La Cámara de Apelaciones de San Isidro hizo lugar al pedido de la compañía y consideró que las instancias de conciliación laboral ya se agotaron. El tribunal sostuvo que la continuidad de la ocupación perdió capacidad para destrabar el conflicto
La Justicia de San Isidro ordenó la restitución del predio donde funcionaba la planta de Fate, actualmente ocupado por trabajadores vinculados al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por la empresa.
La decisión se produce en el marco del conflicto iniciado tras el anuncio del cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores, comunicado el pasado 18 de febrero. Desde entonces, las partes no lograron alcanzar un acuerdo y el gremio mantiene su reclamo, mientras endureció su postura frente a la decisión judicial.
El SUTNA había resuelto en febrero ocupar la fábrica ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, al considerar que el cierre dispuesto por la empresa constituía un lockout patronal ilegal. Tras conocerse la resolución, el sindicato calificó la medida como “aberrante” y convocó a reforzar la presencia de trabajadores en el establecimiento.
En ese marco, el gremio anunció que este viernes a las 10 realizará un abrazo y una conferencia de prensa en la puerta de la planta.
La resolución fue adoptada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que dispuso “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. Los jueces consideraron que las instancias de conciliación desarrolladas tanto a nivel nacional como bonaerense ya habían concluido y que no se observaban avances capaces de encauzar la disputa.
El tribunal aclaró, sin embargo, que la restitución del inmueble no supone una resolución sobre el fondo del conflicto laboral. El expediente judicial se había iniciado a partir del pedido de lanzamiento presentado por Fate, que cuestionó la permanencia de los ocupantes dentro del predio.
La empresa sostuvo ante la Justicia que las personas que continúan dentro de la planta son ex trabajadores y planteó además que existe una situación de riesgo, debido a que la ocupación impide garantizar adecuadamente la seguridad del inmueble.
La Cámara ya había intervenido en marzo, cuando revocó una primera orden de restitución. En aquella oportunidad, los magistrados habían entendido que la ocupación estaba vinculada directamente con las negociaciones laborales derivadas del cierre de la compañía y consideraron que debía priorizarse la conciliación, evitando que la Justicia penal interviniera mientras se desarrollaban las instancias administrativas destinadas a resolver el conflicto.
Ahora, el tribunal sostuvo que las circunstancias habían cambiado.
La conciliación obligatoria a nivel nacional comenzó el 18 de febrero y, después de una prórroga de cinco días, alcanzó su plazo máximo el 18 de marzo. En la provincia de Buenos Aires, la instancia comenzó el 18 de marzo y fue extendida hasta el 21 de abril, fecha en la que quedó definitivamente finalizada.
En su resolución, la Cámara tomó en cuenta la situación planteada por la representación de Fate respecto de la evolución del conflicto laboral. Según lo señalado por la empresa, una vez finalizada la conciliación obligatoria, 196 trabajadores que habían optado por no acordar su desvinculación terminaron siendo despedidos, mientras que el resto había finalizado su vínculo laboral por decisión propia.
Como respaldo de esa situación, la compañía presentó una certificación contable que indica que entre febrero y mayo se registraron y concretaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, por lo que, según la documentación incorporada al expediente, la dotación de empleados en relación de dependencia quedó en cero.
Otro de los elementos considerados por los magistrados fue la cantidad de personas imputadas por la ocupación del establecimiento, que asciende a 24.
Para la Cámara, después de más de siete meses desde el inicio de la ocupación, las distintas instancias que podían utilizarse para intentar encauzar la disputa ya fueron agotadas. En ese sentido, el tribunal sostuvo que la permanencia en el predio por parte de un grupo de trabajadores perdió capacidad para funcionar como mecanismo que pudiera impulsar una reapertura de la fábrica.
La resolución también contempló que la ocupación se desarrolló con escasa violencia y bajo el argumento de que los trabajadores actuaban desde la legitimidad que, según su postura, les otorgaba el reclamo laboral. No obstante, los jueces consideraron que la continuidad de la toma ya no tenía la misma función dentro del proceso de negociación.
El fallo, al mismo tiempo, reconoció la complejidad de la situación de los trabajadores que quedaron sin empleo y señaló que una eventual conciliación más amplia continúa siendo un objetivo posible. Sin embargo, indicó que las cuestiones relacionadas con compensaciones, acuerdos e indemnizaciones exceden las competencias de la Justicia penal.
Por esos motivos, la Cámara concluyó que correspondía avanzar con la restitución del inmueble a la empresa.
Los magistrados también remarcaron que el operativo de desalojo deberá contemplar las características particulares del caso y la situación de quienes permanecen en el establecimiento. La restitución, según estableció la resolución, deberá realizarse mediante protocolos y medidas de cuidado que permitan reducir al mínimo posible los riesgos para las personas.
El cierre de Fate y el conflicto laboral
Fate, histórica fabricante argentina de neumáticos perteneciente a la familia Madanes Quintanilla, cuenta con más de 80 años de trayectoria. La empresa atribuyó su decisión de cerrar la planta a un deterioro de las condiciones del mercado y a la pérdida de competitividad.
Entre los factores mencionados por la compañía aparecen el fuerte crecimiento de las importaciones de neumáticos, especialmente provenientes de China, los elevados costos internos y la disminución de la demanda doméstica.
La firma también señaló dificultades para sostener sus exportaciones y mencionó los conflictos gremiales con el sindicato, entre ellos paros y bloqueos que, según su planteo, afectaron el nivel de producción.
El cierre fue el resultado de un proceso de deterioro que se extendió durante varios años. Fate había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2019, cuando contaba con aproximadamente 2.000 trabajadores, y volvió a recurrir a ese mecanismo en 2024.
Durante ese año, la empresa despidió a 97 trabajadores y argumentó que existía una brecha de costos que consideraba imposible de sostener frente a la competencia de los productos extranjeros.
