Con un ajuste del 3,38% y un bono congelado, el Gobierno intenta calmar las aguas mientras los jubilados bonaerenses vuelven a perder contra las góndolas.
La Anses confirmó que la mínima apenas rozará los $393.250 en mayo, una cifra que, sumada al refuerzo de $70.000, deja a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. Mientras los precios en la provincia de Buenos Aires no dan tregua, el índice de inflación de marzo se usa como excusa para otorgar un incremento que no llega a cubrir ni una canasta básica real.
Lo que más indigna en los barrios es el manoseo del cronograma. Por los feriados y el Día del Trabajador, el calendario de pagos se corre, obligando a los beneficiarios a estirar los últimos pesos de abril hasta casi mediados de mayo. La gestión administrativa parece ignorar que el hambre no conoce de feriados ni de feriados puente.
El famoso bono de $70.000, que en su momento fue un alivio, hoy se licúa frente al aumento de los servicios y medicamentos. Aquellos que perciben un peso por encima de la mínima verán cómo ese refuerzo se achica de forma proporcional, castigando a quienes aportaron durante toda su vida para tener un haber apenas más digno.
La brecha entre el costo de vida en el Conurbano y lo que deposita la Anses es cada vez más profunda. Con una AUH que apenas supera los $141.000 y pensiones no contributivas que no llegan a los $350.000 con bono incluido, la realidad social en la provincia se vuelve una olla a presión que nadie parece querer destapar.
¿Hasta cuándo se va a sostener un sistema que ajusta por el eslabón más débil mientras la política sigue discutiendo tecnicismos de movilidad?
