La iniciativa incluye sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las islas y modificaciones en materia de seguridad e inteligencia. Mientras el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen y lograr su aprobación, Provincias Unidas prepara un texto propio y Unión por la Patria cuestiona que el proyecto se vote de manera integral.
El oficialismo en la Cámara de Diputados busca avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y, al mismo tiempo, reunir los consensos necesarios para conseguir su aprobación cuando la iniciativa llegue al recinto. En ese marco, el Poder Ejecutivo aceptó introducir modificaciones en algunos puntos del texto, principalmente en el capítulo que propone cambios a la Ley de Seguridad Interior.
Durante la reunión de la semana pasada, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dejó en claro que el Gobierno no aceptará dividir el tratamiento de la propuesta, tal como había solicitado el peronismo. De esta manera, los diputados deberán definir si acompañan o rechazan el proyecto en su conjunto.
No obstante, el oficialismo manifestó su disposición a incorporar sugerencias vinculadas con los mecanismos de control parlamentario sobre las medidas de seguridad e inteligencia. En ese sentido, Ibarzabal Murphy planteó la necesidad de coordinar la actuación de los tres poderes del Estado en cuestiones de seguridad nacional y señaló que se analiza la posibilidad de crear una comisión bicameral para realizar un seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional.
El tratamiento legislativo continuará en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. La nueva convocatoria será la cuarta reunión dedicada al análisis de la iniciativa.
Las diferencias entre el oficialismo y la oposición
La Libertad Avanza buscará impulsar el dictamen con un mensaje centrado en la defensa de los recursos naturales y la soberanía argentina sobre las islas. A través de sus redes sociales, distintos diputados oficialistas, encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, difundieron la consigna: “Hechos, no palabras: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va a proteger nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana cuestionó el enfoque del Gobierno y afirmó que los especialistas que participaron de las reuniones informativas advirtieron sobre un supuesto uso político de la causa Malvinas.
“En la reunión informativa sobre el proyecto de defensa de la soberanía, los especialistas coincidieron en que el Gobierno usa Malvinas como el caballo de Troya”, sostuvo Taiana. Además, vinculó la creación del Consejo de Seguridad Nacional con la política exterior de Javier Milei y con los pedidos asociados al denominado “Escudo de las Américas”, en referencia a la relación con el presidente estadounidense Donald Trump.
La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a esas objeciones y rechazó que la oposición se atribuya la defensa de la causa Malvinas. “La defensa de la soberanía en las Malvinas es de todos los argentinos”, afirmó. También sostuvo que la iniciativa representa un avance para la recuperación pacífica de los derechos argentinos sobre las islas y defendió la ampliación de las herramientas legales previstas en el proyecto.
Otra posición crítica surgió desde Provincias Unidas, el interbloque de 18 integrantes encabezado por la santafesina Gisela Scaglia. El espacio anticipó que no tendrá una postura unificada y que presentará un dictamen propio en minoría, con objeciones a diferentes aspectos de la propuesta.
Entre los puntos cuestionados figura el apartado que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública. El texto también propone restricciones al financiamiento y al asesoramiento de origen extranjero en las campañas políticas.
Las diferencias entre los bloques no se limitan, por lo tanto, al régimen de sanciones relacionado con la explotación de recursos en las islas. También abarcan el alcance de las nuevas atribuciones en materia de seguridad e inteligencia, los mecanismos de control institucional y las consecuencias que podría tener la aplicación de esas disposiciones. <Cite refs={[«turn735791search0″,»turn735791search2″,»turn735791search3»]}/>
Los cruces durante los plenarios de comisión
El debate en las tres comisiones de Diputados estuvo atravesado por discusiones y enfrentamientos entre legisladores del oficialismo y la oposición. Las tensiones se hicieron visibles desde las primeras reuniones informativas y volvieron a aparecer durante el tratamiento de la iniciativa.
Uno de los episodios más conflictivos fue el enfrentamiento entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y los legisladores oficialistas Gerardo Huesen y Jairo Guzmán. El intercambio incluyó cruces cara a cara y momentos en los que la discusión estuvo cerca de derivar en una pelea física.
También se registraron insultos de Grabois hacia la diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. El legislador la llamó “tontita”, en un episodio que llevó al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, a dar por terminado abruptamente el primer plenario dedicado al proyecto.
A esos enfrentamientos se sumaron discusiones entre el diputado libertario Federico Pelli, exintegrante de las Fuerzas Armadas, y el peronista Agustín Rossi, quien ocupó el cargo de ministro de Defensa.
Durante uno de esos intercambios, Pelli cuestionó la política del kirchnerismo en relación con la causa Malvinas. “Durante 16 años, el kirchnerismo utilizó la causa Malvinas como bandera política, mientras deterioraba las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Basta de usar una causa sagrada para hacer populismo”, afirmó.
Los cruces expusieron las diferencias políticas que atraviesan el tratamiento de la iniciativa y sumaron tensión a una discusión que combina el reclamo histórico de soberanía con cambios en la legislación de seguridad y defensa. <Cite refs={[«turn735791search9″,»turn735791search2»]}/>
Qué establece el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
La iniciativa contempla un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Además, propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
El texto incluye penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para determinadas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina. También prevé consecuencias económicas para las personas y empresas alcanzadas por las sanciones.
Entre las restricciones contempladas, quienes resulten sancionados podrían quedar impedidos de desarrollar determinadas actividades económicas en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales. El alcance de las penalidades y sus efectos forman parte de los aspectos centrales de la discusión parlamentaria.
La propuesta reafirma que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional. También establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según los fundamentos presentados por el Poder Ejecutivo, el proyecto se apoya en tres objetivos: sancionar la explotación ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
La iniciativa, además, incorpora cambios vinculados con la organización de la seguridad nacional y la coordinación entre distintas áreas del Estado. Es precisamente ese capítulo el que concentra parte de las objeciones opositoras, que cuestionan el alcance de las atribuciones propuestas y reclaman mayores controles institucionales. <Cite refs={[«turn735791search4″,»turn735791search7″,»turn735791search11»]}/>
El encuentro del peronismo con veteranos de Malvinas
En paralelo con el debate legislativo, el peronismo realizó la semana pasada un encuentro en la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, con la participación de cerca de un centenar de exsoldados que combatieron en Malvinas durante la guerra de 1982.
La reunión fue convocada por el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, exconscripto y titular de esa comisión. Los veteranos presentes pertenecen a distintas organizaciones agrupadas en MECOMA, la Mesa de Coincidencia Malvinas.
Durante el encuentro, Leiva destacó la participación de quienes estuvieron en el conflicto bélico y reivindicó su intervención en las decisiones vinculadas con la soberanía nacional.
“Quienes defendimos la Patria en 1982 tenemos el derecho y la responsabilidad de seguir participando en las decisiones que comprometen nuestra soberanía”, sostuvo el legislador.
También asistieron los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato, Hilda Aguirre, Claudia Palladino, Florencia Carignano, Ana María Ianni, Germán Martínez y Paula Penacca. A ellos se sumó Juan Carlos Giordano, representante del Frente de Izquierda.
Entre los participantes estuvo Edgardo Esteban, escritor, periodista y veterano de Malvinas, quien planteó la importancia de sostener el reclamo argentino a lo largo del tiempo.
“Hoy más que nunca tenemos que trabajar en la construcción de soberanía, tenemos que entender que Malvinas es el futuro”, expresó. También afirmó que, más allá de los años que transcurran, el objetivo de los excombatientes sigue siendo ver la bandera argentina flamear en las islas.
El encuentro funcionó como una expresión del lugar que ocupa la causa Malvinas dentro de distintos sectores políticos y de veteranos, mientras el Congreso debate una propuesta que busca combinar el reclamo de soberanía con nuevas disposiciones sobre explotación de recursos, seguridad e inteligencia.
Con el oficialismo dispuesto a introducir cambios puntuales, pero sin aceptar que el proyecto se vote por separado, las próximas reuniones de comisión serán determinantes para conocer el alcance de los acuerdos y las diferencias que persistirán antes de una eventual votación en el recinto.
