Después de agonizar más de un mes con el cuerpo destrozado, Lucía Karg no aguantó más y su muerte reaviva el debate sobre quién controla los comercios donde la gente deja la vida trabajando.
La joven de 29 años murió en el Sanatorio Güemes tras haber sido víctima de una explosión de gas mientras trabajaba en la cocina de un restobar en Villaguay. El estallido de dos tubos de 45 kilos no solo terminó con su vida tras 35 días de terapia intensiva, sino que dejó a otros dos compañeros peleando por su salud en un escenario que huele a negligencia pura.
Lo que muchos se preguntan en las calles y en las redes es cómo puede ser que en pleno 2026 sigan ocurriendo «accidentes» por acumulación de gas en locales habilitados. Lucía tenía el 80% del cuerpo quemado; una cifra que ilustra el infierno que vivió una empleada que simplemente fue a cumplir su turno y terminó en una tragedia evitable.
Mientras la justicia de Entre Ríos sigue con pericias que no devuelven vidas, el dolor de la familia se transforma en un reclamo silencioso que golpea a todo el país. Su pareja y su hermana la despidieron como a una guerrera, pero la sociedad empieza a cansarse de que el coraje de los trabajadores sea la única respuesta ante la falta de seguridad en el sector gastronómico.
El foco ahora se pone sobre los responsables del local «El Patio» y los inspectores que debían garantizar que esos tubos de gas no fueran una bomba de tiempo. Hay otros dos heridos, Martín Kloster y Nicolás Conci, que siguen internados con secuelas graves en las vías respiratorias y quemaduras que marcan para siempre.
¿Cuántas muertes más hacen falta para que los controles de seguridad dejen de ser un trámite de oficina y se conviertan en una realidad que proteja a los que laburan?
