico realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). A partir del análisis de la documentación reunida en el expediente, la fiscalía detectó inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
El documento contiene más de 20 preguntas específicas y tiene una extensión de 210 páginas. Allí se incluyen consultas relacionadas con las declaraciones juradas patrimoniales, sus rectificaciones, gastos realizados en efectivo en el exterior y distintos desembolsos, entre ellos los vinculados con arreglos en una propiedad ubicada en Indio Cuá.
El estudio patrimonial fue solicitado por Pollicita con el objetivo de reconstruir de manera integral la evolución de los bienes de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
La fiscalía analizó los incrementos patrimoniales, las compras y los desembolsos registrados y los confrontó con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar. Según el requerimiento, algunas de esas operaciones no encuentran hasta el momento una explicación suficiente.
Qué analizó la DAFI
El trabajo técnico incluyó un análisis individual de Adorni y Angeletti y otro consolidado del grupo familiar. Entre los aspectos revisados estuvieron la composición y evolución de los bienes, las disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al final de cada período investigado.
También se identificaron los ingresos y las fuentes de fondos que contaban con respaldo documental. A su vez, se diferenciaron aquellos movimientos que no implicaban una nueva fuente de dinero, como transferencias entre cuentas propias o de integrantes de la familia, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones de terceros.
Otro de los objetivos fue reconstruir las entradas y salidas de fondos para relacionarlas con la adquisición de bienes, los gastos habituales y extraordinarios, los consumos, los pagos realizados en efectivo o moneda extranjera y la cancelación de deudas.
Para evitar duplicaciones en el análisis, también se depuraron operaciones que no representaban nuevas aplicaciones o ingresos de fondos, como las transferencias internas y las conversiones de moneda.
El informe contempló además la comparación entre las distintas declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los involucrados y sus eventuales rectificaciones. En ese proceso se buscaron modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada cambio y su impacto sobre la evolución patrimonial.
El foco sobre las criptomonedas
Uno de los puntos sensibles de la investigación está relacionado con los criptoactivos. La DAFI debía incorporar información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales y diferenciar depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
Esos movimientos fueron contrastados con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.
El análisis de las criptomonedas cobró especial relevancia por los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según trascendió, la elaboración del informe técnico se demoró por la incorporación de nuevos estudios vinculados con este punto.
La fiscalía también puso bajo análisis el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio.
En el caso de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, se buscó determinar la capacidad económica involucrada y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.
La ecuación patrimonial
Como parte del estudio, la DAFI elaboró una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto para Adorni y Angeletti por separado como para el grupo familiar en conjunto.
El objetivo fue comparar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
Ese cruce debía permitir detectar operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y fondos acreditados, que presentaran respaldo incompleto, que hubieran recibido explicaciones diferentes en distintas declaraciones o que no pudieran ser conciliadas.
La causa por enriquecimiento ilícito
La investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito permanece en etapa de instrucción. El requerimiento de justificación patrimonial constituye el siguiente paso después de la incorporación del informe técnico al expediente.
El origen de la causa fue una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó al entonces jefe de Gabinete la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito a partir de gastos que, según planteó, resultarían inicialmente desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público.
Posteriormente hubo dos ampliaciones de esa denuncia, presentadas por Pagano junto con los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
La otra investigación
En paralelo, Adorni enfrenta otro expediente relacionado con el viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado, acompañado por su familia y el periodista Marcelo Grandio.
En esa causa se intenta determinar quién afrontó los costos del traslado y cuál es el vínculo entre Adorni y el empresario. También se analizan los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
Ahora, el fiscal Pollicita espera que Adorni responda las preguntas incluidas en el extenso requerimiento y aporte las explicaciones y documentación necesarias sobre los movimientos patrimoniales observados durante la investigación.
